Choque por nueva ley de medios

«Dilatar el proyecto de ley de medios me parece de una gran insensibilidad por parte de Cabildo Abierto porque es el único salvavidas que les queda a las micro y pequeñas empresas para seguir subsistiendo y evitar más pérdidas de fuentes de laborales. Tuvimos un sinnúmero de posibilidades para expresar nuestras diferencias con el Poder Ejecutivo. Es poco serio que a la hora de votar luego de 14 meses de tratamiento de la ley, se solicite una prórroga para presentar los sustitutivos que nunca fueron presentados a lo largo del tratamiento del proyecto de ley», dijo irritado Melazzi a la prensa.

El diputado colorado, del sector Ciudadanos Soriano, consideró que la coalición ya tuvo tiempo suficiente para discutir el texto y “es una irresponsabilidad” que CA continúe en su posición de dilatar la votación. “No entiendo a qué estamos jugando. ¿Estamos jugando al escondido? ¿Al truco con las cartas vistas?”, preguntó, y recriminó a CA, que si ya sabía que este miércoles no votaría los artículos, podría haberlo dicho “con tiempo”.

Melazzi daba por descontado que ya no habría inconvenientes para la votación del proyecto ya que “en el nuevo texto ya no existe la obligatoriedad de Antel de compartir su infraestructura”.

El diputado nacionalista Eduardo Lorenzo, presidente de la comisión, también manifestó su malestar, pero afirmó que en la coalición tienen que “estar todos de acuerdo”.

El coordinador de la bancada de diputados del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, dijo que la nueva prórroga solicitada por CA causó “sorpresa” porque parecía que “había acuerdo en la coalición”.

Pérdida de soberanía

Por su parte, Sebastián Cal negó que su partido tenga intenciones de trancar la aprobación del proyecto. “Nunca podemos hablar de trancar; estamos en un ámbito de negociación, estamos trabajando en conjunto para llegar a un acuerdo con respecto a la ley de medios, pero nunca nuestra intención ha sido estar trancando absolutamente nada. Lamento que piensen así”.

Según fuentes de CA consultadas por Caras y Caretas, se pudo saber que este sector considera que en el proyecto presentado hay pérdida de soberanía y que el sector no tiene ningún compromiso con los medios.

Ante la nueva redacción, a pedido de CA, acompañado por el Frente Amplio (FA), se convocará al ministro de Industria, Omar Paganini, delegaciones de las instituciones involucradas en el proyecto de ley, al sindicato de trabajadores de Antel y al directorio, a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación y a la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y la Comunicación.

«Es para las empresas, escrita por las empresas»

El jueves 3 de junio, el portal digital TeleSemana.com publicó una entrevista a Gustavo Gómez, investigador, consultor y director Ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom). En ella Gómez sostuvo que esta «es una ley para las empresas, escrita por las empresas y, por tanto, que les recompone los privilegios que tenían, que les elimina los límites a la concentración o que se los flexibiliza de forma tal que les permite seguir acumulando medios. Además, les quita las cargas mínimas que tenían respecto a la protección de la niñez, que elimina todos los aspectos vinculados a la participación ciudadana y la fiscalización de la acción gubernamental».

Agregó que «para el gobierno, esta siempre fue la tercera ley más importante del período: detrás de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que es una legislación ómnibus enorme, y de la del Presupuesto Quinquenal. Y es un compromiso con los intereses del gran sector de empresas privadas, sobre todo de las grandes.

Entonces, ¿era necesario para el gobierno? Sí, creía que estaba mal y que imponía limitaciones al desempeño de los empresarios porque es un gobierno que responde a los empresarios y que son empresarios».

Expertos marcaron inconstitucionalidades

Durante todo el año pasado, la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Diputados recibió a diferentes delegaciones y expertos, muchos de los cuales señalaron que varios artículos del proyecto eran inconstitucionales, particularmente el 17, 40 y 48.

Los doctores Ruben Correa Freitas, catedrático de Derecho Constitucional y político perteneciente al Partido Colorado, y Agustín Mayer West, socio director del estudio Ferrere y de la oficina de Ferrere, como asesores de DirectTV, explicaron la inconstitucionalidad de los artículos 17, 40 y 48, que afectan a la empresa que asesoran.

