Argentina en la coyuntura: el retorno de la desaparición forzada

La desaparición de Santiago Maldonado, de 28 años, data del 1º de agosto, fecha en la que, en el marco de una movilización del grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) por la liberación del ilonko (jefe de la comunidad mapuche) Facundo Jones Huela y la posesión definitiva de los terrenos de la comunidad Pu Lof, la comunidad mapuche –sin contar con orden judicial– fue nuevamente agredida por las fuerzas de seguridad en la localidad de Resistencia-Cushamen, provincia de Chubut. Durante la represión en la ruta 40, fuerzas de Gendarmería subieron a Maldonado a un vehículo y lo llevaron, sin que posteriormente se tuvieran pistas sobre su captura y paradero. Este nuevo secuestro se suma a la desaparición del albañil Julio López, ocurrida el 18 de setiembre de 2006. López, que había estado detenido durante la dictadura en varios centros de detención clandestina, desapareció luego de dar testimonios incriminatorios sobre la participación del represor Miguel Etchecolatz durante la llamada “guerra sucia”. En Argentina, el pueblo mapuche está diseminado por el territorio patagónico, en comunidades como la ya citada (Pu Lof), en la de Paisil Antrao, en Villa La Angostura o en las inmediaciones de Esquel, en la zona conocida como Vuelta del Río.   Las tierras de Benetton El conflicto con el pueblo mapuche (o al menos con parte de él) se ha exacerbado luego de que Carlo Benetton, integrante del imperio que controla la industria textil italiana, en marzo de 2005 adquirió 900.000 hectáreas en la Patagonia argentina, dedicándola a la cría de 100.000 lanares. Parte de esa superficie pertenece a tierras que los mapuches reivindican como suyas. Sobreviviendo en la mayor de las pobrezas y el abandono, carentes de agua potable y luz eléctrica, los restos de este grupo originario se agrupan en comunidades que no superan el centenar de individuos. Muchos de ellos han sido asimilados por Benetton como mano de obra barata, mientras otros descendientes de mapuches denuncian a los resistentes como promotores de inestabilidad, reclamando mayor presencia de la Gendarmería para prevenir los cortes de rutas y la inseguridad que les genera la actividad de la RAM. Es de destacar que la represión y las provocaciones a la comunidad mapuche son continuas y llegaron al clímax en enero del presente año, cuando integrantes de la RAM intentaron impedir el paso por los terrenos reivindicados como suyos del ferrocarril La Trochita, implementado por Benetton para la explotación turística de la zona. El desalojo de los manifestantes y la posterior invasión de la comunidad mapuche se saldó con 14 heridos, uno de ellos de bala, y destrozos de las escasas pertenencias de los pobladores. Ante todo esto, los integrantes de RAM no permanecieron inactivos. Además de ser acusados de incendiar la estación Bruno Thomae, en la localidad de Maitén, desde donde parte La Trochita, se ha hecho lo propio con agresiones a puesteros en las zonas limítrofes, incendios en parcelas forestales y sabotaje a las líneas eléctricas. Pero a todas las incidencias de esta asimétrica “guerra de baja intensidad”, se sobrepone la desaparición de Santiago Maldonado, que pone a la sociedad argentina en estado de alerta.   Defensor oficial confirma desaparición forzada Fernando Machado, defensor oficial de la provincia de Chubut, que presentó tres habeas corpus exigiendo la aparición de Santiago Maldonado, confirmó que efectivamente la Gendarmería irrumpió en la comunidad de Pu Lof sin orden judicial. Sus declaraciones son contundentes también en el sentido de que no es creíble que Santiago Maldonado se haya ahogado en el río lindero a la comunidad, debido a su escaso caudal y poca profundidad y a la existencia de un vallado de ramas. Destacó, no obstante, que las camionetas de la Gendarmería fueron cuidadosamente lavadas y que en una de ellas fue violada la faja de seguridad. Luego de hacer una descripción pormenorizada de la investigación, Machado declaró que “la versión de la comunidad es bastante creíble, en el sentido de que se lo habría llevado la Gendarmería. Todas las pruebas son contestes con esa versión. En ese contexto, sin lugar a dudas, sería una desaparición forzada”. La vuelta de la práctica de la desaparición forzada es en sí misma mucho más delicada que la correlación de fuerzas electorales en Argentina, pero se da en las vísperas de dos consultas decisivas en cuanto al futuro del país hermano. A saber, las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que se realizarán el próximo domingo 13 de agosto, en las que se elegirán los candidatos a las elecciones legislativas que se celebrarán el 22 de octubre. Ambas instancias son estratégicas para el gobierno de Mauricio Macri, particularmente la segunda, en la que se renovará un tercio de la Cámara de Senadores y algo menos de la mitad de la de diputados.   