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Mediante un comunicado a la opinión pública, los colectivos argumentan que la instalación de la planta potabilizadora implicará riesgos para el medioambiente y la salud.
Entre las principales preocupaciones mencionaron que "las características del agua de la zona de Arazatí no son adecuadas para su potabilización y generarían un peligro para la salud humana, por la salinidad y las cianobacterias que proliferan en la zona, todo el año".
Por otro lado, destacan que Arazatí "es un ecosistema de alta sensibilidad ecológica y de alto valor patrimonial, arqueológico y paleontológico" y que "el proyecto Arazatí Neptuno es una fuerte amenaza para las proyecciones locales, puesto que la comunidad busca incentivar el disfrute y el desarrollo sostenible de la zona costera".
Con respecto aa la creación del polder o reservorio de agua dulce que establece el proyecto, recuerdan que, de acuerdo al estudio de factibilidad elaborado por el Consorcio Aguas de Montevideo y aprobado por el directorio de OSE, existen "más de 80 puntos con impactos ambientales y territoriales".
Además, prosigue el comunicado, el mencionado informe "advierte que en etapas más avanzadas deberán realizarse evaluaciones específicas por la posible pérdida de vegetación y fauna, la remoción de material dunar en las costas y los posibles cambios ecosistémicos que supone tener una reserva de agua dulce de 190 hectáreas de tierra".
Y suman: "También nos preocupa la instalación de una línea de abducción (un tubo de 80 km de largo) que provocaría muchos desequilibrios y afectaciones a nuestros ecosistemas costeros, generando consecuencias negativas para la salud del planeta y el bienestar social, el clima, el ciclo del agua, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible de la zona".
Para finalizar, los colectivos sugieren que "los esfuerzos sean puestos en recuperar la calidad de nuestras aguas mediante resoluciones ministeriales, leyes, y restricciones en el uso del suelo", así como generar un diálogo social para buscar "la opción más eficiente para invertir el dinero público en una solución que, según normas constitucionales, debe ser de puertas abiertas al diálogo y a la participación social".
"No creemos que sea terriblemente riesgoso depender de la planta de Aguas Corrientes y del río Santa Lucía, sino que lo riesgoso a esta altura es seguir contaminando los suelos y las aguas sin control, y continuar distribuyendo el agua dulce de forma tan inequitativa y desregulada", advirtieron.