WOLA define tareas y acciones que Biden debería atender hacia América Latina

En la introducción del estudio se resalta cómo a partir de una “serie de órdenes ejecutivas y una propuesta de ley de reforma migratoria, el gobierno de Biden dejó claro en su primer día en el cargo que está iniciando un giro de 180 grados respecto a los años de Trump en muchas áreas políticas”.

Un resumen de estas acciones de “la primera hora”, destaca que Biden “puso en pausa el muro fronterizo, suspendió las nuevas inscripciones en “Quédate en México” (Remain in Mexico), restableció el programa de Obama para menores centroamericanos (Central American Minors Program), limitó las detenciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y detuvo las deportaciones durante 100 días. La Casa Blanca también presentó un proyecto de ley de reforma migratoria que ofrece nuevas vías para la ciudadanía (incluyendo a los beneficiarios de los programas humanitarios Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), mientras deshace las prohibiciones a los ciudadanos de países principalmente musulmanes, y aborda las causas fundamentales de la migración, entre otras medidas”.

Todos ellos han sido calificados como unos “primeros pasos” que son “bienvenidos”.

Sin embargo, agrega el estudio, considerando los daños profundos que produjo la política exterior durante el mandato de su antecesor, es necesario avanzar hacia un proceso de reconstrucción de “la capacidad del gobierno estadounidense de apoyar y proteger” a quienes defienden derechos humanos y principios democráticos.

Una “tarea”, cuyo punto de partida está en los propios Estados Unidos, quienes deben “defender los principios democráticos básicos dentro de sus propias fronteras”, destaca el documento, en referencia a lo que denomina “ataque sin precedentes del 6 de enero”, ocasión en que una turba intentó hacerse del control del Congreso e impedir la proclamación de Joe Biden.

“Las instituciones de los Estados Unidos resistieron un ataque sin precedentes el 6 de enero: El presidente Trump y la turba que atacó el Capitolio fracasaron en su violenta misión de interrumpir el proceso electoral. El Congreso y el sistema judicial están buscando diversas vías para que los implicados rindan cuentas. Garantizar que no haya impunidad por los oscuros sucesos de ese día enviará un fuerte mensaje sobre la resistencia de las instituciones estadounidenses frente a las amenazas autoritarias”.

Esto ha sido considerado por WOLA como un mensaje crucial, entendiendo que, por su intermedio, es posible avanzar hacia un reajuste de la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina.

“El gobierno de Trump dañó la capacidad del gobierno estadounidense para desempeñar una función constructiva en el fomento de las normas democráticas. Es difícil para el cuerpo diplomático estadounidense exigir al presidente Nayib Bukele de El Salvador que deje de atacar a los periodistas, o a las autoridades de Guatemala que protejan, y no acosen, a los funcionarios de justicia independientes; o al presidente Jair Bolsonaro de Brasil que se abstenga de hacer acusaciones infundadas de fraude electoral, cuando el presidente Trump normalizó el mismo comportamiento”, destaca el estudio de la organización.

Con relación a los efectos negativos de la administración anterior el estudio señala que “Trump ayudó a sacar a relucir las peores tendencias de los líderes de toda América”, razones por las cuales, el nuevo gobierno de Biden “debe establecer otro camino hacia adelante, a través de políticas estadounidenses que se centren en el respeto de los derechos humanos, la defensa del estado de derecho y la transparencia y la rendición de cuentas. La promoción del desarrollo económico equitativo y la superación de la desigualdad extrema; con un enfoque en aquellos desproporcionadamente afectados por la pobreza, incluyendo las comunidades negras, indígenas y rurales; debe ser otro enfoque, especialmente a la luz del impacto económico de la pandemia del COVID-19”.

En su extenso análisis, WOLA ha definido una serie de prioridades, sobre las cuales dirigirá su accionar en el correr del presente año, en un intento de avanzar en la mitigación de los efectos negativos de la política exterior norteamericana anterior y contribuir al avance para una nueva arquitectura de relaciones diplomáticas y de colaboración.

