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Andrade: “Queremos generar un movimiento por el techo”

Desde su asunción como diputado, Óscar Andrade no ha parado de trabajar. Incluso en este cambiante verano continúa sus recorridas por el interior, visitando centros de trabajo y autoridades locales. Además, está inmerso en un proyecto de ley para contemplar el carácter social de la vivienda y generar lo que denomina “un movimiento por el techo”.

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Por Pablo Silva Galván

Fotos: Dante Fernández

Usted está desarrollando una intensa agenda en el interior. ¿Qué conclusiones extrae de estas recorridas?

Cuando armamos la agenda parlamentaria del año, el primer objetivo era darle alcance nacional al trabajo de la bancada. Después de una reunión con el secretariado del Pit-Cnt, diseñamos una recorrida por el interior, que en algunos casos tenía que ver con algunas demandas de los compañeros. Nos trazamos el objetivo de llegar, aunque sea una vez, a cada uno de los departamentos, y tener como criterio incorporar visitas a los centros de trabajo para que la agenda parlamentaria tuviera que ver con el debate al pie de la fábrica. Hemos tratado de vincular una parte del trabajo de la comisión [de Legislación del Trabajo], que es ayudar a resolver conflictos, con esa metodología.

Por otra parte, nos parece un buen criterio, dado que en Legislación del Trabajo, incluso como bancada, tenemos una serie de proyectos de ley que queremos impulsar. Hay seis o siete que ya tienen estado parlamentario los hemos tomado como prioridad y hay otros en los que estamos trabajando. Pretendemos que los anuncios se hagan en los comités del Frente Amplio, en los sindicatos, en las fábricas. Si uno mira los últimos años, parecería que los anuncios se pueden hacer sólo en ADM [Asociación de Dirigentes de Marketing] o en el Conrad. Yo creo que también está bueno, y es parte de una metodología para profundizar la democracia, no negando que esos ámbitos se puedan utilizar, que se usen otros lugares.

En las recorridas por el interior uno de los temas recurrentes es que tenemos una ley que ampara el horario del trabajador rural, pero su cumplimiento es muy relativo. Es decir que hay falta de información. Ahora estamos trabajando en una ley que promueve los derechos y el trabajo de las personas con discapacidad. Tenemos que lograr que los trabajadores de las fábricas sepan que cada veinticinco, uno tiene que ser tomado de esa lista; que los trabajadores estén informados y peleen por eso.

La otra señal es reivindicar la lucha política en la práctica. Me parece que está muy bueno que en el año poselectoral desarrollemos una agenda muy nutrida, porque a todos esos lugares se fue el año anterior a pedir el voto. Una forma de dar respuesta a esa prédica contra la acción política es tratar de generar una agenda positiva, en la que la función del legislador tiene que ser ayudar a la gente para, también, mejorar sus condiciones de vida. Todo eso junto ha sido motivo de las recorridas por el interior.

Parece un poco atípico para esta época del año.

Tratamos de incorporar una metodología de laburo. En definitiva, uno se da cuenta de que es necesario concurrir a todas partes. Apenas se va a un lugar, llueven reclamos. Me parece que está bueno, en particular para los legisladores del campo popular. No estamos inventando nada. Cuando llegamos acá, el 1º de enero, a la sesión de Ancap, venía de pasar en un centro de trabajo en huelga. Y el 31 de diciembre y el 1º de enero, todos los años, hay trabajadores de la salud y de otros sectores que están trabajando, o sea que no se puede pensar que estás en un lugar muy distinto al del resto de la gente.

Me parece que en la práctica cotidiana es positivo ir generando esa condición. Nosotros cerramos el año con más de 250 asambleas en centros de trabajo y con una cantidad similar en comités de base. Logramos reunirnos con todos los plenarios sindicales, con casi todas las juntas departamentales para discutir las leyes laborales. En general eso nos ha permitido debatir mano a mano temas de mayor profundidad, no solamente de corto vuelo. Eso es bueno porque en definitiva el campo popular necesita la mayor densidad de debates. Se necesita que las ideas se profundicen lo más posible y que haya mucho pueblo informado. Es constructivo que nosotros ayudemos en eso.

¿Que resultados se aprecian de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial?