Los DDHH y el caso Milagro Sala Si la desaparición de Santiago Maldonado ocurre en el sur patagónico, el otro foco de intranquilidad para el gobierno de Mauricio Macri acontece en el extremo norte. Más concretamente en Jujuy, una de las provincias más pobres de Agentina, donde hace 572 días que la líder Milagro Sala permanece en prisión. Dirigente política, social e indígena, Milagro Sala lidera la Organización Barrial Túpac Amaru, es integrante de la Central de los Trabajadores Argentinos, pero además es portadora de una particular simbología en el espectro social. Abandonada en su infancia por sus progenitores, fue adoptada sin saber del hecho hasta los 14 años, cuando huyó de su casa e hizo vida de calle hasta que a los 18 años fue involucrada en un hurto e ingresó a prisión, de la que fue liberada ocho meses después sin que se probaran cargos en su contra. En ese período organizó a las reclusas con las que convivía y protagonizó una huelga de hambre en defensa de un trato igualitario y humano para sus compañeras. Luego de puesta en libertad, se transformó en una militante social, defensora de los sectores marginales y en 1999 fundó la Organización Barrial Túpac Amaru, que realizaría un intenso trabajo en materia de comedores y viviendas populares y transformaría el ambiente político y social de su provincia, dando voz y visibilidad a los excluidos. En 2013, la popularidad de Milagro Sala trascendió al terreno político cuando pasó a ser diputada provincial en la Legislatura por el Frente Unidos y Organizados de Jujuy. Se desempeñó como diputada provincial en la Legislatura por esa agrupación entre diciembre de 2013 y noviembre de 2015, cuando renunció por haber sido elegida para ocupar una banca del Parlasur por el Frente para la Victoria. Identificada con figuras históricas como Túpac Amaru, el Che Guevara y Eva Perón, la organización de Sala priorizó la defensa de las mujeres, la diversidad sexual y los pueblos indígenas, adoptando como modelo al entonces líder cocalero Evo Morales. Pero fue más allá. Lo que en un principio fue la implantación de la “copa de leche”, emblema de la defensa nutricional de los más necesitados, se fue transformando paulatinamente en un complejo entramado de bienes y servicios, en áreas tan diversas como el trabajo, la seguridad social, la salud y la educación, proyectándose a gran escala a través de la puesta en funcionamiento de fábricas textiles, ciclos de educación, consultorios y centros de atención para discapacitados. El respaldo del gobierno de Cristina Fernández fue decisivo para desarrollar toda esa infraestructura, no obstante lo cual, la organización Túpac Amaru siempre reivindicó su carácter autónomo.   La criminalización del liderazgo social En enero de 2016, Milagro Sala fue arrestada por participar en un campamento que habían instalado distintas cooperativas para realizar demandas al gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales, lo que generó la inmediata reacción de varias organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, como por ejemplo el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como la Procuraduría de Violencia Institucional.  Desde entonces, permanece detenida sin juicio en la prisión jujeña de Alto Comedero. El pasado 27 de julio, tomando en cuenta la presentación realizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas intimó al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, a que cumpla con la resolución del organismo que dispone que Milagro Sala debe abandonar la cárcel a más tardar el día viernes 11 de agosto. A esos efectos, el juez Gastón Mercau dispuso que el jueves 10 se realice la inspección de dos inmuebles de la diputada del Parlasur con el fin de dar cumplimiento “eventualmente” a la prisión domiciliaria. No obstante, la organización Túpac Amaru  sospecha que las autoridades quieran extender la prisión de Milagro hasta después de la realización de las PASO. El objetivo de esta dilatoria sería impedir o problematizar la candidatura de la dirigente, que encabezaría