Ante la emergencia hídrica diversas organizaciones sociales reclamaron un plan de contingencia urgente “para asegurar el suministro de agua potable a hospitales, escuelas, CAIF y residenciales”, cancelación del proyecto Arazatí y apertura de los los embalses privados no autorizados sobre el río Santa Lucía, entre otras medidas para mitigar las consecuencias.
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Entre las agrupaciones firmantes se encuentran Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía, Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, Uruguay (Ciedur), Comisión de vecinas/os en defensa de Laguna del Cisne y Solís Chico, Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV), Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) y REDES - Amigos de la Tierra.
Recuerdan que la reforma constitucional de 2004 “reconoce que el agua es un derecho humano fundamental y exige ámbitos con participación social real”.
“Después de años de hacer propuestas y alertar sobre la falta de medidas para cuidar el agua del Río Santa Lucía y otros cursos de agua del país, sin ser consideradas por los distintos gobiernos, se llegó a una situación de EMERGENCIA HÍDRICA sin precedentes”, señalan las organizaciones firmantes.
Precisan que todos los gobiernos “son responsables de la situación actual” porque “no actuaron para cuidar el río y mantener la infraestructura de OSE en condiciones mínimas de funcionamiento”.
“La situación requiere medidas urgentes, contundentes y efectivas, sin dar lugar a la improvisación y especulación”, sostienen.
Y señalan que con la emergencia “pierde el pueblo que pone en riesgo su salud”, al tiempo que “tiene que comprar agua a las empresas embotelladoras, que son las beneficiadas de la situación actual”.
Es por esta razón que reclaman nueve medidas urgentes, a saber:
- Convocatoria urgente de ámbitos para abordar la emergencia con participación social real donde se consideren las propuestas de la Universidad de la República y las organizaciones sociales.
- Plan de contingencia urgente para asegurar el suministro de agua potable a hospitales, escuelas, CAIF y residenciales. Factura con costo cero mientras el agua no sea potable.
- Restricciones al consumo de agua a los grandes consumidores de agua no residenciales (industria, comercio y servicios) que no brinden servicio de primera necesidad para la población a los efectos de garantizar el acceso al agua potable en forma inmediata. Que ante incumplimientos a las restricciones se apliquen sanciones de clausura por los días que sean necesarios. Seguro de paro especial para los trabajadores afectados por la medida.
- Inversión estatal (sin participación privada) para arreglar las cañerías en forma inmediata de todo el país, comenzando por los lugares que tienen mayor riesgo de falta de agua.
- Ingreso de trabajadores/as presupuestados a OSE para cubrir las vacantes que se han generado en los últimos 5 años, para que el organismo cuente con personal calificado propio, y eliminar las privatizaciones.
- Cancelación del proyecto Neptuno.
- Cancelación de la presa provisoria e improvisada aguas abajo de Aguas Corrientes.
- Apertura de todos los embalses privados no autorizados y estudio de apertura de los que tienen autorización, sobre el río Santa Lucía y todos sus afluentes.
- Prohibición de plantaciones o replantaciones de soja y forestación (especies exóticas) para madera en toda la cuenca del Río Santa Lucía.