El 10 de agosto de 1984, en el Semanario “Jaque” se publicaba una nota cuyo título era “Caso Roslik: el rompecabezas se va armando”.
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La nota en cuestión daba cuenta del momento en que la esposa del doctor Roslik, María Cristina Zabalkin, había podido tener acceso a la información contenida en el expediente judicial que la Justicia Militar abriera en ocasión de la muerte del médico.
Junto a las actuaciones, la esposa de Roslik, accedió, por primera vez, a tomar contacto con los documentos fotográficos relacionados con la segunda autopsia llevada a cabo sobre el cuerpo de su esposo.
Fue precisamente “Jaque”, dirigido por Manuel Flores Silva, quien inició el proceso de investigación sobre lo sucedido con Vladimir Roslik, el médico de origen ruso y residente en la colonia de San Javier, considerado el último asesinado por la dictadura.
La investigación realizada permitió identificar a todos aquellos que, directa o indirectamente, se encontraban implicados en el asesinato, o en el encubrimiento del mismo.
Dentro de aquellos que estuvieron presentes en la morgue del hospital fraybentino, donde se le practicara la primera autopsia al médico Roslik, se encontraban, además del médico responsable de la misma, el doctor Saiz Pedrini, los militares siguientes: teniente Oscar Lauber, teniete 2 Luis Estevenet, Teniente 2 Rodolfo Costas, Teniente 2 Alberto Loitey, los Álferez Edgardo Favier, Nelson de los Santos y Dario Nieto.
Integraban la siniestra nómina el Cabo Ubaldino Miranda, el Cabo de 2 Julio Garcia, el sargento 1 Agustín García (enfermero) y el Teniente 1 Dardo Ivo Morales (encargado de Roslik, según la práctica de ese entonces) y el Policía de 1 Luis Cardozo.
Según consigna el semanario “Jaque” en la edición de agosto de 1984, todas estas personas al ser interrogadas “no vacilaron en afirmar que el Dr. Roslik no fue sometido a apremios físicos y que no se explicaban el dictamen técnico forense que concluyó que se trató de una muerte violenta multicausal”.
Todo esto podría quedar como un registro más de la impunidad y de la desidia que durante los años de la dictadura condujeron a la tortura, asesinato, detención y desaparición forzada de muchos uruguayos y uruguayas.
La causa del Dr. Valdimir Roslik es una de las que aún espera justicia y configura una de las muestras más que elocuentes de lo que se llama impunidad en nuestro país.
Como el caso Roslik no tuvo consecuencias en la Justicia ordinaria, durante 2014 se abrió una nueva investigación, pero el Tribunal de Apelaciones ordenó el archivo por considerar que “existió cosa juzgada”.
En el pasado mes de abril, el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, presentó ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de casación para reabrir la investigación del homicidio de Roslik.
En el escrito presentado, Perciballe manifiestó que “se disponga que el homicidio del Dr. Vladimir Roslik Bichkov, al tratarse de un crimen de lesa humanidad, no ha prescripto”.
La historia con relación a la causa y los responsables del homicidio de Roslik ha tomado en los últimos días otro matiz que no se relaciona con la investigación judicial, sino, con esa vocación de arropar y defender impunes, torturadores y asesinos que viene asumiendo y abanderando, sistemáticamente, Cabildo Abierto.
Se ha conocido que, la Convención Departamental de Cabildo Abierto, ha elegido como candidato a la Intendencia de Soriano, por la Lista 1301, a Alberto Loitey, luego de la renuncia de Pedro Graña por temas de salud.
Se trata del mismo Teniente 2 Alberto Loitey, quien, estando presente en la morgue del hospital de Fray Bentos, negara junto al resto de los presentes, lo que era una evidencia inapelable: que al Dr. Vladimier Roslik lo habían torturado hasta producir su muerte.