Trabajadoras domésticas quedaron expuestas a grandes riesgos

¿Por qué el nivel de informalidad en el trabajo doméstico es del 50% si hay leyes que lo regulan? ¿Por qué es realizado mayormente por mujeres pobres y racializadas? ¿Qué está pasando con las trabajadoras domésticas en esta crisis y qué consecuencias tendrá para sus trabajos y sus vidas? ¿Cuántas debieron abandonar su trabajo por decisión de los empleadores y cuántas por tener que quedarse en su casa cuidando a alguien más?

La idea de la mujer que cuida, que alimenta, que limpia, es un estereotipo añejo que sigue dando pataletas para sobrevivir. Esta concepción, argumentada en la falsa naturalidad que para las mujeres conllevan estas tareas, dificulta a las trabajadoras domésticas el acceso a derechos básicos. Se ha luchado desde los movimientos feministas para romper la concepción de amor adjudicada a las tareas domésticas no remuneradas (pelea que sigue siendo necesaria), ¿pero cómo afecta esta misma concepción al trabajo doméstico remunerado?

El lenguaje que utilizamos moldea cómo vemos y construimos la realidad, es una práctica política que tiene consecuencias en la posibilidad de muchas mujeres de acceder a sus derechos. No es “la chica que ayuda en casa”, es una empleada que debería estar registrada en el Banco de Previsión Social con aportes, con cobertura médica y con la posibilidad de generar jubilación.

Marisa Trindade, del Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas, estaba esperando un ómnibus cuando contestó la llamada de este medio. “Me agarrás haciendo un trámite en la intendencia [de Maldonado]”, dijo. Había ido hasta “el corralón” a buscar las canastas que el gobierno departamental entrega a las personas que lo necesiten, previa inscripción, que a Trindade le significó una espera de cuatro horas bajo lluvia.

En el lugar de entrega le dijeron que ya levantó su canasta, pero ella sabe que no, no está su firma. Le informaron que si tenía algo que resolver, fuera hasta el edificio de la comuna. “Los ómnibus pasan cada dos horas”, señaló. Cuando atendió estaba saliendo de la intendencia sin respuesta, camino al corralón (de nuevo) para exigir su canasta: “Yo voy a armar escándalo, pero imaginate las pobres personas que no saben cómo hacer para que les entreguen las canastas, no tienen a dónde recurrir”.

Más tarde ese día, Trindade confirmó que le habían dado su canasta luego de reclamar tres veces. Alguien más había ido a levantar una con su nombre, incluso firmó por ella. “No hay control”, aseguró.

En Uruguay hay 140.000 trabajadoras domésticas, casi un 5% de la población. La mitad no está registrada en el Banco de Previsión Social (BPS). Son 70.000 empleos en situación informal. El pedido de distanciamiento social ha significado para muchas trabajadoras perder por completo sus ingresos. Hay quienes prescindieron de sus servicios, pero también hay jefas de hogar que deben quedarse cuidando menores, ahora que no hay clases, y no pueden salir. Si salen a trabajar menos, pero ganar algo, exponen a sus familias, a menos que puedan acceder a medidas de protección.

Desde 2010 rige en Uruguay un convenio que establece que los empleadores deberán abonar el salario o jornal íntegro a las trabajadoras domésticas cada vez que decidan no convocarlas a trabajar en los días acordados. Sin embargo, apuntó Trindade, “muchos patrones no lo cumplen” y hay trabajadoras domésticas no conocen sus derechos, lo que dificulta el cumplimiento de los acuerdos colectivos.

Trindade trabaja hace más de 13 años y aseguró que con el monto del seguro por desempleo no le alcanza para cubrir gastos de alquiler, pago de facturas y alimentación: «Tú sabes lo que es el salario de las empleadas domésticas». Con el aumento de enero 2020 el salario mínimo del sector es de $ 19.875 por 44 horas semanales, lo que significa que por cada hora deben ganar al menos $ 104,56.

El subsidio por desempleo para las trabajadoras mensuales (promedio de los últimos seis meses de las remuneraciones nominales) comienza en un 66% del salario y va bajando. El mayor monto que percibirán será, entonces, de $ 13.117. Para las trabajadoras jornaleras el tope es de 16 jornales.

El seguro de paro parcial, régimen especial por la situación del coronavirus, busca garantizar a las trabajadoras el 75% de su sueldo. El empleador o empleadora debe abonar el 50% por las horas trabajadas y el BPS aporta un 25% más por las horas no trabajadas. El monto mínimo quedaría establecido en $ 14.906.

Trindade puntualizó que en ningún momento el Gobierno se refirió al sector doméstico en las medidas anunciadas. “Ojalá llegaran a los patrones que tienen a las compañeras en negro, porque no creo que muchas elijan ese régimen sabiendo que no tienen prestaciones y se pueden quedar sin nada, incluso sin jubilación”, sentenció. Además, puntualizó que “no es poca plata” la que se está evadiendo de aportes en ese 50% de informalidad de las trabajadoras domésticas.

Desamparadas en todo el continente

La realidad del sector de trabajo doméstico es de gran inestabilidad en toda Latinoamérica y el Caribe: relaciones contractuales precarias, altos porcentajes de informalidad, ausencia de prestaciones sociales. Esto las vuelve invisibles frente a los Estados en materia de seguridad social.

De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), hay 18 millones de trabajadoras domésticas en América Latina y el Caribe. Un 3% de la población total de la región. Este dato no incluye el trabajo infantil, común en muchos países de la región, ni el trabajo informal, por lo que la cifra real es mayor.

En 2011 la OIT generó el Convenio 189 que reconoce los derechos laborales de las trabajadoras domésticas. En Uruguay se ratificó en 2012 (fue el país pionero) y entró en vigor a nivel regional en 2013.

Las trabajadoras de sindicatos y asociaciones de trabajadoras del hogar, trabajadoras del servicio doméstico y trabajadoras de casas particulares de Mercosur y de la región andina emitieron un comunicado conjunto pidiendo a los Estados que respeten y garanticen sus derechos: “Queremos enviar un mensaje de alerta y auxilio a los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay, así como a los ministerios de Trabajo, Desarrollo, Inclusión Social, de la Mujer, a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a ONU Mujeres y a la sociedad en general”.

Empleadores en todo el continente informaron en el documento que han cancelado contratos con causa justa, disminuido el tiempo de trabajo y el salario u obligado a las trabajadoras domésticas a permanecer en el hogar (so pena de perder el empleo). Estas acciones, denunciaron las trabajadoras domésticas en el comunicado, “dejan desprotegidas a nuestras propias familias”. En muchos casos, “debemos salir a trabajar en medio de la aglomeración de gente en los transportes públicos, sin posibilidad real de cumplir con el distanciamiento social”.

“Nosotras, las trabajadoras del hogar, nos sentimos desheredadas por los Estados, por las familias para las que hemos trabajado y por la sociedad en general», declararon. Solicitan apoyos económicos concretos, alimentos, elementos de protección y protocolos de prevención y protección para el cuidado en las familias para las que trabajan. También que los ministerios de Trabajo establezcan medidas de inspección y vigilancia específicas para el sector, “pero especialmente necesitamos de la solidaridad y el respeto de nuestros derechos para poder cuidarnos y cuidar a otros, incluidas nuestras familias”.

Firmaron el comunicado sindicatos y asociaciones de trabajadoras del hogar, trabajadoras del servicio doméstico y trabajadoras de casas particulares de Latinoamérica y el Caribe en conjunto con la Articulación Feminista del Mercosur.