En la noche del martes, el plenario de la Junta Departamental de Canelones aprobó un proyecto de decreto que regula la venta y el uso de la pirotecnia sonora en el departamento.
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El decreto regiría el año que viene, una vez que sea reglamentado por la Intendencia de Canelones.
De acuerdo a lo que se establece en el mismo, la venta de pirotecnia sonora quedaría prohibida en cualquier espacio público del departamento.
Además, se establece que los materiales pirotécnicos en los locales comerciales, deberán ser restringidos a un espacio exclusivo, separado de cualquier otro tipo de mercadería por un radio mayor a los dos metros de distancia.
La norma aprobada no cuenta con el visto bueno del intendente Yamandú Orsi, quien se ha mostrado contrario al proyecto en varias oportunidades.
La opinión del intendente canario es que la prohibición de la pirotecnia sonora deber ser “una disposición de carácter nacional”.
En declaraciones al portal canario Canelones Ciudad, Orsi se preguntó qué pasaría después de prohibir la venta. “Se puede prohibir la venta, pero, ¿quién puede prohibir que no se vayan a comprar a otro lado?”, se cuestionó.
Para el jerarca, es necesario “ser realistas y la vez sensibles y comprometidos con lo que la gente quiere”.
“Por el tema de algunos niños, por las mascotas, estoy totalmente de acuerdo que eso hay que mejorarlo. Ahora, dentro de la seriedad de que las cosas se puedan concretar. Creo que o es nacional o no es”, remató.
La decisión de reglamentar la norma durante 2022 fue celebrada por los comerciantes del rubro y los revendedores, quienes destacaron que por lo menos “salvan las fiestas”, según consignó Montevideo Portal.
Los importadores de fuegos artificiales agremiados en la Cufa (Cámara Uruguaya de Fuegos Artificiales) viene señalando -en sintonía con los planteos de Orsi- que no es potestad de las intendencias prohibir la venta de pirotecnia.
En su defensa, también recuerdan que la actividad genera unos 15 mil puestos de trabajo, directos e indirectos, y los materiales a la venta, son supervisados por el Servicio de Material y Armamento (SMA) del Ejército Nacional y la Dirección Nacional de Bomberos, para garantizar la seguridad en la manipulación de los mismos.
En diálogo con Caras y Caretas, dirigentes de Cufa no descartaron la posibilidad de recurrir ante la Justicia si leyes como ésta se replican en más departamentos, en el entendido de que se está afectando la fuente laboral de un amplio sector de la sociedad.