Un voto por la democracia

Este domingo tenemos que decidir sobre muchas cosas con un solo voto. Por cierto hay que decidir sobre los 135 artículos impugnados, pero también sobre una forma de gobernar que, en mi humilde opinión, no solo es inaceptable en términos constitucionales, es inadmisible en sentido moral: no se puede legislar así. No se puede utilizar la oportunidad de ejercer el poder para arrear con el poncho a todo el mundo, como si no tuviéramos derecho, con independencia de identificaciones políticas, a saber lo que se nos propone, a estudiar con detenimiento los cambios que afectan a nuestras vidas y a decidir con calma, tras un procedimiento sereno de diálogo, negociación y, en última instancia, votos de los representantes.

Este referéndum antes de la mitad del mandato se produce, en primer lugar, porque el presidente eligió el camino de la soberbia y la desestimación de los uruguayos que no lo votaron. Actuó desde el principio como si gozara de un respaldo descomunal, sin la humildad que aconsejaba la conciencia de que había ganado por un puñado de votos y en segunda vuelta. Acaso Lacalle Pou creyó que este era un juego de todo o nada, en el cual una ventaja exigua era lo mismo que un triunfo apabullante. Pero se equivocó y a partir del lunes, mucho más allá del resultado, es imperativo que revise su conducta y comience a considerar la legitimidad de los otros, los cientos de miles de uruguayos que no adhieren a su proyecto de hondas raíces conservadoras y neoliberales y que también existimos y tenemos derecho a ser oídos y tomados en cuenta.

Desde el arranque, este gobierno, y especialmente su presidente, eligió gobernar en una lógica de unos contra otros. Como si conducir Uruguay fuera una lucha contra un enemigo interno. Gobernar con rencor, con profundo desprecio por las organizaciones sociales, por el Frente Amplio, por los últimos 15 años, pero sobre todas las cosas, con un profundo desprecio de clase. Solo en esa lógica de razonamiento puede comprenderse que hayan dedicado tanto tiempo y esfuerzo a la persecución, al hostigamiento organizado, al denuesto de los opositores, como si fueran enemigos a suprimir, a erradicar o, en su defecto, a ignorar olímpicamente.

Este domingo hay que resolver también sobre esas cosas. Porque la semana que viene sigue gobernando el mismo presidente, los mismos ministros y las mismas mayorías parlamentarias. Porque le quedan tres años de mandato y tres años es un montón de tiempo, más tiempo que el tiempo que lleva gobernando. Y es absolutamente indispensable que cambie su tesitura, que se baje del caballo de la arrogancia y desista de su obsesión por ensanchar una grieta que, en el seno de la sociedad, termina por afectar la convivencia cotidiana de la gente, envenenada por un odio absurdo e inconducente.

Se han vertido muchos argumentos sobre los artículos de esta ley, de esta mala ley en su contenido y peor aún en su gestación. Pero el argumento definitivo para anularlos no estriba ya en los cambios perniciosos introducidos en ella, sino una consideración central sobre el sentido de la democracia. Imaginemos qué sucedería si cada gobierno nuevo eligiera este procedimiento previsto para otros fines, para llevar adelante su programa total. Imaginemos un país donde, cada cincos años, un nuevo gobierno enviase una norma de 500, de 1.000, de 2.000 artículos sobre 50 o 100 temas que atañen al Estado y a la vida social. Imaginemos ese instrumento en manos de cada presidente, en las primeras semanas de se mandato, usado a discreción, cuando sabemos que se aprueba por defecto, es decir, sin necesidad de pronunciamiento de las cámaras, después de un tratamiento ridículamente corto, sin otra posibilidad de pataleo que salir a juntar 800.000 firmas en seis meses, para tener la chance de pronunciarse, aunque sea por un conjunto de sus artículos.

Esa no es la forma de cambiar, esa no es la forma de gobernar. Eso solo puede servir para destruir las bases mismas de nuestra democracia y cultivar el desencuentro, la incertidumbre y el odio.