El pasado miércoles 8 de abril, el Presidente de la República, Dr. Lacalle Pou, anunciaba la decisión del Poder Ejecutivo, de reiniciar las clases en la escuelas rurales del país, con la excepción del departamento de Canelones.
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En su intervención, tomaba como referencia el comportamiento que, de acuerdo a los datos que diariamente se emiten, ha venido teniendo en el país la propagación del Covid 19.
Dedicó, parte de su intervención, a destacar el conocimiento personal e»informado» que sobre las características de las escuelas rurales tenía.
Lo que probablemente no esperaba el Presidente, fue lo que vino después: un verdadero «aluvión» de rechazos y oposiciones que el anuncio generó.
Los rechazos y oposiciones traspasaron el ámbito de la enseñanza, incorporándose a los mismos, parte del ámbito médico, como la Sociedad de Medicina Rural y FEMI .
De forma sucesiva se produjeron declaraciones de sindicatos y agrupaciones médicas, quienes además de expresar su rechazo a la decisión, por los riesgos que ello implicaba, solicitaban al Poder Ejecutivo se revisara la decisión adoptada.
En el día de hoy, a esa serie de demandas y oposiciones, se ha sumado la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU), quienes mediante un comunicado han señalado la posición por ellos adoptada.
El comunicado resalta algunas de las principales preocupaciones de la Coordinadora de sindicatos, entre ellos: » «que en los últimos días se haya interrumpido de forma abrupta el diálogo constructivo que se ha venido manteniendo con el CODICEN de la ANEP por parte de la CSEU desde la declaración de la emergencia sanitaria(…) el actual funcionamiento del CODICEN de la ANEP, órgano rector y de integración colegiada, que tiene bajo su responsabilidad regir los destinos de los distintos niveles del sistema educativo público no universitario. No desconocemos las potestades legales que tiene su Presidente, pero entendemos que no corresponde que tan importantes decisiones se adopten sin la participación de los demás integrantes del órgano de conducción del Ente Autónomo, o subordinada a actores que no tienen, de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República, competencia alguna sobre el sistema educativo», señala el comunicado.
Para la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU): «La declaración de la emergencia sanitaria no implica subvertir o suspender el estado de derecho, ni desconocer el orden jurídico, en especial el sistema de relaciones laborales en el sector público establecido por la Ley 18508» y agregan: «lo referido en el Artículo 4º Literal A; Artículo 5º Literal B y Artículo 6º Literal E de dicha norma están siendo violentados por las autoridades de la ANEP, con la anuencia del Poder Ejecutivo, puesto que la decisión de retomar a las clases en forma presencial se adopta sin haber convocado a los trabajadores a discutir previamente las condiciones de salud y ambiente laboral, lo cual implica discutir, sustantivamente, aquellas condiciones mínimas que pongan a resguardo la salud de estudiantes y trabajadores».
La CSEU declara además, de su apoyo a las decisiones adoptadas por la FUM-TEP (Federación Uruguaya de Magisterio y Trabajadores de Educación Primaria) con relación al anuncio del Poder ejecutivo de retomar las clases en escuelas rurales.
En tal sentido, el comunicado demanda: «Solicitar, con carácter grave y urgente, una reunión bipartita con el CODICEN de la ANEP, en el marco de lo establecido por la vigente Ley 18508″, así como:»solicitar a los compañeros Presidente y Secretario General, respectivamente, del PIT-CNT se plantee una reunión urgente con las autoridades del SINAE en la cual poder conocer de primera mano los argumentos epidemiológicos que habilitan la resolución adoptada del retorno a las clase presenciales a nivel de las escuelas rurales y cuales son las medidas que se han adoptado para poner a resguardo la salud de los actores involucrados»