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La Suprema Corte de Justicia emitió un comunicado en la tarde de este lunes, en el que se informa la decisión del órgano de dejar sin efecto “la entrada en vigencia de la Acordada nº 8119 de reorganización de comunidades geográficas (…) que tenía la finalidad de optimizar “los recursos humanos, materiales y presupuestales existentes””.
Según consta en la publicación, la marcha atrás está fundada en la existencia de “posturas publicitadas por diferentes actores institucionales” y en el interés del órgano en “abrir un ámbito de negociación con el Poder Legislativo y con el Poder Ejecutivo a fin de obtener los recursos indispensables para un adecuado funcionamiento de las distintas sedes judiciales”.
La decisión del órgano llega después que diversos actores manifestaran preocupación y rechazo por el cierre de 20 juzgados de Paz en doce departamentos. Entre quienes se manifestaron contrarios a la supresión figuran legisladores, el sindicato de la SCJ y el Colegio de Abogados del Uruguay.
La medida, fundada en motivos presupuestales, afectaba a sede judiciales en Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Florida, Lavalleja, Maldonado, Rivera, Rocha, San José, Soriano y Treinta y Tres.
