Manini Ríos se dijo «convencido de que hubo una operación para para fracturar la coalición de gobierno, para eliminar a uno de sus principales sostenedores». Sacó así a la luz la clave política de fondo, el riesgo de quiebra que corría la coalición multicolor. Un tema que se colocó sobre el tapete cuando el pedido fiscal comenzó a ser tratado en el Senado y que motivó la postergación de su consideración hasta llegar a un acuerdo político saldado con un reparto cuidadoso de costos políticos. De este solamente se excluyó Ciudadanos que terminó votando el desafuero.
El Partido Nacional y el sector Batllistas tuvieron como valor superior a preservar la integridad de la coalición. Una manera de poner a la política por encima de la Justicia. Y Justicia y política no son valores comparables. Justicia hay una sola y para todos los casos. La política puede ser buena o mala según la ocasión y los tiempos.
Veamos cuáles son las responsabilidades y los costos políticos de esta decisión. Se ha faltado a lo prometido, han quedado sin cumplir compromisos asumidos en campañas políticas. El país ha sufrido un nuevo retroceso en materia de derechos humanos y la Justicia vuelve a quedar en inferioridad de condiciones frente al ocultamiento sistemático de los actos criminales de la dictadura. Estas conductas se pagan con desprestigio para todo el sistema político y fomentan el descreimiento de la población.
Lo que nos queda de este episodio es una democracia degradada, sentencia AEBU.
