Por Ricardo Pose Resulta paradójico que fuera en la semblanza del gaucho, la figura menos laboriosa del medio rural, que encontrara cauce este reclamo del esforzado chacarero, pero la vida misma tiene en la contradicción el motor de su dinamismo. Haciendo un ejercicio de revisión histórica, habría que valorar que distanciándose en la práctica de aquel espíritu que construyó el Poder Legislativo en 1828 con aquellos conceptos de representatividad, que tantas reformas electorales y políticas en “ríos de sangre” costo a la nación, la “plantilla” de legisladores se fue conformando con los “dotores”, los “letraos”, los que por su posición de clase ocupaban un lugar dirigente en la sociedad, con el fuerte apoyo de los caudillos locales en el medio rural. El legislador, entonces, hombre vinculado directamente con la capital del país, cumple el rol de autoridad política de la nación y dirigente y representante de su colectividad política; claro que con el tiempo, para lograr perdurar en su puesto legislativo, para sostener una apasionada batalla política en un país altamente politizado y para ensanchar las bases sociales de su apoyo, el electorado cautivo, se transformó en “padrino”, “gestor de tramites públicos”, “colocador de empleos en el ámbito público y privado”. Gestó el método del “clientelismo”, del “tarjetazo”, y aunque la izquierda vino a intentar dotar al Parlamento con otras definiciones y prácticas, sobreviven los lastres de una función prostituida en defensa de los intereses de los sectores que desde siempre son el poder económico en Uruguay. La labor y el ingreso económico Cuál es la medida del salario correspondiente a la labor es, sin dudas, una discusión que la sociedad debe darse en profundidad. En el apasionamiento de los debates donde danzan los conceptos de igualdad, justicia, equidad y, en nuestra sensibilidad, distribución del ingreso y la riqueza, olvidamos los límites impuestos por una sociedad capitalista. Así, un día escuchamos al gremio de maestros exigiendo ganar como un legislador y el eco que encuentra esa consigna en los sectores de menores ingresos de la población; salarios y gastos de funcionamiento que son bastante menos onerosos que los de muchos gerentes y empresarios de la salud, la educación, el agro y otras actividades. Y ya que el planteo se expresa con fuerza desde el “sector criollo” de la sociedad, vamos a quebrar algunas lanzas: -Si la función legislativa no fuera pagada, cualquiera fuera su naturaleza, la labor está condenada a ser ejercida únicamente por quienes disponen de ingresos personales suficientes, diríamos más, por quienes tienen capacidad de ahorro y capital solvente. -Cuando se levantan voces que plantean la “inutilidad de la política”, siempre conviene recordar cómo hasta los propios militares de la dictadura de 1973 resistieron el planteo de una sociedad sin partidos políticos de Juan María Bordaberry, actor político vinculado al mundo del empresariado agrícola, financiero y exportador. -Siendo para la izquierda política central el objetivo de la distribución del ingreso y la riqueza, el gasto parlamentario no llega a 1% del PIB, no mueve la aguja de la economía, no es la causa de algunas crisis económicas, pero una administración más sensata de los recursos económicos es una fuerte señal política en una sociedad devastada por años de políticas de exclusión social. -Se ha democratizado el acceso de funcionarios al cuerpo legislativo mediante llamados a concursos externos e internos. -Muchas de las correcciones a la función legislativa dependen de una reforma constitucional. Radiografía parlamentaria Antes de ingresar en la exposición de las frías y duras consideraciones matemáticas, quisiéramos mencionar algunos elementos de la función legislativa que extrañamente pocas veces son tomados en cuenta y que deberíamos plantearnos como sociedad.
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- ¿Es la representatividad de colectividades políticas la única posible?
- No hay límite máximo de edad ni de años para ejercer la función legislativa cuando el resto de la población tiene claro un horizonte de vida laboral útil. Legisladores con más de 20 años en la función y algunos pisando los 80 años de edad o más están exentos de esas incertidumbres.
- La existencia de casi tres administraciones paralelas (Senado, Cámara de Representantes, Comisión Administrativa) parece un exceso de organización administrativa y peca de funcionamiento burocrático al igual que otros organismos del Estado
- Parece no adecuarse a estos tiempos seguir sosteniendo un prolongado período de receso parlamentario (del 15 de diciembre al 1º de marzo en cuatro años de los cinco del período legislativo) y un funcionamiento mensual de lunes a viernes del 1º al 18 de cada mes.