Para Gustavo Gómez (Observacom), el artículo 16 elimina el concepto «grupo económico», que es un elemento fundamental incorporado por la legislación actual luego de años de experiencia en el uso de testaferros en este sector. «Efectivamente, cambiar de ocho a cinco -incluso dejar el límite en tres- es lo mismo si se mantienen estas dos disposiciones a que hacemos referencia: el 30% máximo y la eliminación del concepto «grupo económico». Actualmente tenemos grupos que superan los límites de concentración establecidos por la legislación, y harán lo mismo si esto se elimina y se blanquea esta situación, porque alcanzará con que alguien ponga una empresa a nombre de un abogado o de un familiar para superar el límite legal de las ocho, tres o veinte licencias. Por eso, pedimos que se ponga especial atención a este artículo 16, que nosotros proponemos que se elimine y se mantenga lo que establece la ley vigente», dijo.

El Dr. Adrián A. Gutiérrez, profesor adjunto de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Udelar y profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Católica del Uruguay, también cuestionó artículo 48 del proyecto.

La ley, cuando no es general, no es ley

Sobre el artículo 48, que se refiere al “Acceso a las redes públicas de telecomunicaciones”, señaló el Dr. Daniel Ochs Olazábal una cuestión de igualdad en crisis, porque atribuye determinado beneficio o privilegio no a un sector de actividad, sino a un grupo de empresas, y esa es una de las partes dramáticas en materia de igualdad. “El Estado debe legislar para el futuro, no para el pasado, con un criterio de generalidad; no puede legislar cuestiones de regulación de conducta preocupándose porque la norma alcance selectivamente a un determinado grupo cerrado de sujetos».

Sobre artículo 47

El artículo 47 habla sobre el tema de la discapacidad visual y auditiva.

Alejandra Umpiérrez (Observacom) dijo que de aprobarse el artículo 47, se podrían vulnerar algunos derechos adquiridos de las personas con discapacidad auditiva o visual.

«Una ley de medios democrática debería estar preocupada por el público»

La otorgación de licencias, en el nuevo proyecto de ley de medios del gobierno, “parece que fuera un permiso para operar un juego de quiniela o de lotería, donde uno evalúa cuestiones técnico económicas, de responsabilidades, y falta todo lo otro que es lo más importante”, evaluó el Dr. Ochs.

Cuestionó el artículo 49. «Esa norma deja entrever el talante ideológico y las preocupaciones que tiene el que redactó esa norma. Esta norma limita la comunicación gratuita por razones de interés público a los 15 minutos improrrogables por día».

Ochs sostuvo que “una ley de medios democrática debería estar preocupada por el público. Creo que la demostración más paradigmática es el artículo 49″.

En Uruguay nunca hubo libertad para acceder a frecuencias

El sociólogo y politólogo Oscar Bottinelli señaló que desde la teoría de la democracia en materia de medios de comunicación es importante tener en cuenta que pueden llegar a colidir dos tipos de principios diferentes.

Uno es el principio del emisor, la libertad del emisor. La Constitución no garantiza la libertad de prensa, como se dice simplificadamente, sino la libertad de emitir el pensamiento por cualquier medio. No solamente la prensa es intocable, sino el derecho de las personas a emitir el pensamiento por cualquier medio. La Constitución lo describe de acuerdo a la tecnología de hace sesenta años.

El otro es la teoría del derecho a la libre información o del derecho de información.

Debería regularse internet

Para el Ingeniero en Sistemas Eduardo Hipogrosso, decano de la facultad de comunicación y diseño de la Universidad ORT, las medidas reguladoras plausibles de ser adoptadas sobre los contenidos audiovisuales en internet deberían contemplar una serie de medidas de cara a los proveedores de servicios de internet que, en definitiva, son el vehículo, la plataforma que posibilita la llegada de los servicios.

«Obviamente, internet es una red a la cual aporta todo el mundo; todos somos prosumidores en internet: producimos, consumimos, intercambiamos. Hay normativas para los servicios de difusión audiovisual en internet en algunos países. No es que esté todo regulado o sistematizado, pero hay determinadas normativas para los servicios que se entregan por internet», sostuvo.

