Trabajadores del cítrico: se suman zozobras a una larga cadena de problemas

Aunque los datos informados, en aquél momento, por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y pesca (MGAP) indicaban que a nivel general del país la citricultura se estaba desarrollando con buenas perspectivas, el propio ministerio había informado que la producción del sector había aumentado un 12% en 2019.

Sin embargo, las empresas del grupo Caputto, que venían con dificultades en los últimos años, se declararon, en febrero de 2019, en concurso voluntario.

La situación que se generaba, a partir de este momento, fue de alto impacto, en especial, para el departamento de Salto y sus zonas de influencia, debido a la relevante cantidad de puestos de trabajo directos e indirectos que generaban.

Para la fecha la empresa mantenía importantes deudas con el BROU, BPS, UTE, acreedores empresariales y con los trabajadores.

En abril de 2019, a través de la ley No 19137, se creó el llamado Fondo Citrícola, destinado al financiamiento de la actividad citrícola nacional.

En paralelo con ello, la empresa continuaba adeudando a los trabajadores, una suma cercana a los U$S 500.000 por la zafra 2019, una cifra que iba en aumento.

Adeudaba parte de la segunda quincena de noviembre y en el mes de diciembre se concretaron otros vencimientos de jornales, aguinaldo, licencia, vacacional, liquidaciones finales de trabajadores que ya finalizaron la zafra en octubre, totalizando máximamente un monto cercano al millón de dólares.

A pesar de ello, los trabajadores habían continuado desarrollando sus tareas durante todo el año 2019.

En el mes de diciembre y afectados por el no pago de sus haberes, más de 1700 trabajadores del grupo Caputto se declararon en conflicto, lo que comprometía el final de la zafra y preparación de la zafra de 2020.

La declaración de concurso voluntario definió que la empresa estuviera en la justicia y que su administración se realizara conjuntamente con un síndico de la Liga de Defensa Comercial (LIDECO), designado por un juez, y la propia empresa.

Ello significaba que la empresa estaba intervenida por la justicia, una situación que se caracterizaba por la existencia de informes contradictorios (de la empresa y del síndico-LIDECO) que la justicia debería resolver.

Se encontraban, además, en remate de otros bienes por acreedores que compraron obligaciones en Bolsas de Valores, hallándose entre estos bienes, chacras de buena calidad.

Para el 2 de enero y sin que se pudiera avizorar alguna solución al conflicto mantenido con la empresa ex Caputto, los trabajadores de Citrícola Salteña anunciaban, ante el recurso de amparo que la empresa había presentado contra los trabajadores luego de que los mismos llevaran cerca de 17 días acampando en los portones de la planta ex Caputto, que avanzarían, más allá de lo dispuesto por la justicia, a profundizar las medidas de lucha.

En aquellos días, eran 1.700 los trabajadores afectados por el no pago de sus haberes, una situación que se alargaba desde el mes de setiembre de 2019.

Fue, en este contexto que, el Poder Ejecutivo (MEF, MIEM, MGAP, MTSS), en coordinación con ANDE, BPS, BROU y UTE comenzaron un intenso trabajo para avanzar en la construcción de las bases para una propuesta legislativa que atendiera y resolviera la crítica situación que atravesaban los trabajadores.

Se presentó en el Parlamento un proyecto de ley con el objetivo de extender hasta el 31 de mayo 2020 el plazo para que Caputto reintegrara el saldo pendiente al Fondo Citrícola, intentando con ello facilitarle a la empresa mejores condiciones para culminar esta zafra y preparar la de 2020.

El proyecto perseguía otro objetivo: que los ingresos de la empresa pendientes de cobro se destinaran al saldo que mantenía con el Fondo Citrícola creado por Ley 19.137 y asegurar el pago de lo adeudado por esta zafra 2019 a los trabajadores, estableciendo que dicho pago lo realizaría el BPS con fondos de lo pagado por Caputto al Fondo Citrícola.

Dichos pagos a los trabajadores se cargarían a la cuenta de Caputto con el Fondo Citícola, a pagar con el plazo ampliado en 5 meses, cuyo vencimiento sería el 31 de mayo de 2020.

