Brasil: Por una Ley de Emergencia de la Agricultura Familiar

Desde San Pablo

Es muy dificultoso poder describir los cuadros de insensibilidad social en los centros urbanos con cientos de personas en situación de calle, o la falta de servicios y la violencia en las periferias, el desprecio, abandono y otra vez la violencia en las poblaciones indígenas, quilombolas o de pequeños agricultores. En el caso de los movimientos campesinos, a la persecución y criminalización de las luchas populares, con la eliminación y vaciamiento de planes e instituciones que daban respaldo y viabilidad a los emprendimientos productivos, educativos y sociales, se suma ahora el impacto de la pandemia.

Según la FAO, entre 2001 y 2012, la pobreza en Brasil se redujo de 24,3% a 8,4%, mientras que la pobreza extrema cayó de 14% para 3,5%, lo que colocó al país fuera del Mapa del Hambre. En 2016 (año del golpe contra Dilma), 37 millones de personas vivían en situación de inseguridad alimentaria moderada. En 2019 esta inseguridad es una realidad para 43 millones de seres humanos. Si a eso se suma la extinción definitiva del Ministerio de Desarrollo Agrario, del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición y el recorte presupuestal del 75% al Programa de Adquisición de Alimentos (PAA) -mediante el cual los agricultores familiares, proveen alimentos directamente para las escuelas públicas-, se abre un escenario de inseguridad alimentaria en aumento para el impávido coloso. Esto configura un gran retroceso con relación al éxito y el orgullo que supusieron para Brasil las políticas de los gobiernos Lula y Dilma. Con las políticas sociales siendo dejadas de lado, y sin el desarrollo de programas de apoyo a la agricultura familiar, se presenta una perspectiva de futuro dramática.

Durante 2019, el clan del gobierno Bolsonaro, ya desde sus primeras idas y vueltas, promovió la suspensión de la reforma agraria e impulsó enmiendas para eliminar limitaciones al derecho de propiedad de la tierra, con la indisimulada intención de afectar tanto las relaciones laborales, como de avanzar en la desestructuración de la legislación ambiental vigente.

Si se toma en cuenta que la agricultura familiar produce el 70% de los alimentos en Brasil, esta embestida de enmiendas, ordenanzas y decretos realmente pone en riesgo la seguridad y la soberanía alimentaria en el país.

El ataque al MST y a la agricultura familiar

A comienzos de 2020, Bolsonaro realizó el peor ataque al proceso de reforma agraria en Brasil desde la creación del Estatuto de la Tierra (ley 4.504 de 1964). El Estatuto de la Tierra fue creado por los militares como herramienta jurídica para contener la multiplicación de los movimientos campesinos, y en 1970 se crea el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra). Con el paso de décadas de luchas, muchas conquistas campesinas fueron reconocidas dentro de este instituto.  En febrero de este año, por medio de decreto (Nº 20.252), se extinguen el Programa Nacional de Educación en Reforma Agraria, el Programa Terra Sol, entre otros, que otorgaban incentivos a los Asentamientos de campesinos sin tierra, quilombolas y comunidades extractivistas sostenibles. Para tener una idea de la importancia de estos programas, Terra Sol ha favorecido en 15 años a unas 147.000 familias con el fomento de la agroindustrialización y comercio con la elaboración de planes de negocios, investigación de mercados, consultorías, capacitación, etc., así como el apoyo a actividades no agrícolas como turismo, artesanías y agroecología.

Entre los programas extintos están también los que permiten el acceso a educación básica, cursos técnicos profesionalizantes, superiores y posgrado. En su arremetida reaccionaria antipopular, el presidente Bolsonaro intenta dar fin a acciones nacidas de la sociedad civil basadas en la diversidad cultural, lo socioterritorial, así como en procesos de interacción y transformación del campo, gestión democrática y avance científico y tecnológico. Este decreto, entre otras medidas, es la continuidad de un proceso que se inició con el golpe que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff y busca retirar incentivos y apoyo político a la agricultura familiar y al combate al hambre.

Al amparo de la impunidad histórica, en la coyuntura de un gobierno promotor de genocidio y enemigo de la reforma agraria, empresarios del agronegocio actúan como gánsteres con grupos armados y policías al servicio de los grandes terratenientes, atacan y destruyen campamentos y plantaciones, incluso las destinadas a la donación de alimentos. En un año y medio de gobierno, la violencia se ha llevado la vida de muchos trabajadores ligados a los movimientos de reforma agraria, asesinados y torturados, incluso dentro de sus casas a la vista de sus familias. Es triste e indignante el prejuicio y el desprecio que una parte importante de los brasileños, concentrados fundamentalmente entre los bolsonaristas, expresan contra las familias y el movimiento de los Sem Terra. Acusaciones sin fundamento, persecuciones ilegales y criminalización de la lucha por reforma agraria son repetidas a diario en diferentes ámbitos.

La resistencia y la solidaridad del MST y otros movimientos durante la pandemia

En un contexto de crisis sanitaria y económica, y de hostilidad política, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) resiste y alimenta a muchas personas de forma solidaria. En estos días, estas acciones han llamado la atención internacional. El 25 de julio pasado, Día de la trabajadora y el trabajador rural, el papa Francisco agradeció a las familias de la Reforma Agraria de Brasil por distribuir toneladas de alimentos durante la pandemia. En la carta se expresa que la tarea que llevan adelante los trabajadores del MST es “una señal del Reino de Dios”. Agrega que compartir produce vida, crea lazos fraternos y transforma la sociedad, y transmite el deseo de que este gesto se multiplique y anime a otras personas y grupos a hacer lo mismo.

