El policía Marcelo Fránquez, que integraba la custodia presidencial encabezada por Alejandro Astesiano, fue quien le compartió contactos de docentes y estudiantes del liceo 41 del Cerrito de la Victoria y le pidió que espiara sus teléfonos, según informó la diaria hace unas semanas.
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Cuando se supo la noticia, Fránquez fue destituido del cuerpo de seguridad especial del presidente Luis Lacalle Pou y volvió a su puesto en la Zona 1 de Policía.
La comunidad educativa y familiar del liceo exige respuestas. Se enteraron del espionaje por la prensa y ninguna autoridad educativa se ha comunicado para informarles el estado de situación. Varios gremios, colectivos y el Pit-Cnt están pidiendo una investigación seria.
Juan Gabito, consejero del Codicen, dijo a Subrayado que "la investigación determinó que el hecho no surgió en relación a la guardia ni a la seguridad del liceo, y que se originó 'en la actitud de un padre que estaba descontento por lo que ocurría en el grupo de WhatsApp de su hijo'". También aseguró que van a esperar el pronunciamiento de la Justicia. La fiscal Gabriela Fossati dijo que de los audios "no surgen hechos de apariencia delictiva".
María Franco y Johanna Fuiguini son una abuela y una madre, respectivamente, de estudiantes del liceo 41. El viernes 17 de febrero visitaron el estudio de Legítima defensa para contar cómo están viviendo esta situación, qué respuestas buscan y de qué manera se están vinculando con las autoridades educativas.
¿Cómo tomaron la noticia de que Fránquez había solicitado que espiaran a estudiantes?
Con gran sorpresa, el impacto fue importante. Lo escuchamos en un informativo, fue un domingo. Inmediatamente me comuniqué [María] con algunas madres que tenía los teléfonos, otras siguieron juntándose, una cuestión de boca a boca, de "¿qué está pasando acá? ¿Por qué un grupo de chiquilines?". El audio especificaba que eran estudiantes de tercer año del turno matutino del Liceo 41, hay varios terceros en el matutino, no sabíamos de qué estudiantes hablaban, para nosotros todos los terceros matutinos estaban en sospecha. Que chiquilines de 15 años estén ahí en Fiscalía en el proceso del caso Astesiano fue tremendamente impactante.
¿Tuvieron reuniones con las autoridades?
Nos propusimos juntarnos para ver por dónde iniciar todo esto y empezar a asimilarlo entre nosotras. Terminamos resolviendo hacer una nota para llevarla en manos propias a la directora del liceo y elevarla a las autoridades de Secundaria. Algunas autoridades de Secundaria manifestaron a la prensa que no recibieron denuncias ni quejas de familias del Liceo 41. Nos enteramos el domingo, lleva un proceso todo esto, somos familias que de pronto en una casa hay una computadora para hacer una nota escrita, pero no hay impresora, hay que moverse e ir a un ciber, se requieren un montón de cosas, por eso llegamos el jueves.
¿Obtuvieron respuesta?
Solo recibimos notificación de la directora del liceo de que había sido elevada la nota, de las autoridades de Secundaria estamos esperando que nos respondan. Sí tuvimos inmediatamente apoyo de los docentes, además dos profesoras y la adscripta que también es docente estaban siendo también observadas o escuchadas. Se les acusa como a los estudiantes en el audio, se les cataloga de descerebrados por vivir en los cantes, que estos liceos son propensos para que "estas feministas comunistas le metan a los chiquilines cosas en la cabeza".
¿Cómo afectó la noticia a las chiquilinas y los chiquilines?
En el primer momento fue impactante para todos, algunos chiquilines no querían salir de la casa, no sabían lo que pasaba, mucho nervio. Lo que hicimos fue decirles que nosotras vamos a defender sus derechos. Entendemos que han sido violentados en sus derechos, estamos viviendo en un Estado de derecho y esto falta rotundamente, han sido vulnerados sus derechos, violada su privacidad. No sabemos dónde están hoy esos teléfonos, no sabemos cuáles son.
¿Qué sintieron al escuchar a la fiscal Fossati hablar del caso?
Nos preguntamos qué se entiende por apariencia delictiva. La señora fiscal minimiza el tema diciendo que no se había llevado a cabo la escucha, entonces no había delito. Que se hayan vulnerado derechos de las personas es un delito, y estamos hablando de menores de edad, adolescentes, chiquilines de 15 años. Yo me pregunto: ¿ese no es un delito? Estamos esperando que nos respondan todas las interrogantes: quién pidió los teléfonos, cómo llegaron al señor que habla con Astesiano, que le dice “tengo un amigo que tiene un hijo en el 41 y te los consigo”, ese señor, ¿cómo los consiguió?
¿Se ha reunido la comunidad educativa, familiar y del barrio?
El jueves nos reunimos con los docentes, se hicieron presentes los delegados de los gremios de docentes, estaba presente también la directora, docentes afiliados y no afiliados, estaba la comunidad reunida, nos invitaron a participar y manifestamos todo esto. ¿Por dónde seguir? Veremos. Los profesores están preocupados y conteniendo. Vamos a seguir mientras las autoridades no nos respondan, nosotras no tenemos los medios como para hacer un juicio, nuestra defensa va a ser hacerlo público. Hay muchos colectivos en el barrio que han manifestado su solidaridad con cartelería, pero queremos llegar a todos los vecinos de Cerrito. Y aquellos padres que tienen miedo y nos cerraron la puerta, que sepan que también vamos a pelear por ellos.