Es claro que las organizaciones delictivas necesitan el combustible del dinero y el único modo de ponerlo a buen recaudo es blanquearlo a través del sistema financiero, de estructuras societarias, del mercado inmobiliario, del negocio agropecuario, de zonas francas, de la venta especulativa de activos financieros, de criptomonedas y, según se especula, aún sin pruebas, de sociedades anónimas deportivas.
Modificación de la ley
La modificación más sustantiva es la rebaja del monto máximo permitido para transacciones en efectivo, que pasará de 150.000 dólares a 43.000 dólares por operación. De este modo, el oficialismo logró torcerle la muñeca a la derecha, que aceptó cambiar una disposición contenida en la Ley de Urgente Consideración aprobada en 2020 —en plena pandemia y mediante un trámite express— que flexibilizó considerablemente la Ley de Inclusión Financiera 19.210, homologada durante los gobiernos del Frente Amplio.
Esta movida política, que se desarrolló en plena votación del proyecto de ley de presupuesto en el ámbito de la Cámara de Representantes, fue motivada por el atentado perpetrado contra la fiscal de Corte subrogante Mónica Ferrero, cinco de cuyos responsables ya están presos luego del diligente trabajo de investigación ejecutado por la Policía, bajo el liderazgo del injustamente criticado ministro del Interior, Carlos Negro.
El impactante episodio movió los cimientos mismos del sistema democrático, concitando el rechazo de todo el arco político y reuniendo bajo el mismo paraguas de defensa de la institucionalidad tanto al oficialismo como a la oposición.
Marset, el pasaporte y el episodio en Torre Ejecutiva
Las indagatorias policiales y judiciales permitieron determinar, de acuerdo a lo revelado por fuentes de la causa, que habría sido el prófugo narcotraficante Sebastián Marset quien dio la orden de atentar contra la titular del Ministerio Público. De hecho, hay comunicaciones entre el poderoso mafioso y algunos delincuentes vinculados a él que operan en Uruguay mediante una sofisticada tecnología israelí de alta encriptación, que dan cuenta de esa presunción. Incluso, todo parece indicar que Marset habría regresado a Bolivia, protegido por organizaciones delictivas locales y por miembros del denominado Comando Capital, la red narco más importante de la región nacida en Brasil, que se ha expandido a otros países del continente.
Aunque en primera instancia se atribuyó el atentado a miembros del clan liderado por el narco Fernando Fernández Albín, que es el principal socio local de Marset, todo parece indicar que el prófugo delincuente sería quien ordenó directamente la acción criminal, luego de la captura e incautación, en agosto pasado, en Punta Espinillo, de un cargamento de 2.200 kilos de cocaína valorado en 60 millones de dólares. El propósito de la acción sería más que nada intimidatorio.
Empero, luego de mucho tiempo, volvió a aparecer en escena Sebastián Marset, prófugo desde 2021 gracias al pasaporte que le otorgó el Gobierno de Luis Lacalle Pou y le permitió escapar de una cárcel emiratí, en la cual estaba recluido por haber intentado ingresar al país con un documento falso.
Este hampón, de apenas 34 años, inició su carrera delictiva en 2012, siendo imputado y formalizado por más de un cargo de receptación y tenencia y comercialización de estupefacientes. Incluso, fue luego indagado por la presunta comisión de un homicidio.
En agosto de 2018, un cúmulo de evidencias recabadas por la Policía daba cuenta de que Marset habría asesinado a tiros a su mejor amigo en el balneario Las Toscas. Empero, luego de varios interrogatorios y actuaciones judiciales, así como de testimonios de allegados a la víctima, por falta de pruebas, el delincuente quedó en libertad y la causa fue archivada en 2020.
Aunque tenía profusos antecedentes penales, sin causa abierta pudo viajar a Paraguay, donde montó una organización delictiva que se dedica al narcotráfico a gran escala. Es decir, ni la Policía ni la Justicia podían alegar que no conocían quién es Sebastián Enrique Marset Cabrera y, por ende, tampoco el Gobierno presidido por Luis Lacalle Pou. El Poder Judicial no tiene ninguna responsabilidad en la fuga del narco, porque éste ya no tenía causa abierta en nuestro país. Empero, las autoridades del Ministerio del Interior del período pasado sí conocían bien sus antecedentes.
¿Esta circunstancia lo inhabilitaba para que se le otorgara un pasaporte? Naturalmente, no. Empero, lo que sí debió haber condicionado la entrega del documento en el exterior, en este caso con participación de la Cancillería, era el hecho de que este delincuente estaba preso en una cárcel de Dubái por haber pretendido ingresar a territorio emiratí con un pasaporte paraguayo falso.
En ese contexto, las burdas explicaciones del exministro del Interior, Luis Alberto Heber, y del excanciller de la República, Francisco Bustillo, durante la interpelación desarrollada en el Senado, transformaron la instancia parlamentaria en un circo mediático. Ambos mintieron, como lo admitió en su escrito incluso el propio fiscal Alejandro Machado que los indagaba, pese a que insólitamente archivó la causa.
Las explicaciones de los gobernantes interpelados resultaron realmente inaceptables, porque atribuyeron el otorgamiento del documento a la legislación vigente. Sin embargo, el decreto de 2014 que Heber y Bustillo invocaron para escudarse y blanquear sus responsabilidades establece claramente que, ante situaciones imprevistas, se requiere actuar con cautela. ¿Puede haber realmente una situación más imprevista y compleja que el hecho de que esta persona estuviera presa por ingresar a un país con un pasaporte falso? Obviamente, no. Incluso, se ignoró el pedido del embajador uruguayo en dicha nación islámica, Álvaro Ceriani, quien sugirió a la Cancillería que se tomara más tiempo para tramitar el documento por la peculiar situación del encarcelado.
Marset tiene varios pasaportes falsos de diversas nacionalidades, pero el único legal es el que le otorgó el Gobierno uruguayo, que le permite seguir delinquiendo a sus anchas y hasta ordenar un atentado contra la máxima autoridad de la Fiscalía de Corte.
¿Quiénes son los responsables de tanta impunidad? El Partido Nacional y, en particular, los exministros del Interior, Luis Alberto Heber, y de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo —hoy sumariado por la Cancillería— que fueron cesados luego de la denuncia de la exvicecanciller Carolina Ache, quien reveló que el exasesor presidencial Roberto Lafluf destruyó documentos que probaban que el pasaporte fue otorgado a sabiendas de la peligrosidad de Marset. Es una ingenuidad creer que Lafluf actuó sin el aval de Luis Lacalle Pou y que éste “sólo pasó a saludar”. La causa penal sigue abierta. Haber votado los cambios a la ley que combate el lavado de activos no los absuelve de culpa.
