Antel y la gratuidad del Whatsapp

Desde el pasado jueves 1° de noviembre, Antel no cobrará cargos a sus clientes por el tráfico utilizado para comunicarse con otras personas utilizando la aplicación WhatsApp, algo que desde hace años la telefónica realiza con el tráfico con destino a sitios educativos uruguayos (con terminación .edu.uy). El anuncio efectuado por las autoridades de nuestra empresa de telecomunicaciones provocó la reacción airada del relator en la red Twitter, acusando a Antel de afectar lo que llama “el principio de neutralidad de red” y de privilegiar “al gigante del ecosistema” y “empujar a la gente a asumir que internet es sólo Facebook y WhatsApp”.

Sin embargo, su preocupación por el uso que los uruguayos hacen de internet se limita a 53% de la población, dado que los dos competidores comerciales de Antel, los gigantes transnacionales de las comunicaciones Claro (propiedad del grupo América Móviles, cuyo titular es el multimillonario mexicano Carlos Slim) y Movistar (propiedad del grupo español Telefónica), ya han adoptado idéntica decisión comercial hace más de dos años.

Resulta evidente que a cualquier uruguayo le agradaría la idea de contar con un “WhatsApp uruguayo”, o una red social del tipo Facebook o Twitter o Instagram de propiedad uruguaya, de modo que ninguna multinacional extranjera pueda valerse de nuestros datos con fines comerciales o, peor, para torcer el resultado de nuestras elecciones en favor de los intereses del gran capital transnacional, y a cualquier precio, como ha sucedido con nuestros vecinos.

Pero los años regalados con el modelo de “país de servicios”, de espaldas a la generalización de la educación, la muy tardía llegada perspectiva de género para la incorporación de las niñas, adolescentes y mujeres a los estudios de tecnología, y la mirada genuflexa que dominó nuestra política industrial hasta 2005 determinan que, como la mayor parte de los países periféricos, lleguemos tarde a estos avances tecnológicos. La gente ya usa WhatsApp y eso nada tiene que ver con la decisión de Antel. Y reclama que la estatal se equipare con sus competidores en el otorgamiento de este “beneficio” a los consumidores de servicios de telecomunicaciones.

¿Cómo se explica que una empresa como Claro brinde el servicio gratuitamente pese a que, según datos extraoficiales, promedia una pérdida de US$ 10 millones anuales en los últimos ejercicios? La misma empresa que debió realizar la operación contable de pasar a pérdida definitiva US$ 80 millones, acuciada por sus auditores externos, regala el tráfico a las redes de sus competidores por los que, lógicamente, debe pagar el precio para la terminación de la llamada. Es decir, Claro no está en Uruguay para ganar dinero, como indicaría la mínima lógica capitalista. Está aquí para escarmentar el único proyecto estatal exitoso del hemisferio. Para minar las ganancias de Antel, de modo de frenar la reinversión en servicios de primera línea para toda la población, incluso para aquella que no puede pagar el costo del servicio. Invierte 10 millones de dólares al año para intentar matar la única experiencia autónoma y soberana del continente.

La buena noticia es que, según las citadas cifras de Ursec, no lo logra. Y no lo hace pese a los esfuerzos del señor relator especial de Almagro, que reacciona cuando Antel adopta una decisión para no estar en desventaja con sus competidores comerciales.

Podríamos hacer caudal de la oscura trayectoria del señor relator especial, que la domina con la izquierda, pero le pega de derecha. Construyó su camino al cargo de la OEA, tristemente, como algún otro ejemplo que ni siquiera merece ser nombrado, que en estos días aparece batiendo palmas ante el asqueante triunfo de Bolsonaro. Pero no debemos olvidar su pasado en el semanario Búsqueda, vivo símbolo del triunfo de las ideas neoliberales por sobre las desarrollistas en la última dictadura.

Pero mucho más constructivo es analizar sus mentiras.

1. Antel no “privilegia” al gigante WhatsApp, atentando contra la libertad de expresión (¡¿?!) sencillamente porque en Uruguay la aplicación sólo tiene como competencia a las propias operadoras telefónicas que han liberado su tráfico. Sólo China ha logrado ser exitosa en la generación de alternativas a los gigantes estadounidenses de las aplicaciones a pura barrera de comunicación.

2. La neutralidad de red no está recogida en ninguna norma escrita en Uruguay. Mucho menos puede afirmarse que es un principio. La neutralidad, en general, no es una condición connatural a cualquier proyecto que se proponga transformar democráticamente la sociedad de modo de reducir las desigualdades y garantizar todos los derechos para todos y todas. Justamente, ser de izquierda es no ser neutral. Es trabajar para la construcción de una sociedad justa, generando diferencias de tratamiento entre quienes son fácticamente diferentes.

3. Defender la neutralidad de red es favorecer, a la larga, a quienes se llevan la tajada mayor en el negocio de las telecomunicaciones hoy (los generadores de contenido) en su pugna contra los proveedores de acceso a internet. Nadie puede defender que los bits de pornografía merezcan el mismo tratamiento que las comunicaciones en caso de emergencias o desastres naturales, que la medicina a distancia, que las aplicaciones y servicios educativos o que el propio gobierno electrónico, con su alcance democratizador, cuando es adecuadamente llevado adelante.

4. Lo que “empuja” a la gente a utilizar WhatsApp y Facebook y desconocer otras aplicaciones más útiles o virtuosas de la red es la inequidad en el acceso a la educación contra la que el Frente Amplio ha combatido duramente desde su acceso al poder. Posturas de libre mercado como las que defiende el señor relator son contrarias al cierre de esas brechas, tan asociadas a la desigualdad socioeconómica en nuestro país. Nunca le hemos visto acompañando una iniciativa de mejora el presupuesto educativo o de transformación del sistema tributario, de modo de contar con más recursos para el desarrollo nacional y soberano.

5. Por último, sólo puede calificarse de estupidez el reclamo de transparencia de las políticas de gestión de red, concretadas en el anuncio efectuado por el presidente de Antel, cuando desde Washington DC son tan conocidas que provocan esta reacción tan rápida como absurda.

En telecomunicaciones, el caso uruguayo es admirado y hasta envidiado en todo el continente menos, aparentemente, en la vieja mansión de 17th Street de Washington donde funciona la OEA. Hasta las entidades multilaterales de crédito se ven obligadas a falsear la construcción de sus indicadores para intentar disimular el éxito del modelo uruguayo y, así, evitar que se contagie a otros países de la región, un extremo difícil, teniendo en cuenta la ola regresiva en materia de derechos que impera en el subcontinente. En algo concordamos con el señor relator especial: es hora de no dejar pasar estas guarangadas de parte de personajes a los que nunca se les vio del lado de las políticas de desarrollo nacional y soberano y del universalismo de derechos.