El proyecto en cuestión, fue aprobado por ambas cámaras del Poder Legislativo el 9 de enero.

Dicho proyecto estableció la creación en el BPS un fondo de asistencia para créditos laborales de los trabajadores de las empresas Citrícola Salteña S.A y Nolir S.A (Grupo Caputto). La financiación del mismo se fundaba en lo que ya se pagó por Caputto al Fondo Citrícola en estos 7 meses del préstamo que se le otorgó por la Ley Nº. 19.737 del 9 de abril de 2019.

La aprobación de esta ley aseguraba a los trabajadores de Caputto el cobro de las deudas laborales que se mantenían con ellos.

Al conocerse la aprobación de la nueva ley, el vicepresidente del Sindicato Único de Citrícola Salteña (SUCSAL),  expresaría “el gran alivio” con el que fuera recibida la noticia.

Mientras que, la dirigente gremial de SUTCSAL Miriam Perdomo destacaba que “es un día de felicidad y tranquilidad, hoy estamos disfrutando”.

Ambos dirigentes enfatizaron, en declaraciones publicadas en ese momento en el portal de Presidencia, el compromiso que habían asumido los integrantes del Poder Ejecutivo y la celeridad con la que fuera enviado el proyecto al Parlamento, así como “su aprobación en tiempo récord a nivel legislativo”, ya que estando el Parlamento de licencia se había reunido especialmente para tratar esta situación.

“Lo que se logró para los trabajadores de la citricultura es histórico, así como también es histórico el compromiso del Gobierno y las horas de trabajo que le han dedicado (…) ha costado mucho trabajo por parte del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, junto al director de Trabajo, Jorge Mesa, y al director del Interior, Ariel Ferrari; con el resto del Poder Ejecutivo y hasta del propio Presidente de la República, que siempre estuvo atrás de todo esto para encontrar una solución. Felizmente salió la solución, se aprobó en tiempo récord esta nueva ley que fue la única forma rápida y efectiva para que los trabajadores podamos cobrar los haberes del año 2019. Lo que nos da la tranquilidad y la seguridad de que no estamos solos”, destacaría Piedrabuena.

Ambos dirigentes, valoraron “la actitud de los legisladores y de las organizaciones solidarias, no solo de Salto y Paysandú, sino también de Montevideo, para apoyar una solución a la situación de los trabajadores: “sentimos que es la primera vez que se logra que el Gobierno y el Estado realmente nos priorice como trabajadores. Porque además de la forma en que se hizo el proyecto, por cómo se redactó la ley, los trabajadores vamos a cobrar sí o sí, no hay forma de perjudicarnos. Estamos muy contentos y muy agradecidos con el accionar de los ministerios y del Poder Legislativo”.

En la ocasión, Perdomo había manifestado su agradecimiento particular con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro “que siempre nos recibió y siempre estuvo pendiente de nosotros”.

El retorno de lo incierto

Cuando todo indicaba que la situación se “normalizaría”, una nueva resolución judicial aparecería generando incertidumbres para los trabajadores.

Para mediados del mes de mayo, la justicia dispuso la liquidación y el cese de los administradores de la empresa Citrícola Salteña S.A, designando como síndico a la Liga de Defensa Comercial.

En dicha ocasión, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Citrícola Salteña (SUTCSAL), Marcelo Di Paola, manifestó que se habían enterado de la resolución cuando fueron informados por la abogada representante de los trabajadores en el concurso.

Para la fecha, un grupo de dirigentes viajó a Montevideo, para reunirse con autoridades del Ministerio de Trabajo (MTSS) y el síndico Fernando Cabrera, que era anteriormente el interventor. El objetivo central era poder conocer, afirmaron los dirigentes “la posición de la empresa y saber si se va a terminar la zafra de 2020 o no. Es una situación de incertidumbre y aguardamos respuestas para estas inquietudes”, expresó Di Paola.

Di Paola señaló, además, la incertidumbre que se presentaba “ante una de las mejores zafras de los últimos años, con un aumento superior al 20% en comparación a años anteriores y con una calidad promedio por el mantenimiento que se hicieron a las quintas. Tenemos una coyuntura en el mundo y en el país, con un consumo amplio de la vitamina C y a nosotros nos favorece por el citrus. O sea, hay demanda y tenemos un buen precio por la suba del dólar, pero tuvimos esta noticia que cayó como una bomba”.

