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Mujeres que denunciaron abusos sexuales durante la dictadura volvieron a declarar

Las denuncias fueron efectuadas en el año 2011 por 28 ex presas políticas que señalaron 20 centros de detención clandestina donde se llevaron a cabo hechos que involucran a 100 hombres, de los cuales hay un solo procesado. «Mi única expectativa es que me prometí que si salia viva de ese lugar iba a denunciar lo que había pasado», le dijo una de las mujeres a Caras y Caretas.

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Este miércoles ex presas políticas que padecieron diferentes tipos de violencia y abusos sexuales en centros clandestinos de detención durante el Terrorismo de Estado volvieron a ser interrogadas sobre sus experiencias. Estas denuncias ya habían sido efectuadas en el año 2011 por un grupo de 28 ex prisioneras políticas que denunciaron 20 centros donde se llevaron a cabo los hechos que involucran aproximadamente a 100 hombres, entre militares y civiles.

En todo este tiempo la causa no tuvo avances significativos. Hasta el momento hubo un solo procesado, el ex militar Asencio Lucero, quien reconoció las torturas delante de la jueza Julia Staricco.

Caras y Caretas Portal dialogó con Ivonne Klinger, una de las mujeres denunciantes quien contó que las citaciones actuales comenzaron en el mes de agosto y continuarán hasta fines de setiembre. Al momento ya son 8 las mujeres que volvieron a exponerse ante la justicia y calculan que serán aproximadamente 12 las que concurran a declarar en estos días. Klinger explicó que de esas 28 mujeres que denunciaron en 2011, dos fallecieron y otras tienen problemas de salud o simplemente no tienen la fuerza para vivenciar esos episodios nuevamente.

La denunciante detalló que las citaciones actuales fueron efectuadas por los abogados de los torturadores con el objetivo de volver a interrogarlas sobre denuncias ya realizadas. El equipo de abogadas que trabaja en el caso, señaló Klinger, está integrado por las hijas de dos represores, Rossana Gavazzo y Estela Arab.

Sobre su experiencia en esta nueva instancia, Klinger expresó que representa una forma de revictimizacion «muy dura» al tener que volver a vivir situaciones en las que fueron violentadas. «Al principio la jueza Silvia Urioste me leyó toda la denuncia hecha hace 9 años atrás para consultar si la reafirmaba y quería agregar algo. Después fui interrogada por la doctora Figueredo que insistió en saber como podía yo afirmar que las personas que me habían violentado era quienes yo denuncié». A su entender, existe una intención de deslindar responsabilidades de los represores en los sucesos denunciados, asumiendo que pueden haber sucedido, pero no por parte de quienes fueron señalados.

La ex presa política aseguró que presentó pruebas contundentes contra la persona que denunció y que aparentemente hay militares citados, pero que no sabe quienes son.

Con respecto a los motivos que la llevaron a volver a declarar siendo consciente de la revictimizacion a la que se expuso, expresó: «Mi única expectativa es que me prometí que si salia viva de ese lugar iba a denunciar lo que había pasado ahí adentro», expresó.

«Lo insólito es que todas las pruebas ya fueron presentadas. Este equipo de torturadores que consideraban esto como un trabajo agradable, no tienen explicaciones de por qué abusaron de las mujeres. Las torturas la argumentan como una forma de sacar información, pero la violencia sexual o que a la noche se metieran en tu celda y se masturbaran arriba tuyo no tienen como explicarlo», concluyó.

Una causa empantanada y silenciada

Un documento de opinión difundido recientemente desde la organización Crysol, explica que «las denuncias vinculadas al terrorismo estatal se tramitan bajo el antiguo código del proceso penal, de por sí lento, con una excesiva intervención de los jueces, poca de la Fiscalía Especializada y muy poca incidencia de las víctimas, a diferencia de lo que ocurre en el Nuevo Código del Proceso Penal». Además, agregan que los involucrados y sus abogados defensores hacen uso y abuso de las maniobras dilatorias ante la pasividad, muchas veces, ya demostrada, en estos años, de algunos integrantes de la Suprema Corte de Justicia que las toleran».

Crysol también hace referencia al silencio de los medios masivos en esta causa. Consideran que «a pesar de la gravedad de los delitos denunciados, del número elevado de militares involucrados, de la notoriedad pública de muchos de ellos, algunos ya procesados y con condena firme, la causa de los abusos sexuales no prospera y tampoco ha tenido la repercusión pública que amerita». «¿Qué habrá que hacer para que los espacios informativos serios, de los medios de comunicación masivos, especialmente los televisivos, a las horas picos del rating, las convoquen para que den su testimonio de manera pública?,¿qué habrá que hacer para que se conozca que decenas de torturadores,asesinos y desaparecedores como Gilberto Vázquez, Avelino Ramas, Manuel Cordero y José Nino Gavazzo, entre otros, fueron, además, en Uruguay y Argentina, violadores seriales, especialmente de mujeres?», se preguntan en el artículo.

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