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Columna destacada | IAVA | docentes | educación secundaria

Lamentable episodio

El IAVA, símbolo y memoria viva

El incidente del IAVA, debe ser leído como lo que es. Un recrudecimiento del sesgo autoritario y francamente represor que ha tomado el gobierno de la educación, en su cruzada contra los docentes de este país.

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Mi abuelo me inscribió en el IAVA cuando me vine a vivir a Montevideo. Yo nunca había pisado ese instituto, y tenía apenas una remota idea de su existencia, pero, de la mano de mi abuelo, cuando subí aquellas escaleras, me pareció entrar en un recinto casi mágico. Ocurrió en plena dictadura cívico militar. Y ahí estábamos nosotros. De un lado un hombre de unos setenta años, antiguo alumno del lugar, convertido para entonces en uno de los más importantes pensadores y docentes uruguayos; del otro una adolescente de apenas diecisiete, que no por demasiado jovencita dejaba de integrar y compartir el vasto ámbito del tiempo y del espacio vividos, asumidos, a veces elegidos y a veces padecidos, de eso que llamamos historia. De a poco me fui enterando de otras cosas.

Al IAVA habían concurrido también mi padre y mi madre, mis tías y miles de personas que han contribuido a hacer mejor a este país. Al IAVA fueron después mis tres hijos, con lo cual somos ya tres generaciones de egresados, en la misma familia. Mientras subía aquellas escaleras no imaginaba que un día me tocaría ser la subdirectora (efectiva y por concurso) del turno nocturno de tan magno edificio.

Inaugurado en 1911 como “Sección de Enseñanza Secundaria y Preparatoria” de la Universidad, el instituto se convirtió de entrada en el símbolo mayor, junto con la Universidad, de un Uruguay que transitaba el segundo gobierno de José Batlle y Ordóñez, a impulsos de un poderoso reformismo social y educativo, cultural y económico, que de inmediato provocó terror y escándalo en el alto comercio extranjero y en nuestra oligarquía vernácula, que se sintió amenazada en sus intereses tradicionales. Y a pesar de que, en efecto, la república conservadora se impondría a partir de 1915, con el “alto de Viera”, la semilla del primer batllismo (al que conviene distinguir con absoluta claridad del resto del partido colorado) no fue sembrada en vano.

Desde las aulas del IAVA y de la educación secundaria en general, se elevaría el gran fermento de lo que, junto con la acción y el pensamiento universitario, iba a componer una parte sustancial de las luchas ideológicas en pro del Estado de derecho y de bienestar social. El episodio ocurrido en los últimos días en relación al IAVA, es uno más en la guerra que tienen entablada el gobierno actual y las autoridades de la educación contra una enorme parte de nuestra población, representada por los docentes y los estudiantes, y por todos los ciudadanos que defienden la libertad de pensamiento y de expresión, en el marco de un auténtico Estado de derecho, en el que las normas no deben ser enarboladas como palos o como metralletas, sino aplicadas en armonía con el sistema, en un marco de razonable proporción y adecuada discrecionalidad. Vayamos por partes.

No nos extraña lo ocurrido en el IAVA, pero a la hora de efectuar un análisis habría que distinguir al menos tres problemas.

Primero, el motivo aparente del conflicto, centrado en la pretensión de cambiar de lugar el salón gremial. Un salón gremial no es un sitio cualquiera en un liceo, sino uno muy caro a los estudiantes, por constituir su lugar de reunión y de expresión por antonomasia, donde se formulan inquietudes y aspiraciones, reclamos y proyectos, donde nacen descubrimientos, ideas, vínculos y expectativas, donde se dialoga y se comienza a construir ese futuro espacio ciudadano al que llamamos cultura cívica. Por lo mismo, las autoridades deberían tener especial cuidado a la hora de “meterse” con un lugar cuasi sagrado en la institución, amparado en su misma existencia por la normativa vigente y ligado a la memoria de los grandes combates contra la represión de los derechos humanos.

Las autoridades fueron, como de costumbre, torpes a la hora de elegir el camino para abordar esta cuestión, procedieron con arrebatos de cuartel y llevaron su grosero proceder a extremos casi insólitos, lo que me lleva al segundo problema. El sumario al director, por insubordinación, según el infeliz término empleado, con retención del cincuenta por ciento de los haberes, es un procedimiento demencial. Un sumario consiste en la investigación de la posible comisión de falta administrativa por parte de un funcionario, y la retención de la mitad de los haberes es la mayor y más extrema medida preventiva existente en el sistema jurídico de la educación secundaria. Como tal, está reservada a casos de violación, agresión, atentado violento al pudor, delitos como cohecho (cobrar por hacer algo contrario a la norma), daño (destrucción de cosa mueble), soborno, fraude, conjunción del interés privado con el público y varias figuras más.

