Aborto legal, seguro y gratuito

Presidencia organizó una conferencia de prensa virtual con medios de distintos departamentos del país para periodistas que no pueden ir a Torre Ejecutiva todos los días.

Víctor Hugo Acosta, que es pastor en la Iglesia Ministerio Evangélico Jeremías de Paysandú y conduce un programa en radio Felicidad, le consultó al presidente Lacalle Pou qué acciones iba a tomar para que no se hagan más abortos en el país, porque es una situación “muy grave” que “solo tiene en cuenta los derechos de una parte” y además, dijo, hay que tener en cuenta el problema de la natalidad.

El mandatario contestó que todo su equipo entiende que “Uruguay debe tener una fuerte protección a los niños por nacer, que hay que tener una política de desestímulo de los abortos”.  Mencionó también que la legislación de Uruguay entiende que hay vida desde la concepción.

Frente a esta afirmación, Lilián Abracinskas, directora de Mujer y Salud Uruguay (MYSU), puntualizó en su cuenta de Facebook que ni en la Constitución ni en el marco jurídico del país existe el sujeto “niño no nacido”. Por ley se puede registrar a un bebé de forma civil a las 24 horas de nacido vivo.

“Un niño que no ha nacido tiene derechos”, sentenció Lacalle Pou, y aclaró que sin perjuicio de la ley vigente, que es consecuencia de la voluntad parlamentaria y popular, su gobierno tiene “una agenda provida”. ¿Cómo, si no es a través de la derogación de la ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo, se puede impulsar una agenda antiaborto?

Abracinskas aseguró que “genera mucha preocupación que se declare que será un gobierno provida cuando el movimiento provida históricamente ha actuado en contra de los derechos básicos de las mujeres”. Como una premonición, opina ahora, hace unos meses dijo en diálogo con Caras y Caretas que el gobierno no iba a intentar derogar la ley vigente, sino que iba a elaborar mecanismos, mano a mano con los grupos antiderechos del país, para truncar los procesos dentro de los centros de salud.

Los grupos antiderechos que existen en Uruguay tienen, en su mayoría, bases religiosas. De acuerdo a una investigación de MYSY, se constata que algunas de sus lógicas discursivas incluyen desprestigiar a las organizaciones sociales proderechos, asegurar que reciben financiamiento internacional y quieren ejercer el control poblacional mediante el aborto. En general, dejaron los discursos religiosos para transformarlos en pseudocientíficos.

La presión que ejercen, aseguró Abracinskas, tranca políticas y proyectos en materia de educación sexual, salud sexual y reproductiva y diversidad sexual. En esa misma entrevista, realizada en el mes de febrero de 2020, la activista aseguró que estos grupos estaban generando proyectos de ley de modificación constitucional para reconocer que hay persona desde el momento de concepción, que es lo que han hecho en otros países para negar el derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres.

Varias figuras de las iglesias evangelicalistas y pentecostales se nuclean en el Partido Nacional. De acuerdo a una investigación de Nicolás Iglesias publicada en la diaria, en el Parlamento hay 19 personas que tienen una agenda conservadora moral. Entre ellas, destacan Gerardo Amarilla y Álvaro Dastugue, que forman parte de la llamada “bancada evangélica”; los políticos católicos conservadores Rodrigo Goñi y Sebastián Andújar y los representantes de Cabildo Abierto.

Informar, no impulsar

En la conferencia de prensa Lacalle Pou destacó también ejemplos internacionales de acercamiento entre personas gestantes que no desean “ser madres” y familias que quieren adoptar, algo que su gobierno quiere estimular.

De acuerdo a la Ley 18.987 (2012) de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que busca asegurar el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos y garantizar el derecho a la procreación consciente y responsable, uno de los requisitos del proceso es que el equipo interdisciplinario informe (no estimule) a la mujer sobre alternativas al aborto, incluyendo programas de apoyo social y económico y la posibilidad de dar al hijo en adopción.

A nivel internacional, las organizaciones feministas que luchan por el derecho al aborto denuncian que esta visión convierte a las mujeres en incubadoras de bebés, porque se habla de que transiten un embarazo que no desean como si no tuviese implicancias físicas y psicológicas, como si fuese un simple trámite. Además, esta perspectiva pondría sobre la mesa la maternidad subrogada o alquiler de vientres, un debate en auge en todo el mundo.

Reacciones

Las repercusiones en redes sociales fueron inmediatas. Militantes feministas y personas sensibilizadas con el tema compartieron fotos de los carteles anaranjados que caracterizaron la campaña de 2012 con frases como “Nuestros derechos no se negocian”.

Varios colectivos y organizaciones se pronunciaron. Desde MYSU compartieron un video de la conferencia y reprodujeron las palabras de Abracinskas sobre que las mujeres son sujetos de derechos y eso no puede violentarse de forma alguna.

El equipo de Colectivo Catalejo recordó que desde la despenalización del aborto las muertes maternas desaparecieron y denunció que el discurso del niño por nacer “oculta, deslegitima, ofende y mata”.

Cotidiano Mujer remarcó el carácter laico del Estado, igual que Catalejo, y expresó “profundo rechazo” a los dichos del presidente, a quien también recordó su deber de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, entre los que se encuentran los derechos sexuales y reproductivos.

“Los discursos de odio promovidos por la política restauradora se vienen instalando desde hace tiempo en la región y se consolidan cuando su llegada al poder es concreta”, sentenciaron las integrantes del Encuentro de Feministas Diversas: “Como parte del movimiento feminista no nos tiembla la voz: la educación sexual integral no se cuestiona, la ley por la interrupción voluntaria del embarazo no se toca”.

La clase política también se pronunció. Carolina Cosse, senadora por el Frente Amplio, tuiteó: “Muy malas señales está dando el presidente. Primero señala la violencia de género como daño colateral, luego que el gobierno es provida, una definición perniciosa. Todos somos partidarios de la vida. El gobierno debe garantizar el ejercicio de los derechos”.

Fabiana Goyeneche, directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, se expresó por la misma red social: “Se escribe provida, se dice antiderechos. Estaremos alertas y unidas; ninguna mujer sin poder decidir sobre su propio cuerpo”.

El intendente de Montevideo, Christian Di Candia, reaccionó: “Tantos hombres juntos hablando sobre desestimular el aborto; ¿habrán pensado primero en la vasectomía?”.