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Tribunal confirma amparo carcelario

Por Rafael Bayce.

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Caras y Caretas Diario

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El 2 de agosto, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Primer Turno confirmó la sentencia de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 2º Turno, dictada por el doctor Alejandro Martínez de las Heras (26/6/2017), apelada por el Ministerio del Interior. En dicha sentencia definitiva, ya inapelable, se confirman casi en su totalidad los contenidos de la acción de amparo demandada por el comisionado Parlamentario Penitenciario, doctor Juan Miguel Petit, en virtud de la ilegitimidad manifiesta de situaciones de trato cruel, inhumano y degradante en el módulo 8 del Complejo Carcelario Santiago Vázquez (ex-Comcar), que configuraban un área de alto riesgo vital, de emergencia humanitaria, según la Constitución, las legislaciones nacional e internacional vigentes en Uruguay. Dicha situación ameritaría un Programa de Tratamiento Individual para los afectados por la violación de los derechos humanos comprobada, como el previsto por la Regla 94 de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos, en el término de 30 días, debiendo elevarse informe de ello en 90 días al citado comisionado.   Una pequeña historia de la situación En la mañana del jueves 1º de junio, Petit recibió una denuncia de agravamiento de las pésimas condiciones de internación y convivencia en el módulo 8 de la Unidad Nº 4 del ex-Comcar, con grave déficit de alimentación, salud, higiene, agua y actividades socioeducativas. Acudió junto a un asesor al sector C2 y entró a las celdas 15, 17 y 18, verificando ocularmente las condiciones, conversando con los internos y tomando fotografías. Reproduzcamos partes del informe elaborado por Petit ese día y dirigido al SAI-PPL, al Instituto Nacional de Rehabilitación y a la Comisión Parlamentaria del Sistema Carcelario: “Si bien conozco y he denunciado en repetidas oportunidades las malas condiciones existentes en ese módulo, lo que encontré en esta oportunidad me resultó absolutamente desolador. Era notorio el estado de desnutrición de muchos de los internos. Se veía la desnutrición en la deteriorada forma de sus abdómenes, en la flacura de sus rostros y en su urgido pedido de alimentos. El color de la piel denotaba que hacía largo tiempo que no veían el sol. En algunas celdas el suministro de agua no era regular, no había ducha, el inodoro que debían compartir entre todos era deplorable, el agua se guardaba en pequeños recipientes plásticos, muchos de ellos duermen en el piso, sin colchones, a veces apenas sobre un cartón, la higiene es pésima, la iluminación lamentable, hace meses que no salen al patio, no tienen actividad de rehabilitación alguna y en las celdas no había elemento alguno de instrucción o recreación. En celdas hechas para tres internos había siete u once. Los pocos que tenían colchones los tenían en pésimo estado, sucios y rotos. En la celda 15 hay siete internos y tres colchones, por ejemplo. Sus ropas denotaban un abandono total. Los internos nos señalaron que hace muchos meses que la comida que les llega es totalmente insuficiente. Me dijeron que tienen hambre, y eso era notorio y obvio al ver sus rostros y cuerpos. Muchos de ellos no reciben visitas, por lo que también era notorio en las celdas que no tenían los habituales paquetes o complementos alimentarios que las familias acercan a los internos. No contaban con elementos de higiene. Muchos reclamaban médico por motivos diversos. Era evidente que varios de ellos requerían urgentemente atención de salud mental. Algunos dijeron que temían haber contraído tuberculosis. Varios reclamaban por su medicación o curaciones. Su desesperación era total. De lo señalado cuento con fotografías tomadas por mi persona en cada una de las celdas. También se nos dijo que los alimentos faltaban debido a la escasez de comida que llega al módulo, pero también por abusos de otros internos que robaban la comida o sometían de manera constante a internos quedándose habitualmente con sus alimentos”.   Conclusiones y recomendaciones del comisionado Las bases de la referida solicitud de un Programa de Tratamiento Individual acorde con las Reglas Mandela de la ONU para reclusos fueron las siguientes verificaciones: desnutrición extrema de larga data; falta de alimento por insuficiente flujo y acaparamiento abusivo celdario; llamativa falta de conocimiento e inacción de los funcionarios del módulo, que evidencia falta de compromiso, corrupción o ambos; destrucción biopsíquica de los internos y agotamiento de los funcionarios; constatación consensuada por ASSE y Dirección del centro, que llama a fortalecer reforma penitenciaria; agravamiento de situaciones de vulneración de derechos humanos descrita en el Informe Anual del comisionado, y situación anotada por visitas de organismos internacionales regionales y mundiales. Se solicita y recomienda: reforzar presencia de ASSE; servicio de salud cotidiano como mandan las reglas de