Un nuevo pronunciamiento, de preocupación, denuncia y rechazo, se ha sumado esta jornada a las declaraciones y posiciones asumidas por miembros de Cabildo Abierto y en particular por su líder, el senador Manini Rios, sobre el restablecimiento de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.
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En este caso se trata de la Secretaria de DD.HH y Políticas Sociales del Pit-Cnt, quien ha emitido una declaración pública de condena a las expresiones del sector derechista de Cabildo Abierto, por sus sucesivos y recurrentes ataques a la institucionalidad, la justicia y los procesos de búsqueda de memoria y justicia.
El comunicado al dar cuenta de la intensificación de estos ataques al sistema judicial, señala que los mismos han estado acompañados “de la desnaturalización y desmantelamiento de distintos institutos vinculados a la defensa de los derechos humanos”.
Al respecto enfatiza que la actual coalición de gobierno, enfrenta, una vez más, la histórica disyuntiva “ha atravesado el Uruguay desde la finalización de la dictadura: si enfrenta la impunidad de los crímenes del terrorismo de Estado de acuerdo a las obligaciones emanadas del pacto de San José de Costa Rica; o si por el contrario opta por políticas a favor de la impunidad que lo expongan a responsabilidades ante el sistema interamericano de derechos humanos”.
En el comunicado se recuerda, el comportamiento asumido por los sectores mayoritarios de la actual coalición en “estos últimos treinta y cinco años con relación a esas obligaciones” y que, ante estas declaraciones de los máximos representantes de Cabildo Abierto, de crítica y desprecio con relación a las obligaciones sostenidas y asumidas por el Estado uruguayo, exigen que los mismos se “expresen con inequívoca claridad”.
Para la Secretaría del Pit-Cnt,”no resulta extraño que el partido liderado por Manini Rios, asuma las mismas conductas que han desempeñado los artífices del terrorismo de Estado, tratando de asegurar la impunidad, por todos los medios, inclusive irguiéndose en una suerte de poder detrás del sillón presidencial”.
Se señala, además, que el argumento esgrimido, por figuras del gobierno, con respecto a que el restablecimiento de “la caducidad de la pretensión punitiva del Estado no estaba en el compromiso político de la coalición”, es insuficiente como definición política de lo que se acompañará, o no, por parte del poder Ejecutivo.
“Muchos temas, que tampoco lo estaban, terminaron siendo consagrados en la Ley de urgente consideración” explicita el comunicado.
El comunicado finaliza, cuestionando y advirtiendo, que “cualquier eventual iniciativa que apunte a liberar al Estado uruguayo de sus obligaciones internacionales”, debe asumirse con oposición, tal y como ha sido expresado en los distintos pronunciamientos jurídicos que se han realizado, ya que estas “iniciativas” son “funcionales a la estrategia de dilación de los demorados pronunciamientos de responsabilidades penales aún pendientes”.
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