Talvi quiere eliminar 50.000 funcionarios públicos

Mario Benedetti decía que “Uruguay es la única oficina del mundo que ha alcanzado la categoría de república”. En El país de la cola de paja, 1960, Benedetti concluía: “Uruguay es un país de oficinistas. No importa que haya también algunos mozos de café, algunos peones de estancia, algunos changadores del puerto, algunos tímidos contrabandistas. Lo que verdaderamente importa es el estilo mental del uruguayo, y ese estilo es de oficinistas. Todo el país piensa en términos de oficina.”

Exceso

En los últimos días, el candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, ha insistido en que hay un exceso de 100.000 funcionarios públicos y plantea reducir la plantilla en 50.000. Además reiteró que “durante la gestión del Frente Amplio ingresaron al Estado 70.000 nuevos funcionarios públicos” que “le cuestan al país 1.700 millones de dólares por año”.

También insistió en que el Estado “no tiene los recursos” para financiar esa cantidad de funcionarios y que ahora se hace endeudando al país. “Esto compromete la solvencia financiera del Estado y compromete el buen crédito del país”, dijo.

Talvi señaló que “cualquier medición internacional indica que Uruguay tiene un exceso enorme de funcionarios públicos”.

La realidad

La población de Uruguay es de 3.449.299 personas. La población económicamente activa (PEA), en nuestro país, se define como la población en edad de trabajar, todas las personas con 14 años de edad o más. La PEA en Uruguay es el 51% del total de la población, lo que significa 1.759.142 personas. En tanto los vínculos laborales con el Estado son de 312.565 contratos en el Estado. Esto no quiere decir que haya esa cantidad de funcionarios públicos, sino de contratos con el Estado. Por ejemplo, un profesor puede ser a su vez empleado en otro organismo del Estado.

En realidad, los 313.000 vínculos laborales de hoy con el Estado corresponden a unas 292.500 personas, pues algunos tienen más de un contrato (16,6% de la PEA).

En 1985, los funcionarios públicos alcanzaban el 23,9% de la PEA. Desde entonces, hasta el año 2006, se redujeron 27.000 cargos públicos.

“En comparación con Nueva Zelanda y Chile, tenemos un exceso que podemos estimar en alrededor de 100.000”, aseguró el candidato presidencial colorado.

Chile

En agosto del año pasado, Erik Haindl Rondanelli, decano de la Facultad de Negocios, Ingeniería y Artes Digitales UGM, de Chile, se quejaba de la cifra de empleados públicos que hay en el país trasandino. “¡Un millón de empleos públicos!”, se titulaba su nota. “Las últimas cifras del INE confirman que hemos alcanzado un triste récord este año”, agregaba.

Haindl señalaba que el actual número de personas asalariadas, en Chile, es alrededor de 5,8 millones. Esto indica que más de uno de cada seis asalariados es un funcionario público. Esto significa un 17%, lo cual es superior a los 16,6% de Uruguay.

El decano se quejaba porque “el número de funcionarios públicos ha venido creciendo en forma explosiva en tiempos recientes. En los últimos doce meses aumentaron en un 11,1%; y en los últimos cinco años en un 26,3%”.

Además sostenía que “los trámites no son más cortos, las colas en los hospitales se empeoraron, y la calidad de la educación no mejoró en ningún aspecto”.

El pacto del chinchulín

El “pacto del chinchulín” del año 1931, según lo llamó Luis Alberto de Herrera, haciendo referencia a las achuras (las sobras) que los comensales se repartían en el ruedo de un asado, fue un acuerdo entre el Partido Colorado y los blancos independientes, que eran opuestos, a Herrera para el reparto de cargos públicos. Era una clara repartija con el único objetivo de generar clientelismo. Esa fue la base para que los partidos fundacionales utilizaran el Estado para el clientelismo político, colocando nuevos funcionarios por aquí y por allá como compensación por los votos. Así creció el Estado uruguayo hasta mediados de los años 80.