“Como defensores de los derechos humanos que trabajan en colaboración con líderes de la sociedad civil en América Latina, el trabajo de WOLA este próximo año no sólo se centrará en presionar para revertir rápidamente el dañino legado del gobierno de Trump en América Latina. Defenderemos la necesidad de colocar los derechos humanos, el estado de derecho y la equidad en el centro de enfoque del gobierno estadounidense hacia la región. Haremos énfasis en el rol constructivo que el gobierno estadounidense puede desempeñar en el apoyo a los esfuerzos de la sociedad que buscan construir la gobernabilidad democrática, derribar la corrupción sistémica, promover la equidad y la igualdad (incluyendo la justicia racial, de género y climática), y asegurar la paz.

Nuestro trabajo comienza ahora con presionar al gobierno de Biden para que dedique su primer año a prioridades clave, con el fin de mitigar las consecuencias duraderas del liderazgo inexistente del gobierno de Trump en materia de derechos humanos en América Latina”.

Para la organización, es necesario que el gobierno de Biden atienda las áreas siguientes: contra el autoritarismo y en defensa del espacio cívico, una nueva estrategia de atención a la pandemia de COVID-19, cambios en la política migratoria y fronteriza, cambios en las relaciones con México, Centroamérica, Venezuela, Cuba y Colombia, así como, una revisión de la política de drogas.

Con respecto a cada una de estas áreas se consideran vitales las acciones siguientes: desarrollar “la diplomacia privada y pública, enviar mensajes firmes de que el gobierno de Biden se preocupa por defender el espacio cívico y desalentar las prácticas autoritarias (…) desempeñar un rol de liderazgo en las intervenciones humanitarias ante la crisis del COVID-19 en América Latina (…) establecer y equipar con personal las instalaciones temporales cerca de los puertos de entrada a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, para procesar mejor a los solicitantes de asilo de forma humanitaria (…) trabajar con el gobierno mexicano para desarrollar un plan para poner fin al programa “Quédate en México” y abordar el desastre humanitario causado por esta política”, mientras que, en el capítulo de Centroamérica se deben “enviar mensajes claros, fuertes y consistentes de que el apoyo al estado de derecho y a los esfuerzos anticorrupción son una prioridad absoluta”.

“El gobierno de Biden debe dejar claro desde el principio que el estado de derecho, la gobernabilidad, los derechos humanos y los esfuerzos anticorrupción serán el centro de la política estadounidense hacia Centroamérica. Esto debe ser comunicado de forma clara y contundente desde la Casa Blanca, el Departamento de Estado y en las reuniones entre diplomáticos y otro personal del gobierno. Cuando haya esfuerzos por parte de los actores corruptos para obstaculizar los esfuerzos anticorrupción y apropiarse del sistema de justicia, los funcionarios estadounidenses tendrán que responder de forma contundente y rápida, con el fin de enviar el mensaje de que las autoridades estadounidenses no se hacen de la vista gorda”, resalta el estudio de WOLA.

El estudio agrega lo que define como “otras acciones clave a corto plazo”, entre las que se incluirían: “Emitir una declaración pública en la que se deje claro que la anticorrupción y el buen gobierno estarán en el centro de las relaciones de Estados Unidos con Centroamérica y comprometerse a garantizar que la ayuda y la tan necesaria asistencia humanitaria irán acompañadas de fuertes medidas anticorrupción”, el nombramiento de “un enviado especial sobre la corrupción en Centroamérica”, así como la designación urgente de embajadores en Honduras y El Salvador, que tengan “un sólido historial, y compromiso a, la protección de los derechos humanos, la promoción del estado de derecho y la lucha contra la corrupción”.

Corresponderá, al gobierno norteamericano, el compromiso de “publicar y actualizar frecuentemente una lista de personas de Guatemala, El Salvador y Honduras que estén implicadas en actos de corrupción significativos y en el debilitamiento de las instituciones democráticas, y asegurarse de que se les niega la entrada en Estados Unidos”, así como, el uso de “todas las herramientas disponibles para emitir sanciones selectivas contra individuos acusados de corrupción significativa y de socavar el estado de derecho”.

