Por Leonardo Borges
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De cara a la temporada veraniega 2016-2017, la comuna fernandina inauguró –no exenta de bombos y brillantes platillos– una serie de cámaras de seguridad para controlar el delito en Maldonado. Del millar de cámaras proyectadas por el intendente y su equipo, están funcionando unas 300 aproximadamente. Más allá de la infraestructura de seguridad en la que la intendencia invirtió una pequeña fortuna (20 millones de dólares), lo que marca la diferencia es el centro de monitoreo de la comuna. Allí nos encontramos con un grupo de trabajadores liderados por un policía jubilado que goza de la confianza del intendente y que dirige al equipo. Un complejo entramado de tecnología maridado por el ojo humano, observando y catalogando las conductas de los transeúntes para prevenir el crimen o alertar en caso de cometerse.
El quid de la cuestión está justamente en esa prevención del crimen. Todos recordamos la controversia instalada en Maldonado hace ocho años, en la que la jueza en aquellos años Adriana Graziuso comenzó a aplicar la «ley de vagos», una ley que databa de 1941, pero que podemos rastrearla hasta los tiempos de la colonia en estos territorios. La aplicación de la misma fue aplaudida por comerciantes y promotores turísticos de la zona, e inclusive ha sido defendida hace pocos días por el intendente Enrique Antía. En declaraciones al diario El Observador Antía sostuvo: “Que la jueza [Graziuso] haya aplicado la ley de vagancia le sirvió al departamento porque fue un buen ejemplo de lo que hay que hacer con los que vienen para joder y aprovecharse del turismo”.
En este sentido es interesante que la exmagistrada sea ahora directora de Asuntos Legales de la Intendencia de Maldonado. En el entendido que la nueva política de seguridad de la intendencia, si bien pretende alejarse de la aplicación de la «ley de vagos» (en tanto esto compete al Poder Judicial), parece acercarse a una política similar, utilizando las herramientas antes mencionadas. No es una novedad que la seguridad es un tema importante para los uruguayos, de hecho hoy en día se encuentra entre los intereses primarios de los ciudadanos junto a la educación. También es cierto que las inversiones en seguridad parecen estar dentro de los “gastos” aceptados por una sociedad temerosa en muchos casos. De esta forma los 20 millones de dólares no son en ningún caso un problema para la comunidad esteña, aunque un tarifazo en las contribuciones sea la forma de financiarlos.
Pero la cuestión que genera más dudas a quien escribe es la retórica utilizada por el intendente y su equipo con respecto a los protocolos a seguir en caso de “actitudes sospechosas”. Una subjetividad abrumadora surge de inmediato. Si bien el intendente ha dejado claro que la «ley de vagos» no se aplica (no podría aplicarla un intendente), y a pesar de estar de acuerdo, igualmente Antía sostiene que las cámaras sirven para disuadir. Pero la pregunta es siempre la misma: quién dice lo que es y lo que no es en caso de apariencias delictivas. Antía asegura que si a alguien se le pide el documento de identidad sistemáticamente, se sentirá “descubierto” y se irá del lugar. ¿Pero qué delito deben cometer? Si no, estaríamos en el ámbito del precrimen, citando una conocida película de Steven Spielberg en la que la policía lograba, gracias a un complejísimo artefacto mecánico-humano, ver quien cometería un crimen antes que este lo hiciera. Pero la paradoja cortaba la película: si no lo cometió no es culpable. En este caso, quien no ha cometido un crimen no es culpable, a pesar de ser un vago o un turista que no gasta. “Hay gente que está clarito que no tiene trabajo, no anda buscando trabajo y se queda a dormir acá; eso no es bueno para la gente de Maldonado. En Maldonado no está bien visto eso”, sostuvo Antía en la entrevista citada. Seguramente las palabras del intendente, en este Uruguay y bajo esta temperatura ambiente, sean las políticamente correctas, y las de quien suscribe sean destrozadas de inmediato por la ola. La ola esta representada por la indignación y por una persistente doctrina basada en la moralidad, en la que lo políticamente correcto pasó a ser la represión y la condena.
El vocero de la Policía de Maldonado, Joe López, dijo al programa Desayunos Informales de Canal 12 que para las personas que “no tienen como justificar su presencia en el departamento” este centro de monitoreo representa “un antes y un después”. Y agregó un dato alarmante, en tanto se crea un “banco de datos” al que la Policía podrá recurrir en caso de que “el delito se ajuste a las características”. Y a pesar de los intentos de la comuna de desmarcarse de palabras como “fichar” o “marcar”, es obvio que las cámaras cumplen esa función (aplaudida por grandes mayorías); y a pesar de que tampoco aceptan la idea de la famosa “portación de cara” (a texto expreso lo remarco el vocero López), es una enorme incógnita a quiénes indagarán (y obviamente fustigarán) para conseguir a la larga que deje el departamento.