Ese mismo día, cientos de familias campesinas y de asentamientos del MST continuaron con la entrega solidaria de más de 200 toneladas de alimentos, canastas básicas, recargas de gas y miles de panes caseros en barrios carenciados y aldeas indígenas, fuertemente afectados por la crisis sanitaria y económica derivadas de la pandemia. Esta acción, coordinada en conjunto con otras organizaciones comprometidas con la solidaridad y defensa de derechos humanos, se enmarcó también en el contexto de las demandas sociales y económicas del movimiento.

Nuevas acciones de lucha, y solidaridad, se configuran en estos días, como “Vamos precisar de todo mundo” (https://todomundo.org/), una campaña articulada por el Frente Brasil Popular y por el Frente Povo Sem Medo, con una plataforma que busca dar visibilidad y fortalecer iniciativas solidarias, al mismo tiempo que permite la mayor participación y colaboración posible.

La campaña no se limita a la donación solidaria de productos que puedan paliar necesidades alimenticias básicas, sino que cuentan además con cursos de formación de líderes comunitarios, desarrollados por Agentes Populares de Salud. Estos líderes actúan informando sobre cuidados básicos, manuales de salud, asesoramiento jurídico, asistencia psicológica y apoyo en realización de trámites online a la población sin acceso a internet.

En la jornada del 7 de agosto se llevó adelante el Dia Nacional de Luta e Luto (Día Nacional de Lucha y Duelo), en defensa de la vida y el empleo, una movilización conjunta de varias fuerzas sociales y sindicales contra la política genocida del gobierno Bolsonaro, que ha superado las 100.000 muertes por la pandemia, provocando además la mayor crisis social y económica de la historia. Según este movimiento, de no haber respuestas gubernamentales, más del 50% de la población económicamente activa quedaría sin empleo. En varias regiones se realizaron actos con fuerte adhesión de trabajadores y exhibiendo carteles exigiendo la salida del presidente con la difusión del hashtag #LutoPelas100MilVidas en homenaje a las víctimas de covid-19.

Mientras tanto, el Supremo Tribunal Federal (STF) y el Senado declararon cuatro días de duelo nacional por las víctimas de la pandemia en Brasil. A contramano, el presidente insiste en minimizar el impacto de la enfermedad y, en clave electoral, alardea sobre el papel del Ministerio de Salud, que permanece acéfalo desde hace tres meses.

A pesar de você: Proyecto de Ley de Emergencia de la Agricultura Familiar

Una tenue luz parece visualizarse, pese a todo. La movilización social y los partidos de oposición están por alcanzar una importante conquista puntual para la subsistencia de miles de familias y de nuevos impulsos para la Reforma Agraria. La intensa movilización ha permitido la aprobación en la Cámara de Diputados y en el Senado (por unanimidad y sin enmiendas) del Proyecto de Ley de Emergencia de la Agricultura Familiar (PL 735/2020) presentado por la bancada del Partido de los Trabajadores (PT). Esta ley garantiza recursos para la producción y la creación de programas de atención a la agricultura familiar. Tiene como objetivo contrarrestar el debilitamiento de programas del Incra y asegurar la adquisición de alimentos por el PAA, de los que será complemento. Estos programas aseguran la compra de la producción, facilitando condiciones logísticas para los pequeños productores más aislados. Se establece, entre otras cosas, un auxilio de R$ 3.000 (menos de US$ 600) para los hombres y R$ 6.000 para las mujeres jefas de hogar, dividido en cinco pagos. Se crea un auxilio de emergencia de pago único de R$ 2.500 para los núcleos familiares de agricultores que estén en situación de pobreza o pobreza extrema. Otro punto es el monto destinado al fomento de la producción a través de auxilio financiero, que oscilaría entre R$ 2.500 y R$ 3.500, dependiendo de las tecnologías agregadas a la producción (cisternas, sistemas de acceso al agua, riego, etc.) y mejores condiciones para la refinanciación de deudas.

Si bien la aprobación en el ámbito legislativo es un gran paso, el proyecto aún debe pasar al Ejecutivo. Dada la actual correlación de fuerzas, con la ya sabida antipatía y batalla ideológica del presidente, la radicalización del odio de clase por parte de los grandes terratenientes, grileiros (portadores de títulos de propiedad falsos) y señores del agronegocio, el camino por delante no será fácil. De todos modos, la unidad frente a nuevas e históricas adversidades ha fortalecido a los movimientos.

Es muy importante que se exponga ante la opinión pública que esta ley es una conquista legítima de los trabajadores organizados. Es clave mostrar que Bolsonaro se opone a los proyectos populares que se tramitan en el parlamento, pero, una vez aprobados, organiza campañas de propaganda para exponer como suyas esas propuestas. Así fue como Bolsonaro promovió como propio, pese a haberlo combatido, el auxilio de emergencia de R$ 600 (US$ 109) recibido por autónomos y trabajadores informales, y que fue en verdad una iniciativa de la izquierda. Según algunos estudios de opinión pública, Bolsonaro se ha favorecido, en términos de apoyo electoral, por este falso mérito.

La manipulación de la información es tal que, aun con decenas de militantes y dirigentes muertos, cientos de familias desplazadas, escuelas clausuradas, privaciones e injusticias contra el MST y movimientos sociales, puede darse la infame paradoja de que esta ley, siendo aprobada y promulgada, se transforme en una ampliación de la base electoral del propio Jair M. Bolsonaro.