“Estamos asistiendo al crecimiento exponencial de la pandemia en nuestro país, con un número de casos diarios y acumulados que nos ponen en máxima alerta, con un nivel cercano a la saturación de nuestros Centros de Tratamiento Intensivo (CTI), así como de la dotación de recursos humanos en el sistema de salud.
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La situación es muy grave y requiere un esfuerzo nacional imperioso”, así comienza afirmando una declaración emitida, en esta jornada, por la bancada de legisladores del Frente Amplio.
Los legisladores recuerdan la posición expresada desde la fecha en que comenzara a gestionarse la pandemia, señalando, una vez más, que ello es responsabilidad de las autoridades nacionales.
Una responsabilidad que cuando se aprecia en torno a las medidas adoptadas, se observa un distanciamiento “entre las sugerencias del GACH del 16 de diciembre y las medidas tomadas ese mismo día”.
En este sentido, señalan, “que en este marco el gobierno decidió transitar la pandemia con rebaja salarial y jubilaciones, con aumento de tarifas y una rebaja del gasto social para 2021”.
La declaración hace un breve “raconto” de la posición de la fuerza política en lo que se refiere a proporcionar y proponer, al gobierno nacional, una serie de medidas, propuestas y sugerencias que permitan asumir la situación sanitaria en una perspectiva política de alcance nacional.
“Hace unas semanas volvió a entregar una propuesta en esa dirección. También propuso una Comisión de seguimiento parlamentario al COVID 19 que fue parcialmente aceptada, aunque hasta ahora no ha sido convocada”, recalcan, al tiempo que agregan que se había solicitado una reunión con el ministro de Salud que finalmente fue suspendida y no por la decisión de la fuerza política.
Con relación a lo que se identifica en el documento como “respuesta del Poder Ejecutivo”, se expresa, “nos preocupa enormemente la falta de acciones concretas (…) no se convocan los ámbitos que podrían colaborar para la búsqueda de soluciones ni tampoco aparecen las mismas. Como complemento de esto se suma la falta de transparencia, generando un verdadero temor en la población ya que se desconocen los pasos a seguir. Es en el marco de esa preocupación que nos parece inadecuado que se haya suspendido la reunión, que se siga sin convocar a la Comisión de seguimiento parlamentario y que no dispongamos como partido político de la información básica sobre estos temas”.
El documento dedica especial atención a la temática de las vacunas.
En este sentido afirma: “La obtención de la vacuna es una prioridad para el desarrollo de la lucha contra la pandemia y por ello insistimos en la necesidad de una estrategia de vacunación, un plan de compra en el menor plazo posible y en la transparencia para conocer dicho proceso. Entendemos que se ha perdido tiempo muy valioso en este sentido. Mientras algunos países de la región vienen negociado acuerdos con los principales laboratorios del mundo, muy poco se sabe sobre la política del gobierno para obtener la vacuna. En un escenario no tan malo, podría ser sólo falta de transparencia, lo cual no deja de ser grave, pero en el peor de los casos podríamos estar ante la falta de un plan de vacunación, lo cual sería de extrema gravedad”.
Con independencia del reconocimiento de las posibles estrategias que se adopten para la obtención de las vacunas, los legisladores son enfáticos cuando señalan: “Reclamamos un plan de vacunación que responda con urgencia a estas necesidades. En particular expresamos nuestra preocupación por el personal de salud y es claro que para dicho personal la vacunación es una estrategia clave”.
La declaración recuerda la solidez del sistema de salud construido durante 15 años y considera que es imprescindible, en el escenario actual “aumentar significativamente los recursos para la vigilancia epidemiológica, así como aumentar la capacidad de testeo”.
Respecto a las medidas de índole social y económicas, vuelve a centralizar la mirada en la importancia de apoyar a los más vulnerables.
“La expansión de la circulación comunitaria del virus requiere actuar sobre la movilidad social. Sin embargo, como lo hemos dicho desde el 31 de marzo, esto no es posible sin proteger a la población de la falta de recursos que ello le generaría.
Por ello, una vez más, reclamamos otorgar a la población de mayor vulnerabilidad una renta básica de emergencia equivalente a un salario mínimo nacional.
Observamos en cambio, que el gobierno va por el camino contrario, bajando salarios y jubilaciones, aumentando tarifas y reduciendo el gasto social”.
En sus conclusiones, la declaración expresa: “La situación es grave. Requiere un gran acuerdo nacional, político y social.
Requiere poner en marcha un plan de vacunación, orientaciones sanitarias claras y medidas de política económica y social de protección.
Hoy más que nunca se requiere una visión integral de la pandemia que tome en cuenta estos aspectos económicos y sociales y sanitarios, en la que es clave tomar nuevas medidas que implican cambios relevantes en la actual política en todos los terrenos y que requieren más financiamiento del que parecen estar dispuestos a aportar”.