Para los trabajadores, la resolución judicial los tomó por sorpresa, “no pensábamos que iba a salir algo de golpe y nos tomó por sorpresa. La empresa debía 65 millones de dólares, con un pasivo de 70 millones y el 2019 se cerró con un déficit cercano a los 5 millones de dólares a los entes públicos”, dijo a El Telegrafo, el dirigente sindical.

Di Paola agregó al medio sanducero que “el interventor tiene un plazo de diez días para presentar un plan de liquidación. No tenemos una certeza sobre la situación en la que quedamos los trabajadores. Nos queda la esperanza que salga una solución a través del Banco República, no porque otorgue más dinero, sino porque es el acreedor mayoritario con el 44% y la empresa no acordó con el BROU (…) En este momento se está viviendo una incertidumbre total, queremos saber en qué va a terminar todo esto, tengo entendido que hay un plazo de 10 días para presentar un plan de liquidación, queremos saber si se va a ir terminando la zafra con normalidad o si va a haber un cese de actividades, es la incertidumbre que tendremos que esperar (…) iremos despejando un poco las inquietudes que tenemos”.

Ese mismo día, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, quien se encontraba en visita de trabajo en el departamento de Salto, manifestaba al diario Cambio:

“El tema de Citrícola Salteña honestamente nos agarró a todos por sorpresa, si bien era un desenlace esperable no pensábamos que se fuera a dar. Quizás el momento en que ese fallo saliera era razonable, Hubiéramos querido tener más tiempo para prepararnos mejor, para analizar mejor la situación y tratar de que sus efectos negativos sean lo menos posible” expresaba al medio el ministro, quien agregaba “es un tema que al Poder Ejecutivo y el Gobierno Actual lo tiene sobre la mesa, lo hablamos muy seguido con los diferentes ministerios que están en esta industria y con sus trabajadores obviamente, nos veníamos preparando porque hasta ahora lo que se viene dando siempre han sido paliativos y “tirando” el problema para adelante y en eso la sensibilidad es clara de este gobierno y el parlamento en cuanto a dar soluciones y defender las fuentes de trabajo” agregó.

En su valoración de la industria citrícola salteña señaló “se trata de una industria que tuvimos la oportunidad de conocer, que ha hecho la re-conversión, que tiene mucha tecnología que es muy importante desde el punto de vista productivo y de capacidad de generación de trabajo. Con 1.500 personas de trabajo directo, más de 3.000 de trabajo indirecto, probablemente la más grande de todas las industrias citrícolas, eso de por sí habla solo. Lo que creo que sea lo que sea que pase desde el punto de vista judicial, a la naranja hay que recogerla, hay que procesarla, hay que exportarla, el gobierno tomó medidas para que los trabajadores cuenten con lo que necesitan para su trabajo, para remunerar su trabajo. Lo que más nos preocupa a nosotros en esta etapa es eso, es debería estar en cierta manera seguro”.

Ese mismo 26 de mayo, las denominadas “fuerzas vivas” del departamento (sindicatos, empresario y políticos) acordaron el envío de una carta al presidente de la República, planteándole la difícil situación que atravesaba el departamento, ante la resolución del Poder Judicial de liquidar a la empresa Citricola Salteña, la carta sería entregada al presidente por el intendente de Salto.

El modo en que se atendió a nivel departamental la situación indicaba que el problema no afectaba, exclusivamente a los trabajadores del sector, se trataba de una situación que comprometía a todo el departamento.

Una semana después, el ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Pablo Mieres, manifestaría a 970 Universal: “la zafra está asegurada, pero preocupa el día después”.

Las zafras en este sector, cuando son “normales” finalizan en octubre, lo que implica que a partir del mes de setiembre se comiencen a reducir los turnos.

Cerca de 2.500 trabajadores se desempeñan durante las llamadas “fechas pico” y con la salida de variedades, en forma simultánea e indirectamente, aumenta a otros 1.000 o 1.500 trabajadores.

Mieres, señaló en ese momento que había preocupación por encontrar una salida que permita darle continuidad al proyecto y que al mismo tiempo posibilite mantener los puestos de trabajo.

