Abuso: Cuestión de poder

Por Isabel Prieto Fernández y Mauricio Pérez   En el primer semestre de 2017, el Servicio Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) del INAU atendió 2.441 situaciones de abuso contra niños, niñas y adolescentes, de las cuales 443, se sospecha, fueron casos de abuso sexual, según informó la coordinadora del servicio, María Elena Mizrahi, a Caras y Caretas. Esos datos hacen prever un aumento de los casos con relación a 2016: durante todo el año pasado el Sipiav atendió 2.647 casos. Según un artículo del psicólogo Andrés Caro Berta -publicado en la página web de la Sociedad Uruguaya de Sexología-, las consecuencias de los abusos sexuales “siempre son graves; a largo plazo, en la adultez, dificultades para establecer una pareja estable, disfunciones sexuales, trastornos psicosomáticos, trastorno de la personalidad, dificultades para identificarse con su propio sexo, depresión, ansiedad, baja autoestima, fobias sexuales, incapacidad de tener orgasmos, ir hacia la prostitución, ser víctimas de violaciones”. A esto se agrega una posibilidad: “tender a convertirse en abusador o abusadora”. Sin embargo, la mirada de la sociedad suele enfocarse únicamente en situaciones puntuales de este problema. Casos de niñas o niños, en edad escolar, abusados y luego asesinados por un abusador o varios. Los casos de Valentina Walter y Brissa González, en los últimos días, y de Felipe Romero, en abril, generaron la indignación de la sociedad. Y esa indignación se reflejó en la proliferación de pedidos de reformas legislativas en procura de mano dura con los responsables. El primero en pronunciarse fue el senador Jorge Larrañaga (Partido Nacional, PN), en el programa Todo pasa, de Océano FM. Larrañaga pidió la cadena perpetua para los casos de violadores y homicidas de menores de edad. Casi en forma inmediata se pronunció la senadora Verónica Alonso (PN), quien planteó “estudiar” la pena de castración química para los violadores sexuales de menores. Sin embargo, la propuesta que comenzó a vislumbrarse es la creación de un registro nacional de abusadores.   Triste final Valentina Walter desapareció el domingo 12. Fue a buscar a su hermano menor que estaba jugando en un campito a 30 metros de su casa, pero no volvió. Ese día, Valentina cumplía nueve años. Tras una intensa búsqueda por parte de familiares, vecinos y efectivos de la Policía y del Ejército, su cuerpo sin vida fue hallado a 250 metros de su casa, en una cantera. Un vecino que participaba en la búsqueda se quebró y confesó su responsabilidad en el crimen. Valentina fue abusada y asesinada. El juez letrado de Rivera, Gaspar Ardao, dispuso una medida cautelar de privación de libertad por 90 días para este hombre y otro, como los presuntos autores del crimen. La fiscal Verónica Bujarín recopila una serie de pruebas para, en los próximos días, presentar su acusación contra ambos e iniciar el juicio oral. Brissa González tenía 12 años. El lunes 20 no concurrió a la escuela y nada se supo de ella. Tras la denuncia presentada por la madre, la Policía inició una intensa búsqueda de su paradero. La imagen de una cámara de seguridad de una panificadora brindó la primera pista; horas después, un hombre (WPP, de 35 años) fue detenido por su presunto vínculo con la desaparición. El cuerpo de Brissa apareció el jueves en un bosque del balneario Las Vegas (Canelones); estaba semienterrado en un pozo, con las manos y los pies atados. El examen primario detectó signos de abuso sexual. El fiscal Juan Gómez solicitó la formulación del imputado ante la “certeza responsable” de que era autor del homicidio. Para justificar su posición, el fiscal presentó su evidencia: el cuerpo de la niña fue encontrado a pocas cuadras del domicilio de WPP, un hombre con antecedentes penales por atentado violento al pudor, y afirmó que través de las cámaras de seguridad públicas y privadas se pudo reconstruir todo el trayecto que el hombre realizó en su auto -un Renault Laguna bordó- desde que ingresó a Montevideo sobre las 6.40 horas hasta que llegó al balneario Villa Argentina sobre las 9.03 horas. Las imágenes incluían a Brissa caminando en la calle, en sentido contrario a la escuela, y al hombre, que pasaba con su auto, detiene su marcha y transita en reversa entre 30 y 40 metros; posteriormente, otra cámara divisó a una niña en el asiento del acompañante del auto. Con estos elementos, el fiscal presentó el caso ante la Justicia. El juez penal de 44º Turno, Ricardo Míguez, dispuso una medida cautelar de privación de libertad por 180 días (seis meses) mientras se sustancia la investigación sobre el crimen. Un examen forense confirmó la presencia de ADN de Brissa y del principal sospechoso en un palo que fue hallado cerca del cuerpo de la niña; fue la primera prueba científica de cargo contra el imputado. Ahora se aguarda el resultado de los exámenes de ADN sobre unas manchas de un color pardo rojizo (que podría ser sangre) y un mechón de pelo hallados en el vehículo del imputado para confirmar o descartar que sean de Brissa. En este sentido, Gómez ya afirmó que tiene un caso “sólido” y que pedirá una pena abultada: 30 años de prisión y 15 años de medidas asegurativas: la pena máxima del Código Penal.   