Las consecuencias del acuerdo quedan en evidencia en octubre de 1931 cuando se aprueba una serie de medidas muy importantes: el monopolio de teléfonos, creándose la Usinas y Teléfonos del Estado (UTE), y la aprobación el 15 de octubre la Ley de Creación de Ancap. Es la ley más importante del segundo impulso del reformismo batllista; alcanzó dos monopolios, el del alcohol y el del carburante, así como la importación y refinación de petróleo crudo. La creación de Ancap fue vista por los conservadores como una declaración de guerra; el 14 de octubre hubo un paro patronal mientras el parlamento discutía el proyecto. Mientras el Ing. Fabini se negaba a recibir a la delegación de la patronal, el presidente Terra era ovacionado al arengar a manifestantes frente a la Casa de Gobierno argumentando la necesidad de modificar la Constitución. De aquí al golpe, poco tiempo, y se conformaba lo que Herrera denominaría “la sagrada comunión de marzo”.

En los hechos, los herreristas se quedaron con absolutamente todo, ya que Herrera y Terra fueron los autores intelectuales y ejecutivos del golpe de Estado del año 1933 y ambos se repartieron la totalidad del gobierno.

De allí en más, los funcionarios públicos cada vez que había una nueva realidad política eran removidos de sus puestos y asumían con la tarjeta y la recomendación del partido que había ganado la nueva proporción de votos. De este descalabro clientelístico, que se convirtió en una política de Estado, nació la inamovilidad de los funcionarios públicos, norma que fue incluida en la Constitución para evitar que el cambio de gobierno implicara un cambio arbitrario de los funcionarios.

En 1900, Uruguay contaba con 14.500 funcionarios públicos. En 1931 crecieron a 43.220. En 1941 llegaron a 57.200. En 1955 treparon a 166.000. A la salida de la dictadura, en 1985, ascendieron a 420.435. Parece que algunos candidatos desconocen esta evolución posterior al “pacto del chinchulín”. Actualmente hay 292.500 funcionarios públicos. Por tanto, desde la restauración de la democracia, los funcionarios públicos disminuyeron 30%.

Nueva Zelanda

En Nueva Zelanda, en cuatro años pasaron de 88.000 funcionarios que había en 1994 a 32.000 (lo que representa -63,3%) (Hunn, Donald Dirección y Gerencia Pública, Gestión para el cambio diciembre de 1998, Santiago de Chile, Dolmen Ediciones)

La diferencia con Nueva Zelanda es que en 1994, ese país contaba con 88.000 funcionarios y cuatro años después llegaron a 32.000 (-63.3%).

La población de Nueva Zelanda es de aproximadamente 4,4 millones de habitantes. En tanto la PEA es de 51,7% del total, es decir, 2.274.800 personas.

Parte de esta reducción que se produjo en Nueva Zelanda se dio no solo por la necesidad de reducir costos, sino también a raíz que toda una generación de servidores públicos -de edades que fluctuaban entre 45 y 60 años- se jubiló. En efecto, el perfil de sus funcionarios ha cambiado drásticamente. Antes era normal llegar a los 60 años en el servicio público. Eso desapareció, ahora los trabajadores y los gerentes son más jóvenes, “se vive en un mundo nuevo que tal vez no sea del gusto de todos, pero si queremos triunfar en él, debemos aceptarlo y asumir las nuevas formas de mirar y hacer las cosas” (Hunn, Donald, ibídem).

Lo que no dijo Talvi es qué vamos a hacer con esos 50.000 funcionarios excedentarios. Puede suponerse que serán jubilados y entonces seguirán dependiendo del Estado, aunque probablemente con menores ingresos.

