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La oposición peronista quiere que Macri pague todo el costo de ese ajuste y llegue a elecciones libres en 2019, las que ganaría fácilmente. Pero la situación social ya generada, y la que vendrá, hacen que sea muy difícil evitar el estallido social antes. Esta vez, “el golpe de mercado” no sería provocado por los factores de poder, sino por la gente.
Mala noticia para todos en tiempos de Trump y democracias débiles.
Caras y Caretas evocó en algunos de sus artículos los días previos a la caída de María Estela Martínez, Isabel, viuda del general Juan Domingo Perón, que se produjo en medio de un caos económico, el 24 de marzo de 1976 (inaugurando la dictadura más sangrienta y corrupta que ha conocido Argentina); las vísperas de la renuncia anticipada de Raúl Alfonsín el 8 de julio de 1989 (en medio de hiperinflación y estado de Sitio, producto de lo que Ámbito Financiero llamó “un golpe de mercado”, propinado por los grupos económicos que apoyaron el plan privatizador de Carlos Saúl Menem), y, claro está, las sangrientas vísperas de la caída de Fernando de la Rúa, el 20 de diciembre de 2001.
Todas estas caídas estuvieron enmarcadas en insostenibles situaciones económicas que, con fundamentos reales o no, fueron exacerbadas por poderosos grupos de presión para provocar caos y dotar a esos golpes de Estado de una aureola de apoyo popular.
Argentina está viviendo hoy, en este sentido, una situación atípica: la crisis proviene de la incapacidad radical de un gobierno oligárquico que solamente se guía por su interés privado y el de sus grupos de pertenencia corporativa, exhibiendo una sonriente impasibilidad imposible de comprender en quienes están sentados literalmente sobre un volcán en erupción. Pero así parecen ser los multimillonarios egresados del Colegio Cardenal Newman, excepto su integrante más inteligente, Alfonso Prat-Gay, a quien Marcos Peña y su grupo expulsaron del gobierno.
Macri tuvo su “luna de miel” con el poder y, tras varios tumbos, fogoneada por el déficit fiscal, llegó la crisis cambiaria de mayo (una típica crisis de confianza, ya que los recursos huyeron a refugiarse en el dólar, que aumentó 114% el valor que tenía al 31 de diciembre de 2017), lo que precipitó el pedido de un acuerdo stand-by con el FMI (recurso de última instancia, y más en Argentina, donde el organismo multilateral es particularmente odiado), formalizado el 20 de junio pasado.
Siguieron los tropiezos (la credibilidad se había perdido totalmente) y las crisis cambiarias de agosto hicieron imprescindible un segundo acuerdo, demostrando el absoluto fracaso del primer plan. El acuerdo se concretó el 25 de setiembre en Nueva York, donde Macri asistía a la reunión de la ONU (día de la renuncia del presidente del BCRA, Luis Nikki Caputo, y de un masivo paro general en Argentina), con el anuncio de un nuevo plan.
El segundo plan del FMI para Argentina
El 26 de setiembre, la titular nominal del FMI, Dra. Christine Lagarde, anunció en Nueva York el nuevo acuerdo junto al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Se obtuvo un incremento de US$ 7.100 millones contra los US$ 20.000 millones esperados por Macri, y un adelanto en los desembolsos, a cambio de un severo endurecimiento del programa de ajuste.
El mismo fue anunciado el 26 en una breve conferencia por el nuevo presidente del BCRA, Guido Sandleris, hasta ahora asesor de Dujovne. Sandleris, que no mostró impasibilidad, sino una aun más incomprensible sonrisa, señaló que el principal objetivo de su gestión será “reducir la inflación y recuperar estabilidad y previsibilidad”.
La medida, que de hecho implica renunciar a un instrumento principal de política económica, consiste necesariamente en nuevos recortes de gastos y un aumento de la recesión. Cabe agregar que también supone la puesta en marcha de una virtual bomba de tiempo económica, ya que mientras que la cantidad de dinero se “congela”, los sueldos, jubilaciones, alquileres, impuestos y otros compromisos continuarán aumentando según contratos ya pactados o a pactarse, y eso necesariamente generará un conflicto.
En la zona de no intervención el dólar se venderá libremente. Se vuelve así, aunque no se utilizó la palabra, a la política de “bandas de flotación”, que en el pasado estabilizaron artificialmente el valor del dólar, generando atraso cambiario y terminaron estallando en las crisis de 1981 y 2001.
El jueves pasado, el presidente Macri reconoció en conferencia de prensa que la pobreza creció 27,3% en el primer semestre y señaló que “quedan meses difíciles por delante”. El martes 2 de octubre, el ministro Dujovne reconoció en conferencia de prensa que Argentina vivirá una prolongada recesión.
Sin perjuicio de que el aumento del dólar (que complica mucho a Uruguay) estimulará sus exportaciones y su turismo, es previsible el aumento inmediato de la recesión, la pobreza y el desempleo, con sus lógicas consecuencias sociales.