El perfil del abusador Durante la audiencia de formalización, el acusado por el homicidio de Brissa se mantuvo en su inocencia. En todo momento negó su participación en el abuso y muerte de la niña y presentó un argumento para cada una de las evidencias que presentó la fiscalía. En este sentido, un informe titulado Abuso sexual infantil. Cuestiones relevantes para su tratamiento en la Justicia, publicado en 2015 y auspiciado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef Uruguay), la Fiscalía General de la Nación y el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay (CEJU), afirma que “en términos generales, los abusadores no reconocen sus acciones”. “En aquellos que no fueron condenados por la situación de abuso o cuya situación procesal está en curso de investigación, uno de los mayores desafíos es determinar hasta qué punto el no reconocimiento es parte de una estrategia para su defensa legal y hasta qué punto es parte de la propia patología”. Incluso, “los que reconocen el abuso sexual suelen hacerlo porque han sido descubiertos o confrontados de alguna forma y nunca reconocen todos los hechos; comienzan a minimizarlos y a justificarlos desde el vamos”, agrega. En este sentido, el estudio establece lo difícil de trazar un perfil del abusador sexual de niños. Así se señala que este grupo está constituido por un grupo de personas muy diverso y que la víctima puede ser cualquiera. Sin embargo, se tiene una certeza: “El abusador sexual está lejos de la imagen del hombre extraño, ajeno a la familia y con apariencia temible. De esos hay muy pocos”, dice el informe. “Los ofensores sexuales pueden ser personas de todas las clases sociales; el estatus socioeconómico y la educación no son obstáculos. La ingesta de alcohol y estupefacientes pueden funcionar como facilitadores de la desinhibición impulsiva, pero personas físicamente sanas, deportistas y sin vicio alguno también pueden abusar sexualmente”. Los abusadores suelen ocultarse en una “máscara de normalidad”, presentarse como “intachables” e incluso interpelar a quienes los están investigando: “¿Usted cree realmente que alguien como yo podría hacer algo así?”. También se suelen ubicar en el lugar de víctima. Pero tienen algunos rasgos que los caracterizan, como ser la imposibilidad de considerar las consecuencias futuras de su conducta, la imposibilidad de ponerse en el lugar del otro y valorar el daño que causaron (“esto se relaciona con la falta de empatía y la imposibilidad de ver a la víctima como tal”), la sensación de impunidad y el superoptimismo de que no serán descubiertos.   Cifras ocultas En los abusos sexuales, cuyo número ya se dijo que va en aumento, se sabe que existe lo que se llama “cifras ocultas”, que son aquellos casos que no han sido denunciados. Por lo tanto, hay casos que pasan desapercibidos tanto para la Policía como para la Justicia. Es de suponer que esa cifra oculta aumenta cuando la abusadora es mujer. Consultada al respecto, María Elena Mizrahi dijo a Caras y Caretas que en Uruguay “no hay medición de abusadoras sexuales” y que “es más difícil de detectar, lo que no quiere decir que no haya”. La publicación Abuso sexual infantil. Cuestiones relevantes para su tratamiento en la Justicia dice textualmente: “Las mujeres también pueden abusar de niños, niñas y adolescentes. Pueden ser madres, madrastras, hermanas, primas, tías, abuelas, niñeras, maestras”. Pero también se sostiene que es difícil conocer el número de abusadoras porque las barreras para llegar al hecho son más importantes, “en especial si ella es la madre del niño o niña”. La publicación cita a la psiquiatra Diana Elliott, quien considera que el abuso perpetrado por una mujer es un tabú por las siguientes razones: “Es más amenazante; socava los sentimientos que suelen tener las personas acerca de cómo las mujeres deberían relacionarse con los niños; el abuso sexual suele ser ubicado en el contexto del poder y la agresividad sexual masculinos (se supone que las mujeres no son agresivas sexualmente, y la teoría del poder masculino sólo coloca a las mujeres como abusadoras sexuales si un hombre las obligó a hacerlo. Sin embargo, las investigaciones demuestran que muchas mujeres que abusaron de niños no sufrieron coerción de nadie); suele ser difícil