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Agro: problema multifacético

Por Rafael Bayce.

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Los debates y movilizaciones recientes respecto del agro suman una serie de elementos heterogéneos, facetas diversas reunidas en plataformas de reivindicaciones en las cuales deberían distinguirse, para que la mezcla indebida no perjudique su tratamiento y solución, al menos cinco tipos de asuntos distintos como materia de conflictos: a) matices técnico económicos; b) diferencias ideológicas; c) implicaciones y derivaciones políticas; d) diversidad de situaciones y de gravedad de los problemas; e) qué hacer. La resolución, o al menos el avance en torno a los diferendos surgidos, depende en buena parte de la separación analítica de esos aspectos, indebida e inconducentemente reunidos en plataformas de reivindicaciones, declaraciones y debates.   Matices técnico económicos Dentro de los temas en cuestión hay algunos referentes a medidas económicas pasadas y/o futuras, influyentes en la rentabilidad del agro como tema central. Los matices técnicos de los cuales se queja o que proponen los reclamantes, en primer lugar, olvidan la incidencia central de los precios internacionales, que favoreció enormemente al agro desde 2003 hasta 2009, luego de una fuerte caída entre 1998 y 2002, con caída paulatina entre 2009 y 2016 y un leve repunte en 2017. Nada puede hacer el gobierno, ningún gobierno, con ese factor. La trascendencia e importancia que le dan a los factores económicos endógenos es un imposible intento de compensar la caída exógena de los precios con medidas económicas favorables. Pero el peor problema que tienen las propuestas es que, siendo beneficiosas para la rentabilidad del agro, serían desfavorables para la inmensa mayoría de la población. Y creo que ningún gobierno, y menos uno de izquierda, progresista, podría adoptar una medida que favorezca a una parte, y bastante rica, del total, para perjudicar a la media menos rica de ella. No sería ni electoralmente inteligente, en términos pragmáticos, si esa mayoría se enterara que su bienestar cotidiano está siendo vulnerado para mantener la rentabilidad, o tasa de ganancia, de los ‘pobres leones’. La más abarcativa de las medidas propuesta sería llevar el dólar actual de 28-29 pesos a 36-40, gran negocio para los agroexportadores, o para los exportadores en general, pero al precio de un desastre para los importadores y para la población en general, que vería sus costos aumentados aproximadamente en el porcentaje del salto del dólar. Otras medidas propuestas también son discriminatorias del resto de la población. Por ejemplo, la reducción de la contribución inmobiliaria solicitada olvida que el aumento ocurrido sucedió porque aumentó el valor del patrimonio imponible, parámetro básico del que depende el valor de la contribución; pretenden que su patrimonio crezca, pero que los gravámenes sobre él no aumenten, como sucede con el resto de la población. No se sostiene: ¿por qué exceptuar al agro de la carga que tiene el resto de la población productiva? Porque la historia está plagada de ejemplos de beneficios y privilegios coyunturales concedidos al agro que luego se eternizan y quedan para siempre fuera de los cálculos de costos, por lo cual cuando se vuelva a la normalidad y se eliminen los privilegios, protestarán porque la rentabilidad ha sido afectada, buena parte de la tasa de ganancia. Así pasó con el Impuesto de Primaria, que los agropropietarios increíblemente no pagaron durante muchos años, empezaron a pagar muy recientemente y ya están pidiendo volver a la increíble excepcionalidad coyunturalmente concedida, insustentablemente mantenida mucho tiempo. Del mismo modo, piden reducción de tarifas de energía eléctrica, que desde ya disfruta aproximadamente 10% que tiene contador trifásico de consumo, y que son los grandes y no los chicos. Piden una irreal reducción de 35% en el precio del gasoil. Las medidas reclamadas enfrentan directamente las prioridades gubernamentales y supondrían un perjuicio para la población general a cambio de una mejoría en la rentabilidad del agro, bienestar sectorial cuyo ‘derrame’ colectivo sería infinitamente menor que el directamente obtenible desde la situación actual.   