Atendiendo a ello, el representante del Sindicato Único de Citrícola Salteña (SUTCSAL), Fernando Cabrera, expresó que se había solicitado al gobierno “una ayuda adicional”, para poder mantener los puestos de trabajo.

Mientras esto sucedía, trabajadores de Citrícola Salteña se manifestaban frente a la planta de la empresa reclamando por sus puestos laborales:

“Nosotros lo que reclamamos es nuestro puesto de trabajo o una solución que nos de la empresa, sabemos bien la situación que están atravesando por el tema de la liquidación, pero a su vez nosotros los trabajadores que estábamos ahí somos contratados directamente por la empresa, se terminó el seguro de paro el 31 de mayo, cuando queremos ingresar a trabajar nuevamente resulta que el 80% de los cosechadores están tercerizados. Ese es el problema, que gente directamente contratada por la empresa que se le terminó el seguro se quedaron afuera, nosotros ya habíamos realizado el reclamo mucho antes de comenzar la zafra (…) les pedimos que den prioridad a las cuadrillas de la empresa que estaban en el seguro para entrar a trabajar. No nos hicieron caso, entraron a trabajar dos cuadrillas tercerizadas primero, después otra, ahí empezamos a reclamar un poco más y tomaron a dos cuadrillas de la empresa que son de mujeres, después siguieron entrando cuadrillas tercerizadas. Nosotros continuamos reclamando y entraron dos más de las nuestras, pero luego siguieron ingresando tercerizadas, estamos hablando de alrededor de 10 cuadrillas tercerizadas y muy pocas de la empresa. Las otras cuadrillas en el seguro que ahora se terminó y no tenemos lugar de trabajo, no tenemos extensión de seguro y no sabemos que pueda pasar”, expresó al diario Cambio, la dirigente del Sindicato Único de Trabajadores Citrícolas Salteño (SUTCSAL) Yoli Cardoso.

Cardozo explicó al medio salteño que alrededor de 150 personas no estaban trabajando, a pesar de que en muchos de los casos llevaban más de 20 años trabajando en la empresa citrícola.

“La empresa sabía lo que pasaba con los tercerizados, ellos están en concurso, intervenidas, la empresa en sí no puede tomar tanta gente tercerizada y dejar a la gente que hace 20 o 30 años están trabajando con ellos, la deuda de esa gente está en concurso, la deuda salarial del 2019 (…) El sindicato tuvo un acercamiento con el Presidente de la República, lo que nos garantizaron fue la zafra. A la empresa no le sirve estar parados, en el valor de una liquidación incide que se esté trabajando. Si hay dinero para mantener 10 cuadrillas tercerizadas, tiene que haber para mantener la gente de la empresa. Nosotros estamos evaluando, buscamos soluciones, no descartamos tomar alguna medida” expresaba Cardozo.

La incertidumbre de los trabajadores de Citrícola Salteña ante la liquidación dispuesta por la justicia, llevó a que se presentaran a la comisión Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado para plantear la situación ante la crisis que venía atravesando la empresa.

“no sabemos qué va a pasar con el emprendimiento productivo”, señalaron a la comisión del Senado, “en este momento si viene un nuevo dueño no sabemos cómo se va a vender la empresa. ¿Qué va a pasar con los trabajadores? (…) Por algo le prestaron; por algo se crearon los fideicomisos (citrícolas). No es porque nos caiga bien Caputto (la familia propietaria de la empresa); no es porque al gobierno saliente o al gobierno entrante les caigan muy bien los señores Caputto, sino que entendemos que se hizo para salvaguardar la industria citrícola en su conjunto (…) lo que nos preocupa es qué pasa si se liquida Caputto, si se vende en su totalidad o en partes. Queremos saber qué pasa si no se encuentra un comprador para vender el emprendimiento productivo completo o si se vende en partes”, planteó ante la comisión del senado, Laura Alberti, una de las integrantes de la organización sindical.

“Oficialmente no hay nada; no hay interesados. Hay quienes han hecho preguntas sobre la empresa (…), nuestra preocupación radica en el período muy corto que hay entre que se termina una zafra y comienza la otra, en que los tiempos no dan y en hay que mantener la infraestructura y las plantaciones. Como mencionamos, ¿cuál será nuestro futuro?”, planteó en dicha instancia el sindicalista Marcelo di Paola.