Tendríamos que recordar el debate, que tuvo tres niveles, después de haber logrado el primer triunfo, que fue poner el tema en la agenda. Nosotros decíamos que mueren muchos mas trabajadores víctimas de siniestros que víctimas de rapiñas de menores, sin embargo las rapiñas de menores estaban en el centro de la agenda y los trabajadores no. Pero se decía que la ley iba a generar encarcelamientos masivos e injustos. Fue una campaña de miedo muy intensa. Parados en lo que han sido los fallos judiciales por circunstancias que ya están previstas en la normativa, y por el alcance que tiene los delitos de peligro, teníamos la convicción de que se reservaba para temas excepcionales.

El segundo nivel era que iba a ser inútil. En algunos casos, contraproducente. Se sostenía que llevar todo al terreno penal iba a disminuir las medidas de precaución, porque todo el mundo iba a delegar en lo penal temas que no son de ese ámbito. El caso de la Cámara de Comercio Uruguayo-Alemana fue muy curioso. Criticó fuertemente la norma, pero el artículo 6 del Código del Trabajo alemán es mucho más riguroso que la norma aprobada acá. Cuestiona para Uruguay una norma que existe en su país. Quienes defendíamos la ley decíamos que iba a ayudar a mejorar las condiciones de trabajo y aprobar mejor normativa.

El tercer nivel era si la norma se ajustaba a derecho, si tenía que ver con la Carta Magna, o sea la constitucionalidad. Yo creo que la vida demostró de manera contundente la certeza de nuestro planteo en los tres niveles: en primer lugar, no ha habido encarcelamientos masivos y en general es claro que la Justicia, para procesar por delitos de peligro, se reserva para casos excepcionales. Lo que no hemos escuchado acá es una autocrítica sincera de quienes promovieron una campaña de miedo dentro de la cual se puso el titular de prensa “Empresarios al paredón”. Quedó claro que era una norma que no habilitaba en ningún caso encarcelamientos masivos o irracionales.

La ley ayudó a mejorar las condiciones de trabajo. Se votó en marzo [de 2014] y en mayo ya se estaba aprobando el decreto 125 para la Industria de la Construcción, que entre otras cosas obliga a que un trabajador, antes de ingresar, tiene que pasar por un curso de educación. Genera facultades inspectivas para los delegados de seguridad. En abril se estaba aprobando el 161 de la OIT, que establece que son obligatorios los servicios de seguridad en todos los centros de trabajo. Se multiplicó la cantidad de técnicos prevencionistas contratados y se multiplicó también la cantidad de horas. O sea que el impacto de la norma en materia de seguridad y en el descenso de la siniestralidad ha sido enorme. La construcción pasó, de un año a otro, de catorce siniestros mortales a cinco.

El tercer plano del debate era acerca de la constitucionalidad. Los cuatro titulares de la Suprema Corte de Justicia votaron a favor de la constitucionalidad; la única que de forma arriesgada votó en contra fue una suplente que alternó.

El balance que hacemos de la ley es haber ganado en todas las líneas. No van a encontrar al preso irracionalmente, la norma es constitucional y ayudó al descenso de la siniestralidad. El balance es contundente con toda la línea.

Está trabajando en el borrador del proyecto de vivienda. ¿Cuál es la idea en ese sentido?

Hay miles de uruguayos viviendo en casas con riesgo de derrumbe, miles en zonas inundables, miles que viven agregados. Se forman 10.000 hogares por año; una parte de ellos no tiene vivienda y terminan viviendo en la casa de los padres, generando condiciones de hacinamiento muy complejas. Si tenemos todo esto en cuenta, uno supone que no tenemos viviendas suficientes, pero no, las hay. Y estas son, por una parte, las que están abandonadas, y, por otra, las viviendas con las que se especula.

El concepto principal que queremos colocar es el de la función social de la vivienda. Los países más desarrollados lo han colocado. En síntesis, hay dos proyectos: uno que no logró aprobarse en la legislatura pasada y que fue presentado por el compañero [Alfredo] Asti, que para nosotros es importante que se vote, sobre los inmuebles declarados judicialmente en abandono. A este proyecto sumamos otro que regula el mercado de los alquileres. No tiene sentido la evolución del precio de los alquileres en la última década. En Uruguay han aumentado los ingresos de los hogares como nunca antes en la última década; no obstante, el porcentaje del alquiler representaba el 14% y ahora es el 22%. Subió por encima de todos los parámetros, por eso nos parece que generando un registro obligatorio, topes según zonas y un impuesto a la vivienda vacía, con el mismo concepto que se aplica a los terrenos baldíos, estamos ayudando a generar dos banderas para contribuir a convocar un movimiento en defensa del techo. La idea es una plataforma global sobre la vivienda, en donde estos dos proyectos sean una parte. Esa es la intención.

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