Según expresó Amnistía Internacional, la reforma constitucional propuesta por la comisión Vivir sin Miedo atenta contra los estándares internacionales de los Derechos Humanos. Por otro lado, expresaron que se debe abandonar ese enfoque punitivo y de militarización sobre la seguridad y pasar a una perspectiva acorde con los Derechos Humanos. De esta manera, manifestaron su adhesión a la articulación «No a la reforma», que se someterá a plebiscito el 27 de octubre.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.
ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Desde la organización, argumentan que esta reforma habilitaría entre otros extremos a las fuerzas militares a cumplir funciones regulares de seguridad pública, y que esto no se condice con los estándares internacionales de derechos humanos que Uruguay debe cuidar.
Además, consideran que la creación de una Guardia Nacional como cuerpo especial de las Fuerzas Armadas dependiente del Ministerio de Defensa implica incorporar a efectivos militares a tareas de seguridad interna. Una forma de abordar el problema que ya quedó descartada como efectiva de acuerdo a la práctica en otros Estados de la región.
Otro elemento que destacan es que el Estado ya cuenta con cuerpos policiales formados y especializados, como la Guardia Republicana, con las mismas funciones que el proyecto de reforma asigna a una Guardia Nacional.
Con respecto a los allanamientos nocturnos que propone Vivir sin Miedo, recordaron que jueces penales uruguayos cuestionaron que puedan tener impacto alguno en el combate al narcotráfico en el país. Además, al allanar un domicilio particular aumenta la probabilidad de enfrentamientos armados, poniendo en peligro a los vecinos y transeuntes.
En síntesis, Amnistía Internacional aboga por una solución para el tema de seguridad que involucre al sistema penitenciario. Desde allí se debe evitar la reincidencia a través de la rehabilitación y la reinserción social de las personas privadas de libertad. Para ello se deben tomar como herramientas la educación, la salud, la formación profesional y el trabajo, así como políticas pospenitenciarias.
Te puede interesar