Diferencias ideológicas Las reducciones y exoneraciones del Impuesto para Primaria, de la Contribución Inmobiliaria, gasoil y electricidad, de los aportes al BPS de productores y colonos con menos de 50 hectáreas, la inasistencia por el Mides a menores de 35 años, el precio del dólar: son todas medidas que revelan que, más allá de la fundamentación técnica de la medidas desde lo económico, las peticiones hacen parte de un complejo ideológico alternativo al vigente en el país, y quizás vigente también en el país desde que el centrismo batllista (en su momento ese mismo centro era más izquierda que en espectros posteriores) impuso sus criterios. Es comprensible que un sector productivo que ve amenazada su rentabilidad, tanto entre los más ricos como entre los menos, trate de recuperarla o de prevenir su declive. Descontado el panorama de los precios exógenos, es normal que intenten disminuir los costos endógenos. Pero lo que no pueden es invertir la pirámide de los favorecidos por las políticas público sociales y la proporción de los beneficiarios de una u otra de las medidas adoptables. Ahí ya no es una mera cuestión de racionalidad económica en busca de rentabilidad empresarial luego derramable (spill-over) hacia el todo social. Es una cuestión de la impronta ideológica que nutre las propuestas. Y ella es mucho más cuestionable aun que las medidas económicas concretas propuestas. Porque no son sólo medidas paliativas en una coyuntura desgraciada, como ya ha ocurrido incluso dentro de otra visión ideológica; acumulan otras idealidades, no compartibles desde este gobierno. Ninguna coyuntura crítica ni infortunio subsectorial puede sustentarlas.   Implicaciones políticas Ha habido, desde el gobierno, acusaciones de que, por detrás de un movimiento espontáneo acelerado desde las redes sociales y anclado en necesidades reales de algunos, hay una iniciativa política de cuestionamiento del gobierno y de su erosión ya en año electoral y con incertidumbre electoral en las encuestas de opinión. Por otro lado, la oposición, desde sus voceros más conspicuos (i.e. Sanguinetti, Larrañaga, Lacalle Pou) ha negado la direccionalidad política de los movimientos, lo que muchos tomarían, malévolamente, como una confirmación de la sospecha. También contribuyen a dicha sospecha: la reacción de los medios a todos los avatares del conflicto, ya que los medios ideológicamente alineados con los políticos que han optado dentro del conflicto han sido claros en sus contenidos (i.e. El País del domingo 21/1/2018). Es imposible que en año electoral, en un año políticamente electoral, movimientos políticos sectoriales, con medidas económicas que traspiran ideologías diversas, no tengan al menos cierta intencionalidad política o cierta calculabilidad de impacto indirecto. Cuando se hace referencia al apoyo que el FA le dio a las protestas rurales de 1999, es claro que en política hay un doble rasero, y que lo que apoyaban ayer desaprobarán hoy, si se está en lados diversos del mostrador; el ser humano es lamentablemente así. Había implicaciones ideológicas e implicancias políticas cuando había movilizaciones rurales y debates sobre ellas en el año electoral 1999 y las hay en el año electoral 2018.   Qué hacer con esa diversidad reunida En primer lugar, distinguir las medidas técnicas puntuales de las ideologías de las que están embebidas y de sus implicaciones políticas, porque eso permitirá desagregar para solucionar y despotenciar. En segundo lugar, apreciar las medidas propuestas a la luz de las prioridades gubernamentales, con su matiz ideológico y sus implicancias políticas. En tercer lugar, apreciar cómo se puede dar respuestas a las situaciones más complicadas, sabiéndolas desentrañar y desagregar del todo multiforme que sólo hace volumen mediático y local. No es lo mismo evaluar qué se puede hacer con sectores en problemas con la fruticultura y la cerealera respecto del precio del combustible si en el primero es 5% de los costos y en el segundo, 18%; ni es lo mismo el costo combustible en esos sectores que en el granjero, con 70% de costo de mano de obra; ni tampoco una pérdida de rentabilidad elevadísima o un riesgo de subsistencia en una economía productiva familiar. Hay que desagregar un agregado hecho de pura racionalidad política, encontrar soluciones puntuales dentro de padrones compatibles con políticas económicas norteadas por otras ideologías; y en un panorama electoral en que hay que demostrar sensibilidad reactiva y firmeza a la vez. Hay que oír, dar lugar, y responder prácticamente sector a sector, despotenciando un movimiento global ideológicamente teñido y políticamente incidente, cooptando, uno a uno, con promesa de globalidad, a los sectores involucrados en un poco coherente todo, pero que puede adquirir cohesión si no se responde con fuerza, velocidad, receptividad e ideas.

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