Por considerarlo “claramente contrario a derechos fundamentales de los ciudadanos en general y de los trabajadores en particular”, la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) rechazó el borrador del anteproyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC).
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Tras analizar el texto, el sindicato bancario consideró que se trata de un instrumento “inapropiado, tanto por su contenido como por transgredir los límites razonables y responsables en el ejercicio del poder del gobierno”.
Para el sindicato bancario el uso de este mecanismo “implica, lisa y llanamente, limitar el debate en la sociedad (…) de contenidos que afectarán directa e inmediatamente a la calidad de vida, las libertades, derechos y garantías de la mayoría de la población”.
Según el sindicato, la LUC evidencia “un sesgo autoritario” pautado por el incremento de las potestades del Poder Ejecutivo y la creación de órganos con competencia unipersonal, entre otras medidas.
Inapropiado, tanto por su contenido como por transgredir los límites razonables y responsables en el ejercicio del poder del gobierno”
Por ello AEBU rechaza “todos los mecanismos que impliquen restricciones a la participación de los sectores sociales en los órganos de gobierno, gestión y debate de las políticas públicas”.
Este proyecto, agrega el sindicato bancario “retoma el impulso desmonopolizador y privatizador de las empresas públicas, mediante el desmantelamiento de sus capacidades estratégicas y la cesión al sector privado de los componentes más valiosos y lucrativos: los combustibles y las telecomunicaciones”.
Por otra parte, “limita las libertades y garantías individuales a la vez que altera derechos constitucionales y principios básicos del derecho penal”.
“Muy especialmente, debemos rechazar las medidas tendientes a restringir la libertad de expresión mediante el condicionamiento de la protesta o manifestación social sin control judicial, y la habilitación del uso de la fuerza por el Ministerio del Interior, quien podrá incluso requerir el auxilio de otros organismos públicos”, subrayan.
Limita las libertades y garantías individuales a la vez que altera derechos constitucionales y principios básicos del derecho penal”
Además considera que la eliminación de componentes fundamentales de la Ley de Inclusión Financiera “implica una pérdida de derechos para los trabajadores y expone al país a sanciones internacionales·.
Por otra parte rechazan “adjudicarle al Estado la potestad de aplicar mecanismos de control tendientes a limitar el uso de dispositivos de comunicación en el ámbito laboral, implica imponer una regulación que busca restringir el ejercicio de la actividad gremial”.
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