Si bien adjudica la responsabilidad a los gobiernos que llevaron adelante los contratos en el 2010, señaló que "durante 2022 se intentó por parte de UTE renegociar los contratos PPA, se ofreció una ampliación del plazo originalmente acordado a cambio de una reducción del precio contractualmente acordado. Sin embargo, UTE rechazó las ofertas presentadas por las dieciséis empresas de energía, ya que el objetivo era obtener contratos más ventajosos para la compra de esta energía".
Futuro negativo
Haciendo una valoración de perspectivas, Peés se manifiesta con pesimismo: “Mi evaluación crítica responde a la defensa de la empresa pública, cuyo directorio nos han honrado en integrar, así como de las 1.600.000 familias y empresas que, estando lejos de los órganos decisores de gobierno, terminan pagando los costos de las decisiones adoptadas, superando muchas veces nuestra oposición fundada. Estamos defendiendo una empresa pública que, aún en competencia imperfecta y desleal con intereses privados, continúa apoyando a los sectores económicos y sociales”, señaló.