las listas opositoras en la provincia de Jujuy. Entre los fundamentos presentados por la CIDH, se denuncia que la misma “se encuentra en una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable”. Pero además advirtió sobre el riesgo de la criminalización del liderazgo social y señalaron que la prisión preventiva “debe estar limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad. La prisión preventiva es una medida que no debe ser punitiva […] el Estado debe garantizar que la regla sea la libertad del procesado mientras se resuelva acerca de su responsabilidad penal” y que “las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por sí mismos, justificación suficiente de la prisión preventiva”. La respuesta de Macri a las exigencias de la CIDH no sólo estuvo fuera de tono, sino que expresó la particular inquina que siente por la líder indígena. Sobre los primeros, expresó que “son unos burócratas internacionales que viven en Washington y no entienden nada” y sobre Milagro Sala opinó que es una “corrupta” y una “delincuente”, al tiempo que exigía un pronunciamiento de la Justicia argentina sobre la resolución de la CIDH. La reaparición de la desaparición forzada en Argentina, esta vez en la persona de un integrante de la resistencia mapuche, y el hecho de que los organismos de derechos humanos logren torcer el brazo al presidente argentino en lo relativo a la prisión de Milagro Sala son dos hechos de diferente signo, que, sin embargo, tienen algo en común; a saber, que el carácter represivo del gobierno se focalice en sectores marginados y empobrecidos, tanto desde el punto de vista social como geográfico. Centrar la mirada en Chubut y en Jujuy implica sacar del primer plano hechos brutales como la represión a los docentes ante el Congreso, y ese es sólo un ejemplo de la criminalización de la protesta que se ha vuelto habitual en la Argentina de Macri. En ese sentido, tanto las PASO como, fundamentalmente, las legislativas de octubre indicarán si la estrategia que está adoptando el gobierno es efectiva para captar el voto de la clase media, atrapada en el juego de pinzas de la crisis económica y la inseguridad cotidiana. Es decir, es difícil predecir hacia dónde va a virar la aguja.   El liderazgo de Cristina Fernández Todas las encuestas, sin excepción, dan ventaja en las PASO a Cristina Fernández, al frente de su nuevo grupo, Unidad Ciudadana. No obstante, no son diferencias tan significativas que permitan vislumbrar que en octubre la composición del Congreso ponga en peligro la mayoría que tiene el oficialismo y sus aliados. La mayoría de las consultoras dan a Cristina Fernández un margen de ventaja de entre cuatro y seis puntos sobre la candidata de Cambiemos, Patricia Bullrich, que se disputa el segundo lugar con la alianza Massa-Stolbizer. Mucho más lejos se encuentra Florencio Randazzo, que se postula como candidato del Partido Justicialista (PJ) bonaerense. La novedad de esta reconfiguración del sistema político es la consolidación del liderazgo de Cristina Fernández dentro del espectro del justicialismo y la certidumbre de que será senadora. Unidad Ciudadana está compuesta por los partidos que integraban el Frente para la Victoria (FPV), aunque no lo integra el Partido Justicialista. Dicho de otra manera, es una nueva versión del kirchnerismo, que nuevamente se presenta bajo el liderazgo de la expresidenta Cristina Fernández. Es la fuerza mayoritaria, pero –como es habitual en Argentina– no representa al conjunto del justicialismo (Massa y Randazzo, por ejemplo, proceden de la misma vertiente). En junio, en el acto inaugural de Unidad Ciudadana, Cristina Fernández justificó su formación como fuerza opositora al macrismo, como una nueva relación de fuerzas creada para frenar el ajuste permanente, la desindustrialización endémica, el endeudamiento serial y la especulación financiera. Las consecuencias de esa política neoliberal a ultranza han generado condiciones para que la oposición pueda retomar el camino que hizo posible llegar al gobierno en 2003. Ciertamente que las condiciones globales y regionales hoy no son las mismas de entonces. Entre otros componentes del recetario restaurador, ha hecho irrupción nuevamente el fantasma de la desaparición forzada. Más allá de la mitigación de las penosas condiciones de cautiverio de Milagro Sala, de las esperanzas de cambio que puedan resultar de las PASO y las legislativas, hoy por hoy, ese es el tema que pone a Argentina en los ojos del mundo.