Ahora, no nos preocupa que la derecha investigue posibles ilícitos (eso es sano para el sistema); pero llama la atención que, hablando de sobrecostos, ni a Luis Lacalle Pou ni a los grandes medios de desinformación les hubiera llamado la atención lo ocurrido ahora, en 2023, con tres importantes contrataciones por parte del Estado, ya estando éste en manos de los denunciantes.
¡Hablame de sobrecostos!
A fines de agosto nos enteramos que la obra del Ferrocarril Central, adjudicada al grupo Vía Central, pasaba de 1.100 millones de dólares a 1.800 + 120 por obras adicionales.
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas concedió dos prórrogas al Grupo Vía Central para la construcción del Ferrocarril Central. Si bien la entrega estaba estipulada para septiembre de 2022, primero se prorrogó el cumplimiento para mayo de 2023 y luego para el 24 de diciembre de 2023. Hasta aquí, algo llamativo, pero nada que alarme, ya que pueden darse imprevistos o errores de planificación. Lo que alarma es que, en lugar de aplicar sanciones por incumpliento, se previó la concesión de premios. La bancada de senadores del Frente Amplio envió un pedido de informes al MTOP para saber por qué se estableció un sobrecoste de 600 millones de dólares para el caso de que la obra finalizara antes del 24 de diciembre. El costo total de dicha obra estaba calculado en 1.100 millones de dólares; pero terminará costando 1.800 millones de dólares más otros 120 por obras adicionales.
¿Cuántos Antel Arena se hubieran podido construir sólo con esa diferencia?
Casi simultáneamente nos enteramos que el proyecto Neptuno-Arazatí, adjudicado al consorcio Aguas de Montevideo (integrado por las empresas Saceem SA, Berkes SA, Ciemsa y Fast Ltda.), pasaba de 210 a 890 millones de dólares.
La inversión será de US$304 millones, pero para OSE tendrá un costo anual de U$S 50,6 millones, de los cuales US$45,6 irán para el consorcio por gestión y mantenimiento. Al cabo de 20 años, el costo total será de US$890 millones.
Lacalle Pou, en su fanatismo por beneficiar a empresas privadas, desplazó a OSE, la cual hubiera gastado 300 millones de dólares menos.
Por otra parte, en el mismo mes, y pese a dos dictámenes votados por unanimidad por el Tribunal de Cuentas (con la conclusión de que era ilegal adjudicar una contratación a la empresa Veridos México S.A.), el Ministerio del Interior decidió continuar adelante con la maniobra de beneficiar económicamente a tal empresa.
Los senadores del MPP denunciaron al Ministerio del Interior por buscar “forzar una adjudicación ilegal a una empresa para la compra de un sistema migratorio”, para la seguridad en aeropuertos, puertos y fronteras.
Al ministro Luis Alberto Heber no le importó que la licitación fuera observada por el Tribunal de Cuentas por no haber cumplido con el pliego de condiciones, y como ocurre siempre, el Tribunal de Cuentas demuestra que sólo oficia de elemento meramente ornamental en el organigrama estatal. No es culpa de sus integrantes, que han actuado correctamente; lo incorrecto es nuestra legislación.
Paralelamente, la licitación (realizada en julio de 2022) también dio lugar a reclamos de las otras empresas interesadas en vender sus equipos. En enero de 2023 las empresas Dafiway y Vinalgo pidieron que se descalificara a Veridos GMBH ya que, aparte de las observaciones del Tribunal de Cuentas (realizadas en dos ocasiones), no había presentado la garantía de mantenimiento de la oferta por 200.000 dólares. Dicho depósito se realizó luego de la apertura de sobres. Con ésta y otras irregularidades, se expone al Estado a enfrentar demandas millonarias.
Heber hizo lo que se le dio la gana y varios festejaron con champagne una nueva sangría al erario público.
Con esto y la entrega de los servicios portuarios, Heber acentúa su fama y poder en el orbe de los negociados entre el Estado y los particulares.
Negociados turbios, por si no quedó claro.
Y más turbio todavía…
El periodista Eduardo Preve hizo público un audio que deja al descubierto el clientelismo político en OSE por medio de una cooperativa social. Decenas de militantes blancos han sido contratados en forma directa con salarios de 50.000 pesos en lugares que estaban reservados para personas de contexto crítico.
En el audio, un secretario de la cooperativa social de OSE amenaza a un funcionario diciéndole que está en su cargo acomodado por política y así como lo pusieron lo pueden sacar, porque “ése es el trato que yo tengo con la gente de arriba". "Es bien clarito -agrega-: si le parece que estoy mal lo hablamos personalmente". “Las cooperativas tomamos las medidas como nos parecen correctas a nosotros, quiero que eso le quede claro. ¡Solamente con pedir autorización a OSE, pasando por encima de la cooperativa, usted está equivocado y las medidas que nosotros tomamos son dentro de la cooperativa, a usted le guste o no le guste!"
Sólo falta como fondo la melodía de Brucia la Terra, de “El Padrino”. Sin embargo, nada que no supiéramos o sospecháramos; porque ése es el accionar habitual de la derecha.
Por otra parte y por los mismos días, el periodista Leonardo Sarro le preguntó a Francisco Bustillo, durante un acto al aire libre en Florida, por la resolución de Luis Lacalle Pou por la cual se otorga una partida extra de $200 millones (US$ 5,3 millones de dólares) a la Delegación Uruguaya de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
La respuesta fue una tomada de pelo, no sólo contra quien preguntaba, sino contra todo el pueblo uruguayo. En una actitud que da vergüenza ajena, el canciller se rió y simuló (con una pésima actuación) no entender la pregunta por el ruido de fondo. "Habla más fuerte que no te escucho". El periodista insistió: “¿No quiere hablar de Salto Grande?” Bustillo continuó riendo y diciendo que no podía oír lo que todos oímos perfectamente.
A Zin TV sin escalas.
Lo de Salto Grande es de una inmoralidad impresionante. Los blancos han metido a más de 30 cargos por política, y mientras al Hospital de Clínicas se le da $120 millones cuando pedía 170, el Ministerio de Economía le da $200 millones a la CTMSG para aumentar el poder político de Carlos Albisu y sostener el clientelismo herrerista.
Si realmente fuéramos un país con esa cultura cívica de la que tanto presumimos, el pueblo estaría desbordando las avenidas para exigir la renuncia de todos estos sátrapas.
Lamentablemente, no la tenemos; es solo un mito.