Que un director sea pasible de esa medida por haberse negado a desalojar a los estudiantes del salón gremial por la fuerza es de una desproporción brutal, no ya discrecional, sino realmente arbitraria, encuadrada por tanto en un abuso de poder que ameritaría una demanda judicial por parte del damnificado. Pero hay más. El tercer problema es el hostigamiento y la violencia contra un menor de edad, el estudiante que en los últimos días ha sido objeto de escarnio por parte de quienes lo han colocado en la palestra pública, a modo de un condenado por la inquisición, infringiendo así toda la normativa nacional e internacional en la materia.

Nuestro Código del Niño y el Adolescente dice en su artículo tercero que “todo niño y adolescente tiene derecho a las medidas especiales de protección que su condición de sujeto en desarrollo exige por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. En su artículo nueve expresa que “todo niño y adolescente tiene derecho intrínseco a la vida, dignidad, libertad, identidad, integridad, imagen, salud, educación, recreación, descanso, cultura, participación, asociación, a los beneficios de la seguridad social y a ser tratado en igualdad de condiciones cualquiera sea su sexo, su religión, etnia o condición social”. Según el artículo once, “Todo niño y adolescente tiene derecho a que se respete la privacidad de su vida. Tiene derecho a que no se utilice su imagen en forma lesiva ni se publique ninguna información que lo perjudique y pueda dar lugar a la individualización de su persona”. Huelga decir que ninguna de estas normas ha sido respetada por todos los políticos, periodistas y público en general que se dedicaron en los últimos días a escarnecer a Gerónimo, a denigrarlo y a convertirlo en objeto de ataques de variada índole. Quienes tal cosa han hecho, o la han permitido por su omisión y silencio, no son objeto de sumario administrativo, vaya ironía, pero al menos ya la Justicia tiene el tema en sus manos.

En suma, de punta a punta, el acontecimiento es lamentable. Pudo haberse resuelto de otro modo desde el primer momento, con base en el diálogo, a la actitud profesional que exige el marco educativo, al respeto a los actores, a las normas, a los estudiantes de todo el país, a la ciudadanía de toda la nación.

Acá no se trata meramente de mandar y obedecer, de obligar y de sancionar, sino de algo más; y ese algo está dado por la especial naturaleza del ámbito educativo, que exige otro abordaje, más aun tratándose de menores de edad. Pero no. Debe ser la primera vez que se inicia sumario a un docente por insubordinación, término cuartelero si los hay, que se da de patadas con los cometidos de la Dirección de Educación Secundaria, enunciados en la Ley 18.437, en la redacción dada por Ley 19.889: “La educación secundaria tiene como cometido esencial recibir a todos los jóvenes que han culminado sus estudios primarios para propiciar su proceso personal de desarrollo pleno y su adecuada inserción en la sociedad. Las aulas deben ser espacios de distribución del capital cultural de la sociedad, así como también ambientes de desarrollo de habilidades y destrezas personales y colectivas, donde el joven, en vínculo con sus pares y con los adultos, pueda ir construyendo una ciudadanía responsable en el marco de un sistema de derecho”.

Este incidente, absolutamente contrario a la norma citada, debe ser leído como lo que es. Un recrudecimiento del sesgo autoritario y francamente represor que ha tomado el gobierno de la educación, en su cruzada contra los docentes de este país, comenzada, como quien dice, al otro día de haber asumido el poder. El solo hecho de esa cruzada es un asunto vergonzoso, que habla de malas intenciones y que solo puede llevar a pésimos resultados, pues no puede realizarse ni gobierno eficiente, ni acción pedagógica, ni reforma educativa medianamente conducente, en medio de una batalla campal contra sus principales destinatarios y protagonistas. Todo ello, que debería ser muy obvio para el observador más distraído, no parece serlo para estas autoridades.

En el IAVA existen todavía (y deberían estar mucho mejor guardados y custodiados) los libros de registro de todos los estudiantes que han pisado sus aulas. En ellos figuran nombres insignes, pertenecientes a todas las ideologías y elecciones de vida, profesiones, orientaciones, derroteros intelectuales, barricadas de lucha social, tarimas de oratoria y partidos políticos que conforman el amplio y rico espectro de la nación. Esos registros forman parte de la memoria del Uruguay, junto con los que están en muchos otros sitios, en facultades y sindicatos, en organizaciones sociales y culturales, en el Parlamento y en el arte, en los museos y en las bibliotecas, en los seres que ya no están pero siguen estando. Esa memoria, viva y en perpetuo movimiento, es memoria por eso. Porque no olvida. Porque atesora, cuida, protege. Porque se nutre de sí misma, porque enseña el camino y siembra ejemplo, sobre todo en momentos difíciles, en duras encrucijadas y en amargas horas. No sé cuántas mujeres y cuántos hombres más la integrarán en lo sucesivo, pero una cosa es segura. En sus páginas no figurará ni un solo nombre de quienes hoy integran la dirección de educación secundaria, porque esos nombres están tallados en la arcilla de quienes restan en lugar de sumar, de quienes acosan y agreden en lugar de incluir y escuchar, y no en la piedra reservada a todas esas ciudadanas y ciudadanos que se han distinguido, entre nosotros, por aquello que los griegos denominaron areté o excelencia ética, sofrosine o templanza, magnanimidad, justicia y valentía; o sea, por sus talentos y virtudes.

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