Sumando zozobras

El pasado 12 de agosto, dirigentes sindicales del sector en representación de la Coordinadora del Citrico, se reunieron con el ministro de Trabajo Pablo Mieres por la persistente negativa situación en el sector citrícola.

Los principales temas tratados en dicha reunión fueron: que se defina una prórroga del seguro de paro especial ante las características que tuvo la actual zafra ya que cerca de 5000 trabajadores que darían sin cobertura al 100% a partir del próximo 15 de octubre, una situación que afecta a trabajadores de Río Negro, Salto y Paysandú.

Para interiorizarse de lo planteado en dicha reunión, Caras y Caretas Portal, entrevistó a Marcelo di Paola, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Citrícola Salteña (SUTCSAL), quien nos manifestó: “la reunión se desarrolló con el ministro y el director del BPS, para plantear todas las dificultades que se vienen dando por diferentes situaciones en todo el sector citícola”.

En la ocasión, se describió a los jerarcas de Trabajo y BPS, diferentes problemáticas que se presentaban, como por ejemplo “la situación que se presentó sobre mediados de febrero en la empresa Azucitrus donde el 50% de la producción fue afectada por el granizo, lo que generó la pérdida de prácticamente el 50% de los jornales, se explicó también la situación en la empresa San Miguel donde el cambio varietal que se viene dando por el accionar de diferentes mercados, en particular el europeo que era un mercado tradicional y que ahora presenta complicaciones ya que los aranceles que se cobran hace que se inclinen al mercado americano, lo que conlleva a invertir en variedad y valor agregado (mandarinas) que prácticamente se vendió casi todas las plantaciones de árboles de naranja, lo que incide directamente en la fecha de terminación de la zafra, ya que estaría terminando 30 días antes de lo habitual, lo que por año se daba de seis o siete meses de zafra, hoy se viene concentrando entre cuatro y cinco meses y se está concentrando prácticamente en el 80% en mercado americano”.

Con respecto a la situación en el departamento de Salto con Citrícola salteña explicó que “hubo problemas en la floración donde hubo mucho aborto en la floración de la valencia, lo que generó que los árboles dieran poca producción, con lo que los volúmenes de fruta no dan”.

En concordancia con estas situaciones se les solicitó, tanto al ministro de Trabajo, como al director del BPS que “se hiciera una extensión del seguro de paro especial que desde el 2013 a la fecha y por años consecutivos se renovaba constantemente durante los gobiernos del Frente Amplio”.

El dirigente sindical señaló que, hasta la fecha, no han logrado obtener una respuesta “clara, solo se les ha dicho que se estaba trabajando, pero que la solución dependía del ministerio de Economía”.

Marcelo Di Paola agregaba que actualmente ya habían “muchos trabajadores que ya se encontraban en situación de fin de zafra por lo que están sin cobertura, hay atrasos con trabajadores a los cuales el 31 de mayo se les había terminado el seguro y que por los pocos volúmenes de futa que hubo no había trabajo para ellos, se le había acordado una prórroga del seguro, son trabajadores que por más que haya salido un decreto del ministerio no han podido acceder al cobro de la prórroga”.

Consultado sobre lo que significaría para los trabajadores, no poder acceder a la extensión solicitada, Di Pascua explicó: “A fin de mes se estaría liquidando el 100% donde quedarían más de 5000 personas de todo el litoral sin cobertura más allá de casos puntuales que pudieran llegar a computar los 150 jornales que se exige en 12 meses y que son casos aislados porque la mayoría de los trabajadores no estarían llegando a los jornales exigidos, lo que conlleva a que los que se encuentran sin cobertura en este año tan peculiar por la situación de pandemia, todos ellos quedarían sin ingresos económicos lo que repercute además de forma directa en la situación de sus familias”.

Al término de la entrevista el dirigente sindical afirmó: “en un momento de pandemia donde los más vulnerables precisan del Estado, lo que toda esta situación viene a mostrar claramente es justamente lo contrario: la ausencia del Estado”.