Donald Hunn, exdirector de la Comisión de Servicios Estatales del gobierno laborista de Nueva Zelanda, también expresa con respecto a la velocidad del cambio: “Yo antes era un gradualista, por lo que mi primera reacción ante los cambios realizados en mi país en los años 1994-1995 fue pensar que era una locura, que el gobierno no podía esperar que los sectores públicos cambiaran con tal rapidez dada la magnitud y extensión de las reformas que proponía. Pero yo estaba equivocado; después de un año hicimos una encuesta y, para mi sorpresa, los funcionarios opinaron que debía acelerarse más el proceso. Existe una poderosa razón para no dilatar los cambios más allá de lo indispensable: estos generan incertidumbre y es necesario entregar certidumbre lo más pronto posible. Además, todo cambio debe enfrentar resistencias, debe vencer la inercia y la oposición con la que siempre se enfrenta; esto constituye otra poderosa razón para acelerar el proceso, especialmente en la primera etapa, en el momento de crear nuevas estructuras”.

En Nueva Zelanda, según el citado autor, “tratamos de atenuar todo lo posible las medidas de reducción del personal mediante jubilaciones anticipadas, pagos extraordinarios -de hasta un año de sueldo-, cursos de capacitación, consejerías, ayuda para encontrar otros trabajos y otra iniciativas. Estas medidas son caras, nos costaron un billón y medio de dólares, suma muy alta para nosotros; pero el gobierno consideró este desembolso como una inversión, tanto para el futuro del país como para preservar un buen ambiente dentro de la organización, pues como también los funcionarios que se quedan se sienten mal, se producen sentimientos de culpa al pensar por qué le tocó perder el trabajo a tal o cual compañero, un buen funcionario que llevaba tantos años trabajando en la organización”.

Lo que dice Scavarelli

El director de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), Alberto Scavarelli, recalcó que “venimos bajando muy fuerte” la cantidad de funcionarios públicos y lo ejemplificó contrastando ese 16,8% con el promedio de “la OCDE”, que es “18,1%”.

Además, añadió, “muchos países, a las Fuerzas Armadas no las incluyen” en sus mediciones de personal del Estado, como tampoco lo hacen con el personal de “la salud”.

“Es un gravísimo error pensar que reduciendo la cantidad de funcionarios públicos se puede abatir el déficit fiscal en 900 millones de dólares”, añadió.

Una reducción del presupuesto público se verá reflejada en la disminución de servicios que el Estado debe brindar y, si esa merma se pretende hacer sobre el número de empleados, el abatimiento del déficit fiscal sería mínimo, explicó Scavarelli.

Subrayó que en las áreas en las que más se han reforzado los recursos humanos en los últimos años son educación, salud y seguridad pública, como respuesta al reclamo nacional.

Al cierre del ejercicio 2018 se verificó que 4.600 empleados públicos se encuentran con causal jubilatoria, agregó.

Vínculos laborales con el Estado (2018)

Poder Legislativo (Presupuestado)       1.268

(Contrato Permanente /Func. Pública)       1

(Total Funcionarios)      1.269

Poder Ejecutivo (Presupuestado)     18.043

(Provisorio)     1.445

(Contrato Permanente /Func. Pública)     196

(Efectivo Policial/Militar Superior)       30.774

(Cont. Policial/ Militar Subalt.)       25.361

(Contratos de Trabajo)       815

(Zafral y Eventual)         821

(Otros Funcionarios)       254

(Total Funcionarios)        77.709

Org. del Artículo 220 (Presupuestado)   41.387

(Provisorio)     4.924

(Contrato Permanente /Func. Pública)      9.038

(Zafral y eventual)          3.008

(Docentes efectivos)       37.241

(Docentes interinos)      37.882

(Docentes suplentes)     11.289

(Otros Funcionarios)     2.547

(Total Funcionarios)      147.316

Org. del Artículo 221 (Presupuestado)

(Contrato Permanente /Func. Pública)    30.861

(Contrato Permanente /Func. Pública)      2.784

(Total Funcionarios)      33.937

Gob. Departamentales (Presupuestado)    20.551

(Contrato Permanente /Func. Pública)    12.658

(Zafral  eventual)        292

(Otros Funcionarios)     1.897

(Total Funcionarios)     39.259