La extracción ilegal de agua y el desvío del cauce natural del arroyo Pando es una de las problemáticas ambientales que más ha golpeado al ecosistema local y que sigue siendo fuente de preocupación para los vecinos que residen en las zonas cercanas: Villa Olmos, Empalme Olmos y Pando.
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La crisis del arroyo comenzó cuando vecinos de estas localidades notaron que el flujo de agua estaba disminuyendo. De manera instintiva fueron a realizar una inspección del afluente y constataron que un punto del arroyo se había secado, que se construyeron canalizaciones de cerca de mil metros para desviar el cauce e instalado bombas extractoras de gran potencia en puntos estratégicos, todas estas afectaciones fueron llevadas a cabo por la empresa Frigorífico de Pando.
Además de verificar el escenario, pudieron registrar que un muro de la represa, que data según fuentes vecinales del año 1860, había sido perforado por la compañía para colocar caños de distribución del arroyo a las instalaciones del frigorífico.
El referente vecinal Marcelo Piriz, en entrevista con Caras y Caretas, manifestó que ante el descubrimiento de las afectaciones del arroyo se comunicaron con el Director General de Gestión Ambiental de la Intendencia de Canelones, Leonardo Herou, que fue el encargado de elevar el reclamo a la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua).
Piriz detalló que representantes de Dinagua fueron el 18 de mayo a realizar una inspección y al día siguiente hizo lo propio la Intendencia de Canelones. Tras estas evaluaciones ambas entidades emitieron multas por las irregularidades y las afectaciones ambientales detectadas.
“La multa que le puso el Estado (a través de Dinagua) fue irrisoria: 200 Unidades Reajustables (UR). En comparación con la Intendencia (Canelones) que le puso 3000 UR.”, sentenció Piriz y agregó que fuentes extraoficiales locales manifestaron que desde el gobierno nacional se intimó a la intendencia “a bajar el precio de la multa”.
Según el referente vecinal, en los últimos días se conoció que en 2022 al frigorífico se le renovó la habilitación de Dinagua para la extracción de agua del arroyo de Pando por 10 años más, lo que a juicio de Piriz es una “catástrofe” debido a todas las alteraciones ambientales que ya ha causado la empresa.
Organización vecinal para la salvaguarda
El pasado miércoles 29 de mayo, los vecinos de Villa Olmos se reunieron en las instalaciones del Club Deportivo del barrio para informar sobre los avances y retrocesos en la actuación gubernamental para atender las consecuencias ambientales de las actividades del frigorífico en el arroyo.
En dicha reunión, acordaron la realización de una recolección de firmas masiva en las zonas afectadas ,para elevar el pedido de declaración de la represa y su entorno como un bien de interés local y patrimonial (Departamental y Municipal) con el objetivo de proteger el arroyo y su espacio natural circundante.
“Destruyeron todo lo que se les atravesó por el camino. Piedras, todo, árboles, todo lo que pasaba por ahí, destruyeron e hicieron toda una zanja metida dentro de un arroyo”, manifestó Marcelo Piriz y precisó que es vital la conservación del afluente y su infraestructura.
También prevén llevar acciones a nivel nacional a través del Parlamento para tratar de imponer una denuncia ambiental por las afectaciones, ya que “agotaron las instancias departamentales para atender el caso”, subrayó Piriz.
En la asamblea vecinal participaron más de 40 residentes de la zona y se hicieron presentes los alcaldes Alcides Pérez (Pando) y Luis Parodi (Empalmes Olmos).
Vacío legal: delitos de ambiente
La Comisión de Ambiente de la Cámara de Senadores aprobó el 30 de mayo, un proyecto de ley para incluir los delitos de ambiente en el Código Penal.
La moción será tratada el próximo martes (06 de junio) y de salir favorable su aprobación marcará un antes y un después en la legislación ambiental del país, ya que prevé sanciones para quienes incumplan la disposición y que no solo quede, como hasta ahora, categorizada como una falta administrativa.
En la norma se estipulan penas para los delitos por contaminación del aire, contaminación de aguas, contaminación de suelo, contaminación por residuos o sustancias, introducción de desechos peligrosos, falsedad y obstaculización de la fiscalización ambiental, entre otros.
Dinagua en la mira
Dinagua es el organismo encargado de otorgar permisos y concesiones para la explotación de aguas superficiales o subterráneas para el desarrollo de la actividad comercial/ productiva de las empresas a nivel nacional. Para acceder a la habilitación de la institución las empresas deben detallar el uso que se le dará al recurso y qué tipo de obra se realizará (toma directa, pozo, embalse, entre otras), luego Dinagua evalúa si las condiciones del curso de agua permiten la instalación y habilita (o niega) la solicitud.
Actualmente existen 5.091 habilitaciones vigentes para la extracción y uso del agua con fines productivos distribuidas en todo el país. De estos permisos, según investigación del semanario Brecha, la mitad se concentra en las cuencas del río Santa Lucía (1.203 habilitaciones) y del Río de la Plata (1.378), mientras que la otra mitad se reparte entre las cuencas del oceáno Atlántico (226), la laguna Merín (347) y los ríos Negro (988) y Uruguay (949).
En medio de la crisis por el suministro de agua potable que atraviesa Uruguay, movimientos sociales y vecinales cuestionan el otorgamiento de estos permisos a grandes consorcios empresariales y la falta de supervisión de las infraestructuras que ejecutan las compañías en su accionar ambiental.
Es un pedido común de la ciudadanía y sus organizaciones sociales la realización de un seguimiento continuo para que estas empresas no sigan destruyendo los ecosistemas y las reservas naturales de agua con las que cuenta el país.