El abogado Juan Ceretta (director de la clínica de litigio estratégico de la Facultad de Derecho) presentó una demanda contra el estado uruguayo ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), solicitando el legítimo derecho a la vivienda de 56 familias que viven en el asentamiento “Nuevo Comienzo ”, ubicado en Santa Catalina, Montevideo.
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En primera instancia se presentaron dos demandas con fecha 13 y 14 de enero. Una ante el Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de Naciones Unidas (ONU), y otra ante el Comité de Derechos del Niño de la misma organización, en el entendido que la mayoría de los habitantes del asentamiento son niñas y niños.
Caras y Caretas Portal dialogó con el abogado demandante quien explicó en que consiste el recurso presentado y cual fue la motivación para darle curso. «Lo que nos motivó a intentar esta acción es la emergencia que se dio con la situación penal. Muchas mujeres y hombres, sobre todo mujeres, que viven en el asentamiento, fueron denunciadas por usurpación y por hurto de energía eléctrica, por lo cual muchas de ellas fueron formalizadas e intimadas a abandonar el asentamiento el día 3 enero. Esa fecha se logró prorrogar por enero, pero seguramente se retome en febrero. Fue ante esa incertidumbre, de que en cualquier momento vendría la policía a expulsar a las familias del lugar, que decidimos intentar alguna acción que obligara al gobierno a suspender ese tipo de desalojos y, a la vez, brindar una solución de vivienda para estas personas».
Además, explicó Ceretta, determinaron presentarse ante ONU en época de feria judicial debido a la dificultad que ya habían experimentado en casos similares con la Justicia Nacional para obtener acciones de amparo sobre vivienda». Es así que decidimos probar con una acción ante los distintos comités que podían resultar competentes en ONU porque Uruguay ya he tenido recomendaciones sobre derecho a la viviend y ley de usurpación .
El profesional también explicó que luego de presentar las dos demandas se les recomendó unificarlas ya que si bien se presentaron desde lugares diferentes ambas pertenecían a una misma situación fáctica. Ante esta sugerencia definieron darle curso a la demanda ante el Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales debido a su competencia en materia de vivienda. «Si bien se trata de un comité en el que Uruguay no ha sido demandado, tiene antecedentes de dictar resoluciones de derecho a la vivienda en otros países, como España. En esos casos, se ha ordenado suspender desalojos hasta que exista una solución habitacional para las personas involucradas».
La intención de presentar la demanda también ante el Comité de Derechos del Niño, contó el abogado, tiene que ver con la vulneración de derechos que padecen niñas y niños que viven en el asentamiento. «Sus derechos están siendo vulnerados, derechos fundamentales como el acceso al agua potable, a dormir bajo un techo, acceder a energía eléctrica, a la educación y a una alimentación sustentable».
Entre las pruebas presentadas para este caso, se incluyó un informe social del asentamiento realizado por asistentes sociales y arquitectos que visitaron a cada familia, un relevamiento fotográfico del lugar hecho por el fotógrafo «Pata» Eizmendí, actas de la discusión parlamentaria sobre este tema, expedientes de las denuncias penales que recibieron las personas, y también se adjuntaron cartas de puño y letra de niñas y niños que habitan el asentamiento.
Con respecto a los plazos de resolución, Ceretta dijo que la medida presentada fue una demanda cautelar que tiene una «solución rápida» «En estos momentos el comité está analizando la petición y probablemente ya le hayan pedido al Estado uruguayo que haga sus descargos. Esperamos que entre esta semana y la que viene Naciones Unidas tenga una resolución».
Consultado sobre las expectativas de este caso, el profesional expresó: «Sería histórico que este comité dictará una resolución que ordena al Estado uruguayo a tomar alguna medida porque hasta ahora nunca ocurrió en la historia de Uruguay, pero si eso ocurriera , si bien no hay un mecanismo para obligarlo a cumplir, una recomendación de tal envergadura emitida por un comité de ONU para un país como Uruguay, considero que empujará en el sentido correcto hacia una solución. Más teniendo en cuenta que es un problema que no parece tan difícil de resolver teniendo en cuenta que la Intendencia de Montevideo manifestó voluntad de ceder algunas tierras. Faltaria completar eso con una decisión del Ministerio de Vivienda de asumir la construcción de las viviendas que se necesitan».
De acuerdo al relevamiento inicial que realizó la Universidad, son 300 las familias que encontraron en este asentamiento la posibilidad de un nuevo comienzo, aunque las que accedieron a firmar para presentar la demanda fueron 56.