La iniciativa se inscribió en una política estratégica de reposicionamiento de la marca Antel, que se encuentra en régimen de libre competencia en el mercado de la telefonía móvil y ahora también en el de datos y, durante los gobiernos del Frente Amplio, se transformó en líder a nivel regional en el desarrollo de la banda ancha y en la universalización del acceso a internet.
El primer ataque multicolor contra Carolina Cosse fue cuestionar la inversión de Antel durante su gestión en materia de publicidad, que alcanzó los 91 millones de dólares. Lo que omitieron deliberadamente los detractores de Cosse fue informar que el retorno de ese gasto en pautas publicitarias fue de 3.400 millones de dólares.
Lo sugestivo es que el informe que nutrió la demanda penal fue elaborado por la consultora Ecovis Uruguay, cuyo propietario, el contador Marcelo Caiafa, de notoria vinculación al Partido Nacional, embolsó la nada despreciada suma de 1.700.000 pesos. Este señor se prestó a hacer el trabajo sucio con el propósito de generar un hecho político, pese a que los balances contables de la telefónica, al igual que los proyectos, pasaron por el tamiz de dos auditorías, una interna y otra externa, y por la lupa del Tribunal de Cuentas.
¿Podía razonablemente confiarse en el informe de una empresa privada notoriamente vinculada al Partido Nacional, que es cabeza del Gobierno, cuya contratación se dio mediante la modalidad de compra directa? Evidentemente, el reporte se prestaba a múltiples suspicacias. Más allá de intencionalidades políticas, fue otra de las numerosas operaciones de clientelismo y de favores a un adherente blanco.
En ese contexto, el presidente del Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), Gabriel Molina, no ocultó su sorpresa por la contratación de dicha consultora, siendo que Antel fue doblemente auditada en los últimos años. Según el dirigente, Gurméndez necesitaba a “alguien que le hiciera el mandado” y que afirmara la tesis del Directorio en el sentido de que la financiación del Antel Arena fue un “despilfarro”. En ese marco, Molina denunció que el sindicato indagó y descubrió que la empresa Ecovis Uruguay —cuya auditoría no coincidió con la de Price Waterhouse— “no es apolítica”, porque su propietario está notoriamente vinculado al partido de gobierno. Nadie desmintió la denuncia del sindicato del ente de las telecomunicaciones.
Lo cierto es que este adefesio de opereta política se cayó por su propio peso hace un año, cuando el fiscal Alejandro Machado —en un dictamen de 88 páginas— demolió las supuestas pruebas presentadas por el Gobierno. Luego, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, instruyó al Directorio de Antel para que apelara la resolución de archivo de la causa, intentando vanamente enchastrar la cancha durante la campaña electoral.
En efecto, en torno a si el ente tenía competencia legal para encarar el proyecto, el escrito de Machado sostiene que “hay interpretaciones jurídicas de la propia Antel que avalan este accionar, ya que cuentan con sustento constitucional y doctrinario sólido”.
En lo atinente al costo del proyecto, el fiscal afirmó que fue de 86 millones de dólares y no de 120 millones y que la estimación inicial de 40 millones de dólares refiere únicamente a la obra civil, no contemplando otros costos emergentes. Los números fueron aprobados por el Tribunal de Cuentas.
Con respecto a una eventual arbitrariedad acerca de la asignación de las obras, el magistrado descartó de plano esa posibilidad, ya que fueron invitadas a participar más de 40 empresas, se interesaron 17 y siete presentaron ofertas. Es decir, el proceso fue transparente y apegado a las normas del derecho.
“No puede soslayarse que lo que hoy es denunciado como un ilícito penal continúa siendo una política habitualmente aplicada por Antel, tanto para las compras de publicidad en diversos medios de comunicación como para las compras directas de derechos de imagen de personalidades famosas, como así también para decenas de compras directas de bienes por montos significativos”, acotó.
Este es —sucintamente— el corazón del dictamen del fiscal Alejandro Machado, que demolió puntualmente todos los pormenores de la acusación y descartó cualquier eventual hecho de apariencia delictiva. Sus criterios fueron compartidos por su colega, Enrique Rodríguez.
Este fue el último capítulo de la fantasmada oficialista, que armó un relato mediático destinado a imputar a los gobiernos del Frente Amplio presuntos casos de corrupción que se fueron cayendo como un castillo de naipes.
El fiscal Machado tiene en su despacho todavía una causa penal abierta con relación al eventual ocultamiento y destrucción de pruebas que se debían presentar ante la Fiscalía, por parte del exasesor presidencial Roberto Lafluf, en el marco del otorgamiento de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset. Por este caso podría ser citado el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que luego de dejar su cargo, y tras renunciar a su banca en el Senado, hasta sería susceptible de reproche penal.
Pese a su virulenta ofensiva mediática, el Gobierno fracasó estrepitosamente en su vano intento de horadar la imagen de Carolina Cosse, quien, pese a los embates de la derecha, fue electa vicepresidenta y presidirá el Senado de la República y la Asamblea General durante el quinquenio 2025-2030. A la mentira, la falacia, la tergiversación y la inmoral manipulación de los hechos, la Justicia le respondió con la verdad.
El oficialismo ya fue castigado el 27 de noviembre del año pasado, cuando la mayoría de los uruguayos le dio la espalda, consagrando a Yamandú Orsi como futuro presidente.
Aunque no exista un afán revanchista como el que sí tuvo la Administración saliente, que sembró durante cinco años un ominoso manto de sospecha sobre el período presidido por el expresidente Tabaré Vázquez, el futuro Gobierno deberá auditar a todas las dependencias del Estado, como es de estilo en estas circunstancias, a los efectos de confirmar o no la existencia de eventuales irregularidades o delitos.
En efecto, se percibe un fuerte hedor a corrupción en numerosas compras estatales con precios que exceden a los valores de mercado, en licitaciones no muy transparentes y hasta en el otorgamiento de exoneraciones a familiares de gobernantes.
Ahora, en pleno Carnaval y a nueve días de dejar el gobierno, a la derecha se le derrumbó definitivamente el tablado y, aunque son los reyes del maquillaje y especialistas en fabricar humo para ocultar sus inmoralidades, ya no podrán seguir concursando.