“Cuando a alguien se le pide la cédula constantemente, se siente descubierto y se va”, señaló Antía, en una lógica un poco perversa de persecución. La pregunta aparece cada vez que nos acercamos a estos temas y tiene que ver con la vigilancia, la seguridad y su inevitable choque con la libertad. Panóptico se denomina a un estilo de construcción ideado por el filósofo Jeremy Bentham hacia fines del siglo XVIII, construcción carcelaria basada en la vigilancia y en la observación del guardián de todos los reos desde un punto fijo. Es una cuestión simple en la que se relaciona poder con visión, el que ve ejerce poder sobre el que no ve. El panóptico moderno es una forma de control social basada en la vigilancia entrelazada por una red de instituciones y que utiliza los medios tecnológicos modernos para combinar tres elementos claves: vigilancia, control y corrección. Michel Foucault lo analizó a la luz del poder y su relación con el control, la vigilancia y el castigo en las sociedades. La evolución del panóptico ha llevado además a la mutación en la percepción del mismo por nosotros, los ciudadanos. En su libro Vigilar y Castigar de 1980, Foucault sostenía que esta forma de control social ha sufrido un salto evolutivo, desde que apareció como una trágica historia de pérdida de libertades y de la tan defendida intimidad burguesa, hasta hoy, en que es aceptado voluntariamente y exigido por los ciudadanos. Por tanto controlar y disciplinar las conciencias (ya no las acciones como en el siglo XIX), invadir la intimidad, vigilar y castigar se han convertido en la mejor de las políticas para los gobernantes.
En Uruguay
La historia de Uruguay en general se corta tangencialmente por los gobiernos militares que inician según los historiadores y economistas la entrada del país a la economía mundial capitalista bajo el nombre de modernización. Los gobiernos del coronel Lorenzo Latorre, el general Máximo Santos y, en menor medida, el del general Máximo Tajes siguieron las prerrogativas modernizadoras, cuyo foco principal estaba dado por la metrópolis con sede en Londres. La denominada economía agroexportadora es un modelo de desarrollo implantado en toda América Latina, en el que los noveles países se convertirán en vendedores de materias primas a las economías europeas que se encontraban en medio de la Revolución Industrial. De esta forma la locomotora y el telégrafo llegaron a estas tierras con la contraprestación de convertirnos en economías abastecedoras de Inglaterra (y Francia en menor medida), lo que el historiador argentino Tulio Halperin Donghi denominó “Nuevo pacto colonial”.
De esta misma forma aparecieron encadenados otros cambios necesarios para el estatus antes mencionado. Orden y seguridad exigían los estancieros y, al compás, el resto de la población. La reforma vareliana obligó a los niños a asistir a la escuela; lo que a primera vista es positivo, para gran parte de los paisanos de la época era altamente agraviante. Se le quitaba la educación de su hijo y una mano para el trabajo en el campo. Encadenadas aparecieron las leyes que perseguían a aquellos que no ingresaban al sistema. La «ley de vagos» es uno de esos ejemplos. La Policía Rural (otro invento del Código Rural decretado por Latorre) perseguía a los “vagos” y a través de una engañosa ley los aniquilaba, pues la Ley de Fugas daba la potestad a los policías de ejecutar por la espalda a un indagado que pretendía escapar.
Se organizaron además juzgados departamentales para hacer más ejecutiva a la Justicia. Durante muchos años, fue la ley del Remington. “El alambre en el reino económico ha realizado el fenómeno que el Remington realiza en el orden público”, sentenciaba Agustín de Vedia. El diario La Razón hablará sin contemplaciones del “honorable señor Remington”. Se condenó la vagancia y se ejecutó a muchos gauchos a través de una ley engañosa, la mencionada Ley de Fugas. Muchos vagos, malhechores y gauchos fueron asesinados por esta ley. Cierto día, tres matreros intentan escapar, y así les fue: “Tres de aquellos malhechores pagaron ayer con sus vidas tan tremendo crimen, pues habiendo intentado fugar fueron muertos por los soldados que los custodiaban”.
Comenta Eduardo Acevedo: “No pasaba una semana sin que los diarios del interior denunciaran la muerte de personas por la propia policía que las había arrestado”.
