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Toma denuncia persecusión política y escarnio público

El exsecretario de la Presidencia reclamó que la Federación Latinoamericana emita una declaración sobre la persecución de que es objeto.

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El exsecretario de la Presidencia y actual fiscal de Gobierno, Miguel Ángel Toma, denuncio persecución política, escarnio público, suspensión del cargo, entre otras, por parte del Poder Ejecutivo en una denuncia contra el gobierno presentada ante la Federación Latinoamericana de Fiscales.

Toma ha sido denunciado por irregularidades en el desempeño de su cargo durante la anterior administración y sometido a una investigación, con separación del cargo, ordenada por el presidente Luis Lacalle Pou, quién expreso en reiteradas oportunidades su opinión contraria a Toma y juzgó las supuestas irregularidades difundidas por algunos medios de prensa.

“Se me persigue administrativamente por haber actuado en un cargo de confianza política en el gobierno anterior, cuando mi cargo de carrera de Fiscal estaba en reserva legal”, señala Toma en el escrito.

Se ha modificado el esquema de intervenciones preceptivas de las fiscalías de Gobierno porque, conforme se ha hecho público, se quiere evitar mi intervención en los asuntos”

Agrega que se le somete a una investigación en cuyo trámite “se presenta varias veces ante los medios de comunicación el propio Presidente de la República, emitiendo juicios negativos sobre mí adelantando su opinión de que se me debería expulsar de los cuadros de la Fiscalía”.

Otro punto indica que “se omite instruir sendas peticiones de que: se investigue la filtración masiva a la prensa (que me ha linchado cruelmente) de los extremos de la investigación -legalmente de carácter secreta- y se instruya mi pedido de recusación o apartamiento del Señor Presidente de la República del trámite”.

“Se ha modificado el esquema de intervenciones preceptivas de las fiscalías de Gobierno porque, conforme se ha hecho público, se quiere evitar mi intervención en los asuntos”, añade.

Se me persigue administrativamente por haber actuado en un cargo de confianza política en el gobierno anterior, cuando mi cargo de carrera de Fiscal estaba en reserva legal”

Indica que se la ha suspendido del ejercicio del cargo a plazo fijo (penalidad a cuenta) por seis meses (cuando la suspensión en esta etapa es de carácter cautelar o preventiva mientras se instruye el sumario.

Ante una petición formulada al Poder Ejecutivo para que se mande investigar si hubieron filtraciones del procedimiento disciplinario –que debe ser secreto- “atribuibles a algún agente, la desconcertante “respuesta” es que me calle y que se me va a sancionar por haber incurrido en la grave irregularidad de haber formulado la petición de marras”.

Por estas razones el exsecretario de la Presidencia solicita “se emita declaración repudiando la persecución de que hogaño soy objeto por parte del Poder Ejecutivo del Uruguay, que atenta seriamente contra la independencia técnica y la autonomía de los Fiscales en el Uruguay y se pida mi inmediata reintegración al puesto”.

Antecedentes

En el escrito señala Toma que las supuestas irregularidades fueron denunciadas cuando cumplía la función de secretario de la Presidencia, designado por el residente anterior, por lo cual no corresponde la sanción del Poder Ejecutivo ya que se le retira de un cargo sobre el que no pesan denuncias.

Señala que “es por demás evidente que no puede válidamente el Poder Ejecutivo arrogarse atribuciones correctivo-disciplinarios con miras a reprimir una presunta inconducta funcional mía, cuando fungía otro cargo, fuera de dicho sistema orgánico Poder Ejecutivo, cuál es el de Secretario de la Presidencia de la República”.

La razón por la que en este asunto el Poder Ejecutivo no me puede sancionar radica en que él no me designó al frente de la Secretaría de la Presidencia, sino que lo hizo la Presidencia de la República»

A consecuencia afirma seguidamente: “El legítimo ejercicio de la potestad disciplinaria lo puede ejercer el Poder Ejecutivo exclusivamente en relación a actos, hechos u omisiones punibles en ocasión de ejercer -el agente- un cargo del Ejecutivo. Jamás en relación a conductas presuntivamente irregulares ocurridas en ocasión del ejercicio de un cargo ajeno a dicha estructura”.

Sostiene que “la razón por la que en este asunto el Poder Ejecutivo no me puede sancionar radica en que él no me designó al frente de la Secretaría de la Presidencia, sino que lo hizo la Presidencia de la República. Por lo que los hechos presuntamente ilícitos que se me endilguen, en tanto ocurrieron en ocasión del ejercicio de la Secretaría de la Presidencia, son completamente ajenos y extraños a la competencia sancionadora del Ejecutivo”.

Recuerda que en setiembre pasado, el Señor Presidente de la República Luis Lacalle Pou “activó una campaña de desprestigio personal en mi contra en los propios medios masivos de comunicación. Campaña que obedece al escarmiento que se pretende por haber ocupado un cargo de confianza política en el gobierno anterior (2015-2020), que dirigía el partido Frente Amplio, hoy en la oposición”.

 

 

 

 

 

 

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