- El definir el presupuesto parlamentario sobre el fin del período dejándolo como herencia para el período entrante.
- Los viáticos por representación internacional, que por suerte ya cuentan con varios proyectos de ley reglamentando su uso.
- El subsidio por un año en promedio de $ 188.010 para exlegisladores.
- Es preocupación internacional los esfuerzos por la mejora de la imagen parlamentaria en la sociedad y la discusión sobre la justicia de los ingresos y algunos privilegios de los parlamentarios.
Ruido a monedas Lo primero que habría que considerar antes de rasgarse las vestiduras es que buena parte del financiamiento de los partidos políticos se nutre del aporte del salario y gastos de funcionamiento otorgados por el Parlamento al legislador. Salvo aquellos grupos de izquierda que han topeado sus ingresos en 20%, vamos a encontrar las formas más diversas de administración de esos recursos, desde la mencionada hasta el alquiler de bancas que tantos dolores de cabeza causó a parlamentarios de los partidos tradicionales, hasta “cooperativas de banca”, como en algunos grupos políticos y diputaciones del interior. O sea, es una lectura superficial sólo analizar el valor percibido y pensar que todo ese dinero tiene como destino el bolsillo del parlamentario. Sin entrar en los detalles de la composición de la masa de dinero, compartimos lo que el común de la gente desea conocer, que es el número redondo de “vintenes”. En el caso de la vicepresidenta de la República, a julio de 2017, el monto es de $ 441.987. Los senadores perciben $ 221.187 más un monto de dinero que administra el legislador o su fuerza política detallado en: $ 136.536 para pagos de secretarios por senador; $ 25.900 para gastos de prensa; $ 4.627, tope máximo para uso de telefonía celular. Luego hay una cantidad de dinero disponible según la cantidad de senadores que obtenga un partido y gastos de funcionamiento de su bancada. Los sueldos, como corresponde, están gravados con Montepío, Fonasa e IRPF. Cada senador puede disponer de cinco pases en comisión. A enero de 2018, los 31 senadores sumaban un total de 130 pases en comisión. Al diputado se le otorgan, a enero de 2017, $ 221.188, con un descuento de Montepío según cuente con AFAP o no, más cerca de $ 200.000 para gastos de funcionamiento de prensa, secretaría, telefonía, etc. También los diputados cuentan con hasta un máximo de cinco pases en comisión, siendo más de 300 los funcionarios pasados en comisión en el Parlamento. Para un país tan chiquito Más que la milonga de Inzaurralde, nos cuestiona la murga preguntando “si no será demasiado para un país tan chiquito”. Dos cámaras legislativas en un país presidencialista con 99 diputados y 31 senadores, discutiendo lo mismo, que terminan resolviendo en caso de planteos contrapuestos en Asamblea General. Creemos imposible para una correcta función legislativa -esto es la producción, aprobación y corrección de textos legislativos (que es la única medida de valor para fiscalizar el rendimiento parlamentario)- en un legislador solo en su despacho, huérfano de todo apoyo. No hay que confundir la actividad política partidaria con la producción legislativa; el Parlamento está aún lejos de ser un espacio donde se vaya a “construir legislación” y seguramente los costos de esa importante tarea de construcción de democracia representativa y republicana pueden ser menores que los actuales. Para ello, la sociedad también debe procesar un cambio de paradigma cultural, desterrando la “naturalizada sociedad jerarquizada”, en la que el vínculo hacia el “señor senador” y la “venia militar a los legisladores” forman parte del mismo paquete conceptual, en el que muchos de quienes -en general- se presentan a la población como profetas de la austeridad económica en la función legislativa tienen importantes ingresos en sus actividades privadas. Fuente: sitio web del Parlamento uruguayo. https://parlamento.gub.uy/camarasycomisiones/senadores/transparencia/sueldos https://parlamento.gub.uy/camarasycomisiones/representantes/transparencia/sueldos http://www.diputados.gub.uy/docs/pases.pdf https://parlamento.gub.uy/transparencia