Lo curioso es que no somos los frenteamplistas los que destapamos la mayoría de las ollas podridas, sino que ellos mismos (los integrantes del Gobierno más corrupto de la nuestra historia) son los que se atropellan y quedan en evidencia.
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Hagamos un paseo por este blanco barrial.
El 23 de junio, la senadora Graciela Bianchi amenazó por la red X a la exviceministra de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, con relación al caso Marset, advirtiéndole: “No juegues con fuego. Estoy esperando al fiscal (Alejandro) Machado para decir toda la verdad y mostrar las pruebas”. Ache la invitó a debatir públicamente y que presentara las pruebas que tuviera; pero Bianchi eliminó el mensaje que dio lugar al cortocircuito en la interna de la coalición derechista.
Me pregunto si las pruebas que la senadora dice tener son tan reales como aquellas que (en el marco de su delirio) iba a dar sobre la muerte del argentino Alberto Nisman. En 2018, la entonces diputada Graciela Bianchi aseguró tener pruebas de que al fiscal lo asesinó una célula del Hezbollah en connivencia con funcionarios argentinos, algo bastante extraño porque esta organización tiene por costumbre hacerse cargo públicamente y con orgullo de cada atentado. Según ella, desde la Casa Blanca le pasaban información que no le pasaban ni al Gobierno de ese país.
Hablando de exfiscales, Gabriela Fossati publicó un tweet respondiendo a quienes le habrían preguntado por qué se metió en la política. La ahora candidata a diputada argumentó que “la democracia representativa es el mejor modelo para regular nuestras reglas de convivencia, por lo menos hasta ahora”.
Muy lindo; pero como siempre hay un ser malvado rondando a estas lumbreras republicanas, Carlos Márquez, alias @nahirsuncarlos, le contestó: “No, mi ciela, te metiste en política para tener FUEROS en el próximo gobierno. TODOS sabemos lo que HICISTE”.
Lapidario.
Otro que amenaza como la Bianchi (con la diferencia de que este sí tiene con qué) es Alejandro Astesiano. El recluso ha denunciado que la exfiscal Fossati (ahora con urgencia por llegar a diputada antes de que la Justicia investigue debidamente lo que evitó destapar) lo presionó para que firmara el acuerdo que terminó con sus huesos en la cárcel. Astesiano dijo a Crónicas del Este que Fossati lo amenazó con pedir diez años de cárcel y con exponer mensajes que tuvo con otras mujeres y que podrían comprometer su relación de pareja. La única manera de evitarlo era firmar el acuerdo, aceptando los cargos que se le endilgaban. La exfiscal y ahora candidata a diputada adoptada por Laura Raffo, lo desmiente. ¿A quién creerle? Ambos han demostrado una y otra vez ser mentirosos contumaces.
El exabogado de Astesiano, Marcos Prieto, reveló que “en una de las entrevistas que tuvimos con Fossati, hablamos del tema números y le dije que evaluábamos la posibilidad de ir a juicio. Ella me responde: ‘Doctor, usted evalúe. Si se van a juicio puede perder algo más que la libertad’. Le pregunté a qué se refería y me dijo ‘puede perder la familia’. Se refería a unas fotos personales que le mandaron a Astesiano. Ella me quiso decir que si en ese momento nos íbamos a juicio, esas fotos se iban a hacer públicas. Se lo dije a Astesiano y él quedó más que preocupado, fue un antes y un después”.
Ahora sabemos, y por boca de la propia Fossati, que en ocasión de entrevistar a Luis Lacalle Pou, la exfiscal jamás tocó el teléfono del presidente, sino que ella le decía las palabras claves y era el mismo Lacalle quien las escribía y buscaba dentro de su dispositivo. Esperemos que, por lo menos, haya escrito sin faltas de ortografía.
Y mientras este circo de mala muerte continúa, el país se sigue cayendo a pedazos. El Instituto Cuesta Duarte acaba de informar que “100.000 personas más que en 2019 ganan 25 mil pesos. Mientras la economía superó los niveles prepandemia, algunos indicadores como la pobreza y desigualdad de ingresos muestran un deterioro respecto a 2019”.
¿Recuerdan cuando la derecha criticaba al Gobierno frenteamplista la cantidad de personas que cobraban esa cifra? Pues ahora hay 100.000 más en esa situación.
Por si fuera poco, el INE informó que en los primeros tres meses de 2024 cerraron más de 7.500 empresas.
Claro, no a todos les fue mal. A los empresarios amigos de los amigos les fue muy bien. Martín Lema no ha de estar muy contento con Patricia Madrid, ya que hace unos días la periodista denunció en el programa Así Nos Va, que desde el Mides se transfirieron casi 8 millones de dólares a la ONG Uruguay Adelante, en el transcurso de 2021, 2022 y 2023, sin auditorías.
Recapitulemos. Durante la crisis alimenticia producida por la pandemia, ante supuestas dificultades del Mides para comprar y distribuir comida en ollas populares y merenderos, el Gobierno eligió a dedo a Uruguay Adelante, transfiriendo una función pública a una empresa privada. Casualmente, esta ONG estaba dirigida por un exmilitante del Partido Nacional. Para justificar la tercerización de funciones y transferencia de recursos, primero se desmanteló al Inda y luego se desplegó un plan para desprestigiar a las ollas populares.
La periodista, luego de una exhaustiva investigación, denunció: “Los números ahora dan cuenta de que ese bolsón de dinero se administró como se quiso, sin que nadie en el Gobierno dijera agua va, no hubo evaluación de presupuestos, se compró en negocios de amigos… y se estableció una doble caja por parte de la ONG que jamás fue auditada por nadie”.
Otra casualidad es que la Fundación A Ganar también fue fundada y es dirigida por blancos.
Martin Lema, quien tras una nefasta gestión al frente del Mides ahora busca llamar la atención de cualquier manera para ser candidato a intendente de Montevideo, dijo a Montevideo Portal: “Desde 2020, el Frente no ha parado de intentar que al Uruguay le vaya mal”.
No hay caso, hay que aprender de los blancos; ellos no lo intentaron, lo lograron.