El día después del plan
El lunes 1º de octubre, primer día en que rigió el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el dólar cerró a $A 40,74, acumulando 117% de incremento en 2018; la tasa del Banco Central de la República Argentina llegó a 72% anual (absolutamente impagable, lo cual paraliza el crédito en la Argentina), se conoció que la inflación en setiembre fue 6,27% (7,5% para los alimentos, la más alta del año, acumulando 32,2% en 2018), en tanto que el riesgo país disminuyó a 683 puntos básicos, lo que significa que a la tasa de los préstamos que solicite Argentina deberá adicionarse 6,83%, más del doble de la tasa máxima de referencia de la Reserva Federal. El martes, gracias a las Leliqs, el dólar cotizó a un promedio de $A 39,85 y el riesgo país cayó a 590 puntos básicos según JP Morgan.
Según el Instituto Estadístico de los Trabajadores, el poder adquisitivo de los salarios cayó 14,7% en relación a noviembre de 2015, configurando el mayor deterioro desde la crisis de 2001.
Las conclusiones generales sobre el nuevo plan son sencillas: se ha aceptado un plan de ajuste durísimo (si alguna vez hubo “gradualismo”, este dejó de existir), sin perspectivas de crecimiento, pero con la clara expectativa de evitar la cesación de pagos (o default) que permite llegar a las elecciones de 2019 al partido de gobierno con una “oferta de orden económico”, acaso la única esperanza que parece tener la población argentina hoy.
Sin embargo, el presupuesto recién aprobado determina que los salarios aumentarán 32% y las jubilaciones 35% en 2018, en tanto que los combustibles subieron tres veces en setiembre y los impuestos nacionales y municipales aguardan subas promediales de 35%. Todo eso mientras la cantidad disponible de dinero se mantiene constante.
Todo muestra un cóctel explosivo contra el que se han pronunciado incluso exponentes de la “ortodoxia monetarista”, como la agencia Moody’s, Miguel Bein y Miguel Angel Broda. Un sugestivo silencio guarda el ministro más exitoso de la historia reciente argentina, Roberto Lavagna, alineado con Sergio Massa.
Mientras los comunicadores antikirchneristas se desesperan porque el gobierno entienda el dramatismo de la situación, nadie parece esperar nada bueno del nuevo plan acordado con el FMI, excepto la cúpula gubernamental que parece soñar con enfrentar nuevamente al “cuco” de Cristina Kirchner en las elecciones de 2019, tal como lo aconseja el gurú Durán Barba.
Lo más preocupante es que la terrible tensión a la que por fuerza se verán sometidos los trabajadores, los jubilados y los pobres (cuyos ingresos, como siempre, constituyen la variable de ajuste del FMI en los países subdesarrollados), puede tener en Argentina -donde actúa el poderosísimo sindicalismo peronista- reacciones de gran violencia, como las que provocaron el “Cordobazo” en 1969, el “Rodrigazo” en 1975 y muchísimas otras manifestaciones, capaces de tumbar gobiernos.
También para Uruguay y para todas las democracias latinoamericanas, ya muy afectadas por la debilidad de sus clases políticas y el fracaso de varios proyectos, lo mejor sería que el gobierno de Macri llegue indemne a las elecciones de 2019 y sea sucedido por otro democráticamente electo.
Las tremendas tensiones económicas y sociales que se avizoran no son las más favorables para este desenlace.
Impacto en Uruguay
En nuestro país, el efecto de la devaluación argentina redundará en una disminución de las compras de nuestro tercer/cuarto cliente comercial y en la reversión del flujo turístico. Por otra parte, el Banco Central del Uruguay (BCU) ha continuado su lenta y permanente apreciación de la divisa estadounidense. En tal sentido, el presidente del BCU, Dr. Mario Bergara, señaló que “en Argentina ha habido mucho ruido en estos días, que haya autoridades que se alejan, que entran, que salen en muy poco tiempo, nunca es una buena señal y lo mejor que le puede pasar a Uruguay es que Argentina acomode su situación”.
Evocó la Crisis de 2002 y afirmó que “estos problemas que hay en Argentina e incluso en Brasil en otras épocas hubieran tenido impactos absolutamente dramáticos sobre la economía y la sociedad uruguayas”.
Remarcó que “lo que pasa en la región nos impacta porque no vivimos aislados, pero muchísimo menos que en el pasado. Uruguay sigue creciendo a pesar de la situación regional, seguimos con buenas fortalezas en el terreno macroeconómico, en el terreno financiero”. Señaló que “a nivel internacional la muy buena percepción sobre Uruguay se consolida y se destaca aun más en este contexto de tal desorden en la región”.
El presidente Bergara sostuvo que “lo que pasa en Argentina tiene impactos en términos de competitividad, en términos de precios, en términos de lo que pasa en la frontera y en términos del turismo. Ha habido ya respuestas del gobierno en esta materia, pero hay que seguir atentos y alertas con cada señal en ese sentido”.
Volvió a reiterar que “el dólar en Uruguay acompaña lo que pasa en el mundo, pero sin verse tan afectados por lo que fue el salto en Argentina”.
Al respecto, el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) informó que “el deterioro del contexto regional, en particular de Argentina, y los efectos sobre el tipo de cambio seguramente conduzcan a que en el segundo semestre del año la actividad económica de Uruguay se mantenga virtualmente estancada”. Sin embargo, la puesta en marcha definitiva de UPM II revertiría esta situación.