Otros cuestionamientos

Para Alejandra Umpiérrez (Observacom) el proyecto deroga el derecho a la privacidad de niños, niñas y adolescentes, así como a no ser individualizado por los medios. Deroga su derecho a plantear la objeción de conciencia ante los dueños de los medios para no ser despedidos si se niegan a acompañar con su imagen, voz o nombre contenidos que hayan sido modificados sin su consentimiento.

Según Gustavo Gómez (Observacom), la propuesta triplica la cantidad de licencias que una persona física o jurídica puede acumular; una persona no tendría ningún tipo de límite para dominar todos los medios de comunicación del país, siempre que no tenga formalmente más de un 30% de las acciones. Si hacemos cuentas, un grupo de cuatro personas podría ser dueña de todos los medios, y eso no sería ilegal. También criticó la eliminación de la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (Chasca), que precisamente hace referencia al tema de la participación ciudadana porque está integrada por representantes de diversos ámbitos institucionales, empresariales, sociales y académicos vinculados a la temática en general. Luis Curbelo, Secretario de Prensa y Propaganda por la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU),  también argumentó en este sentido: «Para nosotros es importante ese asesoramiento preceptivo para la reglamentación de la ley y, además, para los procesos de asignación de frecuencias de radio y televisión», dijo.

Curbelo destacó que APU hizo un pedido de información a la Ursec, respecto a la situación de la televisión para abonados, en función de algunos argumentos que se plantearon. El año pasado el sector de la televisión para abonados en Uruguay tuvo una facturación de US$ 312.000.000. «Esto no lo ubica como un sector en crisis en el país, ni mucho menos», subrayó.

El doctor Wilder Tayler, presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) señaló que con la derogación de la ley vigente se produce una reducción de las garantías especiales en la tutela de los derechos de las personas. Además dijo que existe un área de objeción de conciencia a los periodistas, que también se debilitaría o eliminaría.

También se deroga la defensoría del público, asignada a la institución como mecanismo para reclamar en forma individual o colectiva la defensa de los derechos que se entiendan afectados por parte de los ciudadanos y usuarios de los medios.

Lucía Gaviglio, productora audiovisual y miembro de la Comisión Directiva de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda), dijo que «una ley de servicios audiovisuales no puede dejar de lado a la generación de los contenidos nacionales ni a la participación de los medios en conjunto con los productores independientes, para su generación. Vemos que eso se ha dejado de lado en el nuevo proyecto de ley». La ley de cine destina US$ 1.500.000 al sector audiovisual.

Javier Bentancor, dirigente del Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), expresó que «según expresó el ministro de Industria, Energía y Minería en los medios públicos y en la comisión, esta iniciativa fue creada para salvar a los cableoperadores. Nosotros entendemos que esto va en contra de nuestra Antel, nuestra empresa pública, y ahí radica nuestra primera diferencia. Nosotros consideramos que las leyes son para generar respaldos jurídicos que tengan un sentido general y no particular de beneficiar a tres o cuatro familias que quieren quedarse con un negocio multimillonario como es el de internet y las licencias».

La Ley 

ARTÍCULO 17

(Incompatibilidad). Refiere a la incompatibilidad de licencias para prestar servicios de difusión de contenido audiovisual de televisión para abonados mediante sistemas no satelitales.

ARTÍCULO 40

(Retransmisión de señales locales). Refiere a la retransmisión de señales locales y dice que los servicios de difusión de contenidos audiovisual de televisión para abonados, con excepción de los satelitales de cobertura nacional, deberán retransmitir las señales emitidas por los servicios de difusión de contenido audiovisual abierta, siempre que se cumplan ciertas condiciones que indica el texto del proyecto.

ARTÍCULO 48

(Acceso a las redes públicas de telecomunicaciones). Refiere al acceso a las redes públicas de telecomunicaciones. Este artículo permite a los operadores de televisión para abonados por cable de televisión para abonados e internet y datos, pero no así a los operadores de televisión para abonados satelitales.