Los temas de la coyuntura económica nos importan a todos y sin dudas algunos son más sensibles que otros en función de cada realidad o conocimiento. Pero existen algunas dimensiones y variables que nos deben preocupar a todos sin distinción y que no tienen discusión bajo ninguna posición ideológica. Podemos tener discrepancias entre cuáles son las medidas a adoptar, pero no pueden caber dudas sobre la gravedad y alarma ante el aumento de la pobreza infantil a niveles que superan a muchos de los países de la región.
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La preocupación por la pobreza infantil es un tema de sensibilidad y derechos, es un tema social y, también, una traba total para el crecimiento y desarrollo económico. Es un problema que tenemos hoy, y grave, pero que en el futuro va a ser mucho peor. Es una cuestión de derechos. Además, la alarma no es nueva; ya hace más de un año que se viene viendo el empeoramiento de los números, pero desde el Gobierno se prefirió seguir leyendo los indicadores desde el hacer política y marketing sin fundamentos. Hoy llegamos a datos oficiales que los organismos internacionales destacan como de una gravedad desmedida. En Uruguay, un país de unos 3,4 millones de habitantes, la pobreza en los niños y adolescentes está en el entorno del 20 %. Una forma no solo irresponsable y con falta de visión, sino inmoral de hacer política, que debería avergonzarnos del país en que vivimos.
El INE publicó en la semana los microdatos de la encuesta continua de Hogares y, en la misma, se muestra que la pobreza en los primeros seis meses de este año 2023 en menores de 6 años de edad superó el 20 %, llegando a 20,9 % exactamente. Esto significa que uno de cada 5 niños o niñas menores de 6 años es pobre, vive en un hogar que tiene un ingreso menor a la línea de pobreza. Si pasamos al siguiente tramo de edad, entre los de 6 a 11 años fue 19,1 % y, para los que tienen 12 a 17, el número fue del 18,8 %. Es decir que la pobreza entre los menores de 17 está en el entorno del 20 %.
Estos datos significan que alrededor de 160.000 niños y niñas son pobres en el país, habiendo un aumento importante y con niveles que no son mejores que en 2019.
Uno de cada cinco menores de 17 en nuestro país está en situación de pobreza, mientras que la pobreza es algo más del 10 %. De esta forma, decimos que hay infantilización de la pobreza, que significa que la incidencia de la pobreza es mayor en los niños que en otros tramos de edad. Este es un verdadero problema económico y social que se concreta como una traba para el desarrollo. Pero, ante todo, es un tema de derechos y de sensibilidad social.
Si bien los datos que se presentan responden al método del ingreso que es la Línea de Pobreza y, con esto, el indicador de incidencia de la pobreza, es decir, el porcentaje de niños que viven en hogares con ingresos que están por debajo de ese umbral, la pobreza es un fenómeno mucho más complejo y que tiene otras mediciones complementarias. De acuerdo a la Cepal y a otros organismos internacionales, la pobreza que sufren los niños, niñas y adolescentes responde a la carencia de ingresos en sus hogares, a las dificultades de acceso a los servicios básicos y a otros factores vinculados con la sobrevivencia, la discriminación y la exclusión. Esto les impide ejercer sus derechos elementales consagrados en la Declaración de los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales.
Pero lo grave no solo son los niveles de pobreza en los menores respecto a los adultos, sino que a nivel de la región estamos muy mal. Muchos dicen que la pobreza en Uruguay tiene cara de niño, siendo el país donde este fenómeno de infantilización de la pobreza es más grave respecto al resto.
La pobreza infantil se cataloga como un flagelo y, a nivel de los países, presenta al menos tres configuraciones problemáticas sobre las cuales hay consenso entre organismos y expertos. En primer lugar, la infantilización de la pobreza va de la mano de altos niveles de vulnerabilidad de la infancia y sus familias a caídas abruptas en el bienestar, inclusive cuando se trata de situaciones de pobreza medida por el ingreso relativamente recientes. En segunda instancia, los altos niveles de exclusión, segmentación y brechas de acceso a servicios e infraestructuras básicas y necesarios. Por último, la dificultad y segmentación de acceso y calidad en servicios públicos e infraestructura. Estos aspectos mencionados van de la mano de altos niveles de segregación territorial que se configuran en un aspecto mismo de vulnerabilidad, marginalidad y discriminación. Y, además, se agrava una de las problemáticas más graves que tiene nuestro país, que es la presencia de altos niveles de violencia.
El tema va a estar en la mesa para el próximo gobierno, pero no es razonable que a poco más de un año de las elecciones no se tomen medidas. No es razonable que en el agravamiento que se venía viendo, a pesar del crecimiento de la actividad y alguna baja que tuvieron los niveles de pobreza promedio, se haya dado la espalda a este tema tan importante. Mientras la pobreza infantil aumentaba, se definió y argumentó la baja en impuestos a los ingresos en sectores que no eran los más necesitados. Se realizan recortes presupuestales en áreas fundamentales y se procesa una reforma de la educación que perjudica a los más necesitados.
Tenemos un problema demasiado grande para ser tan chicos y se deben redireccionar bien los recursos presupuestales para implementar políticas públicas que atiendan esta terrible problemática. Perdimos la oportunidad de que durante el crecimiento poscoronavirus se atendiera la situación; por el contrario, lo que se hizo fue ignorarla, y ahora el esfuerzo es mucho mayor y va a llevar mucho más tiempo.
Se necesitan más y mejores prestaciones, mejores mediciones y esfuerzos conjuntos; se necesita mejorar el acceso a infraestructuras y servicios como salud, educación, entre otros, y se necesitan políticas de empleo y de vivienda como algunas de las básicas para atender esta problemática en forma integral, efectiva y sustentable. Esto, sumado a medidas que refieran a los cuidados.
Lo que no se puede hacer, y hasta resulta inmoral, es ignorar y hasta discutir los propios datos oficiales para hacer política y querer tapar y justificar la existencia de niveles extremadamente altos de pobreza en los niños y niñas.