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Sociedad Hotel Aramaya | denuncia |

Incendio en el Hotel Aramaya

Intersocial feminista denunció "abandono del Estado"

El colectivo feminista manifestó "consternación" por la víctima fatal del incendio en el Hotel Aramaya: "El Estado no puede depositar a las personas en cualquier lugar".

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La Intersocial Feminista emitió este jueves un comunicado en el que manifiesta su "consternación" por el incendio en el Hotel Aramaya -en el que falleció una joven de 35 años- lugar que el Ministerio de Desarrollo alquilaba para alojar personas en situación de calle.

"Una vez, más recae sobre el cuerpo de las mujeres y las infancias el abandono del Estado", señala el colectivo haciendo referencia también a los menores que, tras el siniestro, fueron internados en estado de gravedad.

La Intersocial Feminista señala que ante el crecimiento de la pobreza infantil, “las principales figuras del gobierno dan respuestas inadmisibles, donde explícitamente dicen no tenemos una explicación o situación de extrema precariedad en la que vivían las familias que se supone estaban a resguardo en un lugar de acogida del Estado”.

En tal sentido, sobre las personas en situación de calle, señalan que el Estado “no puede depositarlas en cualquier lugar y dejarlas allí sin importar qué pasa con sus vidas, las condiciones en que se alojan, la falta de salidas a la situación de calle por la gran ausencia de políticas sociales que debería ser temporal y breve”. En el caso de la mujer fallecida y sustres hijos, vivían en el hotel desde hace cuatro años.

Por otro lado, el comunicado señala que las personas que residen en el Hotel Aramaya habían denunciado la precariedad de las instalaciones eléctricas, la falta de mantenimiento del lugar, entre otras problemáticas como la falta funcionamiento de los ascensores en un edificio de 6 pisos.

El colectivo denuncia que el Estado "deja a las infancias más vulnerables crecer en cuartos de hotel sin espacios para el esparcimiento, sin lugares comunes donde compartir comidas y juegos, sin ventana al futuro".

Además, insistieron en que el Estado condena a estas personas a "una vida de precariedad" y que "esa precariedad, dejó una mujer de 31 años muerta, y a sus hijos en peligrosa situación sanitaria". "La responsabilidad es del Estado y de quienes lo gobiernan”, añadieron.

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