Por Javier Zeballos Gracias a la presión de organismos internacionales como la ONU, desde inicios del mes de enero fue trasladada a una prisión “domiciliaria”, aunque no se halla en su casa, sino que se la confinó en una vivienda ubicada a decenas de kilómetros de la capital provincial. Ese destino, según denunció la propia Milagro Sala en un escrito, “ha violado nuevamente lo que ordenaron la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema de la Nación, porque mi domicilio es en calle Gorzdaliza 1711, del barrio Cuyaya, en San Salvador de Jujuy”, dejando en claro que el gobernador, Gerardo Morales, no quiere tener a la presa política más importante de la Argentina actual en plena ciudad capital, en un domicilio que queda a poco más de diez cuadras de la sede de gobierno y frente al cual se manifestarían diariamente muchas personas exigiendo su libertad. Milagro Sala sólo puede recibir visitas los días martes y jueves y la Gendarmería Nacional, que custodia fuertemente la casa rodeada de altos muros con alambres de púas y hasta vallas, aunque es una zona rural, exige a quienes la visitan que brinden el código IMEI de sus teléfonos móviles. IMEI significa “Identidad Internacional de Equipo Móvil” y es un número de 15 cifras que permite ubicar el teléfono cada vez que se conecta a la red. También se utiliza para bloquearlo. A eso se le suma un control policial en la ruta. Sala se encuentra recluida con su esposo, Raúl Noro. Además, hay otros seis integrantes de la Tupac Amaru que se encuentran en prisión: cuatro mujeres (Mirta Aizama, Mirta Guerrero, Gladis Díaz y María Graciela López) y dos hombres (Alberto Cardozo y Javier Nieva), los que han sufrido todo tipo de apremios y acosos. Un racconto mínimo de cada una de las causas de estos presos políticos deja en evidencia el “surrealismo” de la persecución y la actuación judicial que se viene viviendo en Jujuy. Por ejemplo, Alberto Beto Cardozo trabajó como empleado del Consejo Deliberante, fue congresal del Partido Justicialista, secretario privado de un diputado provincial y funcionario municipal hasta que fue designado como secretario del bloque Unidos y Organizados en la Legislatura provincial. También fue dos veces candidato a diputado. En 2007 creó la organización barrial Tekuré, que después se integraría a la Red de Organizaciones Sociales que lideraba la Tupac Amaru. Según las crónicas que han seguido su caso, ese mismo año, en medio de una interna futbolística, lo atacaron a balazos. Salió ileso, pero resultó herida una niña de 11 años. La investigación demostró que Cardozo no estaba armado. Cinco años después, la Justicia ordenó la detención de los dos atacantes que habían sido plenamente identificados, Fabián Chato Ávila y Jorge Loco Páez, pero la policía nunca los detuvo porque adujo que no pudo dar con sus paraderos. En 2016, tras la detención de Milagro Sala, aquella causa volvió a ser reflotada de improviso y Páez, que estuvo ocho años prófugo por ser uno de los atacantes, apareció y declaró haber sido contratado por Milagro Sala para matar a Beto Cardozo, su compañero de militancia en la Tupac Amaru. Por ese único testimonio, Milagro Sala y Beto Cardozo fueron ambos imputados por tentativa de homicidio: ella supuestamente por haber instigado el ataque y él porque presumiblemente se habría defendido a tiros. Aunque usted no lo crea, como decía Ripley. Ayer y hoy Recorrer hoy el barrio Alto Comedero, en las afueras de la capital de San Salvador de Jujuy, es deambular por un paisaje desolador. Ubicado en la periferia sur de la capital, fue una zona que en el último cuarto del siglo XX se fue transformando en un asentamiento. En los años 90, tras las políticas neoliberales de Menem, se fue llenando de desocupados, que se incrementaron con la crisis de 2001. En la zona más alejada del barrio, junto a la ruta Nº 9, fue donde la organización Tupac Amaru, liderada por Milagro Sala, logró construir más de 6.000 viviendas para las familias de más bajos recursos. Recorrí ese barrio en el año 2011. El contraste con la situación actual es nítido, en algunos aspectos, brutal. En aquel año se seguían construyendo viviendas para familias que por primera vez accedían a una casa digna con paredes de bloque, de revoque prolijo y techo de planchadas a dos aguas. Cada una estaba coronada por un tanque de agua negro con la efigie del Che, Evita o Tupac Amaru, pintada en blanco, lo que les daba un aspecto contracultural y rebelde característico. Hoy, junto a algunos murales que reivindican la cultura de los pueblos originarios, son el único símbolo de aquel momento en el que la organización había logrado no sólo construir más viviendas que las que jamás había realizado gobierno provincial alguno, sino crear un barrio con iluminación, calles, veredas y plazas. Allí destacaban el centro de salud, la escuela, el liceo, el centro cultural, la fábrica de bloques, la fábrica