para la gente entender cómo una mujer abusa de un niño si no tiene pene; cuando las sobrevivientes adultas hablan de haber sido abusadas por la madre, suelen ser vistas como fantasiosas (si una mujer cuenta que fue abusada por el padre y la madre, se suele tomar como cierto el abuso por el padre, mientras que se considera que el relato sobre el abuso de la madre es producto de la fantasía o la proyección)”, sostiene, agregando que “las conductas sexualmente abusivas reportadas incluyeron toqueteos, sexo oral, penetración con objetos y masturbación mutua forzada”. Para la psiquiatra argentina Irene Intebi, las mujeres abusadoras “son menos violentas que los hombres”, pero el comienzo es más temprano, “cuando los niños son más pequeños y se dan en contexto de cuidados y aseo, lo que hace más difícil para los niños explicar las cualidades de la conducta, y más complejo para el adulto que interroga explicar las peculiaridades de esa conducta como sexualmente abusiva”. La reconocida psiquiatra y psicoterapeuta forense argentina Estela Welldon, en su libro Madre, virgen, puta, habla a las claras del abuso sexual femenino y lo difícil de su abordaje. Welldon escribe: “La falla para entender la naturaleza de la perversión femenina ha llevado a que algunas damas muy dañadas fuesen tan malinterpretadas como para negarles el tratamiento que necesitaban, el cual a veces habían demandado”. Tales actitudes, según la autora, están entre las razones por las cuales los profesionales tardan en aceptar que las mujeres “pueden infligir daños irreparables y permanentes a los niños que, se supone, están cuidando”. En una entrevista al diario Página/12, publicada en diciembre de 2008, Welldon expresó: “El incesto materno ocasiona muchísima vergüenza y la gente no puede hablarlo”. Pero si nos salimos del incesto, pero continuamos en abusadoras a menores, veremos cuán ligado está el abuso al poder. Quien quiere puede leer la biografía del presidente francés Emmanuel Macron. Su esposa, Briggitte, es 24 años mayor. Eso no es trascendente. Lo importante es que la relación comenzó cuando ella, con 39 años, era su profesora; él tenía 15 años. Briggitte era casada y madre de tres hijos. Los padres de Emmanuel se indignaron, pero decidieron no denunciarla. Briggitte era hija de una familia acaudalada. ¿Qué hubiera sucedido si se hubiera tratado de una profesora pobre? ¿Y qué si hubiera sido a la inversa y fuera un profesor de 39, casado y padre, enamorando a su alumna de 15? Sin embargo, todos hablan de una “hermosa” historia de amor. Eso quizá sea el presente, pero la historia, como tal, es otra. La sanción penal La aplicación de la cadena perpetua enfrenta un escollo: la Constitución de la República. La carta magna, en su artículo 26, establece que “a nadie se le aplicará la pena de muerte” y que “en ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito”. Es decir, la cárcel no debe ser un lugar de martirio ni castigo, sino que apunte a la reinserción de la persona. Por este motivo, al presentar la propuesta, Larrañaga dijo que si la Constitución es un obstáculo, habrá que modificarla, y afirmó que las normas penales no son inmutables y deben adaptarse a las necesidades de la sociedad. El argumento refiere a las dificultades para la rehabilitación de los abusadores sexuales: la cadena perpetua sería una forma de proteger a la sociedad, a los niños, frente a los abusadores. Casi en forma inmediata, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se pronunció en contrario: dijo que la cadena perpetua “es un error” y afirmó que, al igual que la pena de muerte, quienes la promueven utilizan “los elementos más impactantes para defenderla”. También en contra se pronunció el senador Pablo Mieres (Partido Independiente, PI) en una columna de opinión: “El Estado, la sociedad organizada y quienes tenemos responsabilidades públicas tenemos la obligación de actuar sobreponiéndonos al impulso inmediato, a la reacción visceral, a la conducta instintiva. […] El Estado no debe bajar al nivel del monstruo y responder con penas que son equivalentes al horror que se quiere extirpar. Tampoco debe propiciar penas que implican infligir daño intencional al delincuente”. Por supuesto que valoramos incluir el abuso sexual perpetrado por mujeres en un momento particularmente sensible, luego de los asesinatos de estas cuatro criaturas. Pero no es menos cierto que si la sociedad tiene que discutir sobre estos temas, debe hacerlo con todas las realidades, y no dejar algunas de lado por el simple hecho de no ser políticamente correctas. Callar lo que existe, pero incomoda, implica una conspiración silenciosa y la perpetuación de un sistema que hace daño de forma intencional. Eso es perversión, y es lo que debe terminar.