ONU; control médico de todo el módulo 8; equipo médico inmediato para el sector C2; investigación administrativa para averiguar porqués de inacción y pasividad funcional en celdas 15, 16 y 17 del sector C2 del módulo 8 de la Unidad 4; plan nutricional y atención por salud mental por secuelas de las vulneraciones de larga data; reingeniería de la gestión penitenciaria del complejo, dividiendo la macroestructura inmanejable en unidades menores; réplica de experiencias positivas de la reforma penitenciaria; mayor dotación por el Ministerio del Interior al Instituto Nacional de Rehabilitación. Todo esto para que se vea que no fue sólo una denuncia solicitando amparo puntual, sino una instancia más en un conjunto de denuncias, sugerencias y recomendaciones más amplio y positivo, proactivo, amén de verificado por otros y compartido en buena parte.   Lo rechazado por la apelación Al confirmar la sentencia de primera instancia que dio lugar al amparo solicitado por el comisionado, la apelación no confirmó en su totalidad la petición de amparo, pero mucho menos aceptó las objeciones del Ministerio del Interior a la sentencia previa. Se consideraron sin objeto todas las peticiones del comisionado que referían a situaciones que ya habían experimentado una mejoría inmediatamente anterior a la comprobación de las vulneraciones, y a las que motivaron una fuerte reacción de las autoridades con traslados de módulo, refuerzo alimentario, cesión de objetos para aseo y abrigo; además, se tomaron medidas de salud mental y física acordes a cada caso individual. Por ello, no se condena al Ministerio del Interior, ya que los programas de tratamiento individual solicitados con el amparo no referían tanto a una situación de vulnerabilidad y emergencia humanitaria que impliquen ya un ‘riesgo actual’, sino más bien a un ‘riesgo inminente’ a reducir por medio de programas de tratamiento individual en línea con la Regla 94 de ONU, legislación internacional, nacional y jurisprudencia. Riesgo inminente y ya no actual acreditado, en un juicio sumario como el de amparo, por ‘ilegitimidad manifiesta’ documentada. Pero sí parecían casi únicos recursos para el amparo en el momento de su requisitoria judicial. Pero así como se rechazaron algunas peticiones de la parte actora en la acción, se rechazaron muchas peticiones de la apelación por parte del Ministerio del Interior: se consideró legítima la acción de amparo iniciada por el comisionado, en ejercicio de sus funciones legales para las que fue designado y, por otra parte, acción deducible por cualquiera si se dan las condiciones para hacerlo, que se darían en el caso, según el tribunal: lesión de un derecho fundamental de rango constitucional; algo que ocasiona daño grave, inminente e irreparable; ilegitimidad manifiesta de la acción u omisión; inexistencia de otra vía para evitar el daño. También se rechaza la apelación ya que la intervención judicial no vulnera el principio de separación de poderes ni viola el principio de igualdad.   Separación de poderes, control mutuo y sinergia macro Quizá lo más importante desde el punto de vista sociopolitológico es el hecho de que la buena gestión gubernamental de los Estados radica en un delicado equilibrio entre la sinergia orgánica entre los poderes separados del Estado y sus obligaciones de mutuo control. La mejor gestión de la delincuencia y la seguridad se logra mediante la legislación abstracta a cargo del Parlamento, la individualización de la legislación en torno a casos reales por el poder judicial, y la ejecución de las leyes y las sentencias por el Ejecutivo. Pero no sólo hay una división del trabajo que origina poderes separados: también debe haber controles mutuos, pesos y contrapesos, sin perjuicio de la sinergia que se produce más allá de la separación y de los controles mutuos. Ninguna parte del Estado debe resentirse ni ofenderse, técnica o políticamente porque otra parte lo controle de acuerdo a normas objetivas y dentro de competencias y jurisdicciones legales y legítimas. El episodio de la solicitud de amparo nos debe dejar la enseñanza, más allá de la anécdota y del melodrama mediático presenciado, de que la mejoría en la situación de los presos hacinados y vulnerados se produce por la sinergia entre una instancia de control parlamentario del Ejecutivo, una medida judicial de apoyo a una instancia manifiestamente ilegítima denunciada por el Legislativo respecto del Ejecutivo y de una serie de medidas tomadas por el Ejecutivo que permitieron no sólo descartar el riesgo actual por uno inminente, sino la mejoría real de la situación y la perspectiva de mejorías ulteriores, tales como la prevista reducción drástica del hacinamiento carcelario por la nueva unidad de Punta Rieles. Más allá de la separación y ríspidos controles mutuos, el funcionamiento del Estado construye sinergias constructivas. No hay que olvidarlo para trascender rispideces aparentes, en realidad parte de las leyes del juego en Estados de derecho, democracias republicanas con separación, mutuo control y sinergia de sus poderes constitutivos.

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