Familia Morató emprendió una batalla legal contra UTE

La familia Morató decidió adoptar una estrategia legal progresiva. Primeramente, los abogados que representan a la familia notificarán a UTE sobre la intención de proceder a una conciliación, marcando el comienzo de un proceso judicial de reparación.

Paralelamente, se presentarán denuncias contra los directivos de UTE que comparecieron ante la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. La familia alega que sus declaraciones contenían información "falsa", dado que afirmaron que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no había detectado anomalías en la obra en enero último. Contrariamente, documentos presentados por UTE ante la Justicia revelan que sí hubo irregularidades documentadas.

La actuación de UTE también está bajo un escrutinio legal por parte del Juez de lo Contencioso Administrativo de Segundo Turno, ya que la entidad no entregó a la Justicia la totalidad de la información requerida respecto a la obra en el terreno del Castillo Morató.

El proceso judicial puso al descubierto un cúmulo de irregularidades y violaciones graves. Tras una lucha prolongada, UTE finalmente entregó información concerniente al contrato con la empresa china CMEC, responsable de la construcción de la línea de alta tensión.

Esta documentación expuso, según los abogados de la familia Morató, una serie de irregularidades y violaciones serias. La erigida instalación de 23 torres de alta tensión en el terreno de la estancia ha dejado un gran impacto. Además de causar daños al patrimonio arqueológico del sitio, las torres han contravenido regulaciones tanto nacionales como internacionales.

Esta ofensiva legal se originó con una solicitud de información pública realizada en virtud de la Ley N° 18.381. Sin embargo, dado el rechazo de UTE a dicha solicitud, la familia Morató recurrió al sistema judicial, que finalmente determinó que la información debía ser divulgada.

Las lagunas en la supervisión del patrimonio durante la obra son evidentes en los hallazgos documentales. La responsabilidad de supervisar los efectos de la obra en el patrimonio histórico fue delegada a un arqueólogo contratado por la compañía china CMEC. Este experto en arqueología advirtió sobre los daños visuales y estructurales al Castillo Morató debido a la obra. Sin embargo, según la respuesta de UTE, los informes concluyentes emitidos por este arqueólogo fueron ignorados tanto por UTE como por la Comisión del Patrimonio.

La documentación revela que durante una inspección laboral efectuada en enero, a petición de los abogados de la familia Morató, se detectaron incumplimientos graves. Estos incluyeron el uso de escaleras inadecuadas, carencia de elementos de seguridad básicos como cascos, y la manipulación incorrecta de sustancias químicas peligrosas en envases inapropiados.