El Estado, poco a poco, lograba imponer la máxima weberiana del monopolio de la coacción física en el territorio oriental. Los considerados vagos o delincuentes terminaban en el “taller de adoquines”, en la calle Yi esquina San José, donde cumplían trabajos forzados. Al arribar al Taller Nacional, los reos eran aseados, luego rapados y vestidos con un uniforme azul de lienzo, con su respectivo número a un lado del pecho. De ahí en adelante, ese sería su nombre y seña. A partir de ese momento, estos hombres eran obligados a trabajar en la confección de adoquines para el empedrado de las calles. Y ,de hecho, los hacían trabajar bastante. “Pongo en conocimiento de V. E. la relación de los trabajos efectuados en este taller en la semana anterior. Se han hecho 21.308 adoquines y se han entregado 15.000 a la Comisión de Obras Públicas”.
De esta forma, la lucha contra la vagancia y la mendicidad, contra la “portación de cara” no es nueva, y más allá de eso es nociva contra cualquier sistema democrático. Disfrazado bajo el halo sagrado de la seguridad y sostenido en el miedo de la población, escondemos lo peor de un sistema basado en el panoptismo. Álvaro Garcé, excomisionado parlamentario para las cárceles y actual asesor en seguridad de Luis Lacalle Pou, sostuvo en un brillante trabajo titulado Del Taller de adoquines a nuestros días. Noticia histórica y problemática actual de las prisiones uruguayas con respecto a este punto: “Por su parte, la represión de la mendicidad, salto retrógrado aun mayor, en cierta manera hacía recordar en nuestro país a los tiempos de Enrique VII, bajo cuyo reinado –según Karl Marx– fueron ahorcados en Inglaterra unos 72.000 vagos y ociosos”.
La modernidad fue complejizando la forma de vigilar y el sitio que atesora para aquellos que están (a primera vista) por fuera del sistema. La «ley de vagos», que la exjueza y actual directora de la intendencia Adriana Graziuso utilizaba en 2009 data de 1941. Pero a diferencia de las máximas seguidas en el siglo XVIII y XIX, por las que los vagos ingresaban obligatoriamente a trabajar en la lógica de que el trabajo los “enderezaría” y les daría “virtud moral”, en este caso la búsqueda, la vigilancia, las indagaciones, las detenciones, las persecuciones, en definitiva la vigilancia y el castigo son para no perturbar a “los otros”, el ocio de los otros.
Por tanto podríamos suponer que vivir en el mundo distópico de Orwell, rodeados de cámaras de video, web, detectores de movimiento, cámaras infrarrojas, sensores de proximidad, programas de reconocimiento facial, detectores de calor, sensores de humo, entre otros artilugios del panóptico moderno, será la mayor de nuestras gracias. Me atrevo a discutir esa máxima.
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¿Cómo se financia el panóptico?
Se ha informado en los últimos días que la bancada de ediles del Frente Amplio de Maldonado llamará a sala al intendente Enrique Antía por la suba abusiva de las contribuciones (en algunos casos 500%) y por la imposición de una tasa variable para financiar las cámaras de seguridad. Esta tasa se aplica a todos los inmuebles del departamento, aunque no tengan acceso a las cámaras. El MPP de Maldonado reclama “la suspensión inmediata de los reaforos hasta que Antía explique cuál ha sido el criterio concreto de incremento de impuestos”. Por tanto, los fernandinos están pagando la salsa con la que serán aderezados y luego engullidos .
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¿Qué es un vago?
Según las leyes castellanas en tiempos coloniales, y más adelante entroncando con el nacimiento de Uruguay, el concepto de vago o malentretenido se ha mantenido casi invariable. Un vago a grandes rasgos es un individuo “que sin tener una propiedad, profesión, arte u oficio de que vivir honradamente, tampoco se hallen conchabados…”. Por esta razón, la Policía Rural a fines del siglo XIX y principios del XX les exigían la papeleta de conchabo. Un malentretenido es más peligroso, ya que “frecuenta los cafés, las tabernas y los lugares sospechosos, contrayéndose únicamente al juego, a la bebida y a otros actos de disipación y mala vida.”
La ley vigente en la actualidad es la 10.071 que data de 1941, denominada Ley de Vagancia, Mendicidad y Estados Afines. Esta define a los “vagos”, “considerándose tales los que no teniendo medios lícitos de subsistencia, no ejerzan profesión u oficio y, siendo aptos para el trabajo, se entreguen a la ociosidad”.
“Se prohíben los juegos y rifas públicos o secretos, sin expresa licencia, las peleas de gallos, pararse de noche en las esquinas con ningún pretexto, ni el de conversación”. (Fragmento de un bando de las autoridades del Virreinato de Nueva Granada, 1740.)