textil donde se confeccionaban uniformes, la guardería con atención pedagógica especializada o la piscina cerrada y climatizada, especialmente diseñada para personas con discapacidad, algo que aun hoy no existe en nuestro país, ni siquiera en el más selecto club privado. En el centro del barrio, en una plaza de casi cuatro hectáreas, funcionaba el mayor centro acuático de todo el norte argentino, con dos inmensas piscinas comunitarias que hoy se encuentran en total abandono, sin agua y con roturas evidentes en sus instalaciones. Son un signo elocuente de lo que ha sido la intervención y la represión que recayó sobre Milagro Sala y la Tupac Amaru. En el edificio de la plaza, donde funcionaban los vestuarios de esas piscinas, el gobierno instaló una comisaría policial. El Centro de Salud se encuentra cerrado con los vidrios tapados por diarios, lo mismo en el local del Centro Cultural, que también fue intervenido. La fábrica de bloques fue clausurada al igual que la textil. En todo el barrio son visibles las huellas, no hay mantenimiento de las calles ni de la iluminación y el pasto crece en las veredas. El espacio de la plaza, con el gran monumento que replica la Puerta de Tiahuanaco, en Bolivia, no recibe ningún mantenimiento y es una pálida imagen del centro ceremonial que supo llenarse de color y de gente. Los tarifazos, los recortes salariales y la desocupación se vuelven a sentir en los habitantes del barrio. Desde la detención de Milagro Sala, el 16 de enero de 2016, la política del gobernador Gerardo Morales ha sido la persecución constante hacia la organización popular. El gobierno de la provincia de Jujuy está en manos del Partido Radical, en alianza con el macrismo, a la vez tiene a Carlos Haquim, del Frente Renovador (de Sergio Massa) como vicegobernador.
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- Varios de los abogados defensores de Milagro Sala, que trabajaban asesorando legalmente a la Asociación Civil Tupac Amaru, quienes además tenían una trayectoria en la defensa de los derechos humanos en la provincia, fueron cesados en sus trabajos con el Estado, en otro claro hecho de persecución laboral, política e ideológica.
Justicia adicta Una de las causas por la que se encuentra presa Milagro Sala es por el acampe que cientos de personas realizaron frente a la sede de la gobernación en la plaza principal de la ciudad de Jujuy. Pero en la causa no intervino un juez del Poder Judicial, sino un juez contravencional (similar a lo que en Uruguay es la Ley de Faltas, que en nuestro país sí está a cargo de un juez del Poder Judicial). Esto significa que el “juez” actuante, Ustares Carrillo, no es un juez, sino un funcionario administrativo del gobierno provincial, dependiente del gobernador, quien es el principal instigador en la causa. Este funcionario intervino en la causa luego de que un fiscal no encontrara delitos por la manifestación frente a la sede de gobierno. Esa es la “Justicia” que sentenció a Milagro sala, la que declaró la clausura de la Asociación Civil Tupac Amaru (quitándole su personería jurídica), a la vez que impuso una multa a la Asociación Civil y otra a la propia Milagro. Con el agravante, además, de que le prohibió participar por tres años y seis meses en cualquier asociación, ya sea civil, cultural, social o política. Casualmente ese era el tiempo exacto, al momento de la sentencia, que restaba para la finalización del mandato del gobernador Morales, que culminará en el año 2019. Aun así, tal sentencia llegó a una instancia de revisión que, en primera instancia, la revocó totalmente indicando que no había fundamento y que había existido violación de las garantías del debido proceso. Sin embargo, el gobierno provincial la elevó al Superior Tribunal, en donde logró revertir la anulación decidida. Ese Superior Tribunal está integrado por exdiputados del Partido Radical, el partido del gobernador Morales, quien en la primera semana, tras asumir el cargo, reformó la composición de la Corte Suprema de Jujuy sólo con los votos oficialistas, en una sesión irregular, mediante la ampliación de cinco a nueve jueces. “Para los nuevos puestos, nombró a los mismos legisladores de su partido que habían votado a favor de la ampliación, además de ubicar a parientes del su vicegobernador en puestos claves del Poder Judicial”, como lo consignó la periodista Irina Hauser. De esa manera, Morales designó entre otros, a Pablo Baca, Beatriz Altamirano y Federico Otaola, exdiputados de la Unión Cívica Radical, quienes a las pocas horas de votar la ley de ampliación de jueces para la Corte, renunciaron a sus bancas y al otro día estaban jurando en la función de jueces supremos. Así, el nuevo gobernador revirtió una integración de cinco miembros, en los que eran mayoría quienes habían sido designados por el anterior jefe provincial, para pasar a tener mayoría automática “radical” y establecer una corte adicta.