Con respecto a Venezuela, el estudio es enfático al señalar la importancia de “afirmar clara e inequívocamente que el gobierno de Estados Unidos no apoya la intervención militar en Venezuela” y en consecuencia estimular las coordinaciones necesarias para restablecer relaciones de negociación creíbles.

“Las conversaciones de 2019 en Oslo y Barbados, facilitadas por diplomáticos noruegos, fueron las negociaciones más creíbles hasta ahora entre el régimen de Maduro y la oposición. El gobierno de Estados Unidos debe ofrecer un total apoyo a estos esfuerzos y mantenerse estrechamente comprometido con los diplomáticos noruegos”, destaca el informe.

WOLA recomienda, también, se convoque a “un grupo de trabajo con varias agencias para revisar las sanciones a Venezuela y acusaciones relacionadas”.

Este grupo de trabajo, destaca el análisis de la organización, debería tener como objetivo “reformar la política de manera que se alivie la crisis humanitaria de Venezuela y se contribuya eficazmente al retorno a la democracia. Este grupo de trabajo también debería recomendar formas de avanzar en una estrategia de sanciones individuales más coordinada a nivel internacional, así como garantizar que cualquier acusación de figuras clave del régimen no suponga un obstáculo para la transición”.

En lo que se refiere a las relaciones con Cuba, el estudio es enfático: se deben “entablar relaciones diplomáticas con Cuba”.

“El compromiso diplomático fue uno de los aspectos más exitosos de la apertura del gobierno de Obama hacia Cuba. El presidente Trump lo cerró casi por completo. La reanudación del compromiso diplomático es un primer paso necesario para reparar el daño y Estados Unidos debería tomar la iniciativa para reiniciarlo”.

Para el avance en esta dirección se recomiendan otras series de acciones entre las que destacan: “retirar a Cuba de la lista de “patrocinadores estatales del terrorismo” iniciando inmediatamente el proceso de revisión del Departamento de Estado, enviar un mensaje personal del presidente Biden al presidente Díaz-Canel, expresando el interés de los Estados Unidos en construir una relación productiva, cubrir puestos en la embajada estadounidense en la Habana y dejar a Cuba cubrir puestos en su embajada en el Distrito de Columbia, supervisar las cuestiones de salud y seguridad del personal estadounidense, poner fin a la prohibición de que el personal del gobierno estadounidense viaje a Cuba en misión oficial y restaurar las regulaciones clave del comercio y del Departamento del Tesoro a donde estaban antes de la presidencia de Trump”.

WOLA considera que “el enfoque más simple y directo para Biden es revertir las sanciones de Trump en una sola acción: restaurar las Regulaciones de Control de Activos cubanos (CACR, por sus siglas en inglés) y las Regulaciones de Administración de Exportaciones (EAR, por sus siglas en inglés) con respecto a Cuba a su estado del 20 de enero de 2017”.

Acción esta que facilitaría a “las familias radicadas en Estados Unidos (…) volver a enviar remesas de dinero en efectivo sin restricciones a Cuba”, al tiempo que se elimine a empresas cubanas que hoy se encuentran en la lista de “entidades restringidas” del Departamento de Estado, lo que impide a los ciudadanos estadounidenses hacer negocios con ellas.

Del mismo modo permitir que” las líneas de cruceros, los barcos privados, las aerolíneas comerciales y las aerolíneas chárter con sede en Estados Unidos” puedan “volver a transportar pasajeros a Cuba”.

Es prioritario, destaca el informe que, para el desarrollo de una nueva diplomacia se relancen “los grupos de trabajo entre Estados Unidos y Cuba que fueron suspendidos en los últimos cuatro años sobre temas importantes para ambos países”.

Estos grupos de trabajo abarcaron, mientras funcionaron, temas relativos a “cooperación ambiental, asuntos de la aplicación de la ley, el tráfico humano, y otras, incluso un grupo sobre derechos humanos. Estos grupos de trabajo entablaron diálogos importantes, e hicieron importantes avances en áreas que son relevantes a los intereses de los Estados Unidos. Estos grupos deben reanudar su labor”, resalta el documento.