En ese contexto, el experiodista Gerardo Sotelo, recordado por su obsecuencia con la derecha cuando ejercía la profesión y por su gestión como “cazador de brujas” cuando ocupó la titularidad del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional como personal de confianza del paupérrimo gobierno de coalición encabezado por Luis Lacalle Pou, se disfrazó de diputado y de miembro interpelante para protagonizar los cinco minutos de fama que le reservó la historia.
No sorprende que la devaluada Coalición Republicana, que devino en un mero pacto cojitranco blanqui-colorado, le haya asignado el trabajo sucio al único representante del híbrido y casi virtual Partido Independiente, para que éste dejara de ser un mero actor de reparto. Es obvio que ser el solitario miembro de una bancada unipersonal significa una carga emocional muy pesada. El inefable Sotelo, único curul del más pequeño furgón de cola del tren derechista, debe sentirse más solo que Adán en el Día de la Madre.
Además de “presidente de facto”, durante la interpelación se escuchó a los desteñidos colorinches tildar a Danza de “usurpador”. ¿Qué es un usurpador según el diccionario de la Real Academia Española? Es una persona que se apodera de forma ilegítima de un cargo, propiedad o derecho ajeno, a menudo por la fuerza, el engaño o la violencia. El término se aplica comúnmente a alguien que toma el poder político sin derecho, como alguien que perpetra un golpe de Estado o que ocupa ilegalmente un inmueble.
Más allá de eventuales subjetividades, me quiero detener particularmente en esas dos invectivas que le aplicó la oposición al presidente de ASSE, quien no es ni un presidente de facto y menos aún un usurpador, porque fue designado por un gobierno legítimo y luego avalado por un Senado legítimo.
Por ende, su situación nada tiene que ver con presidentes de facto o usurpadores, como el golpista colorado Juan María Bordaberry, quien fue dictador hasta su destitución por parte de los militares también golpistas en 1976, como el también dictador colorado Alberto Demicheli, quien sucedió a su correligionario durante cuatro meses, y como el exministro de dos gobiernos blancos nacionalistas y dictador Aparicio Méndez, quien asumió el mando el 1º de setiembre de 1976.
Esos tres nefastos personajes sí fueron presidentes de facto y usurparon el alto cargo que ocuparon, al igual que decenas de políticos blancos y colorados que colaboraron con la dictadura liberticida, ocupando lugares en el inventado Consejo de Estado, cuyos integrantes se sentaron indebidamente en las bancas de un parlamento arrasado, en ministerios, empresa públicas e incluso en gobiernos departamentales.
Si no me traiciona la memoria, ni el Partido Colorado ni el Partido Nacional le pidieron perdón al Uruguay por el hecho que reputados políticos de ambas colectividades hayan colaborado con un gobierno criminal. Incluso, como si no fuera suficiente, desde el 1º de marzo de 1985, cuando asumió la presidencia Julio María Sanguinetti al frente de un gobierno rengo y tutelado, siempre se refirieron a la dictadura como “gobierno de facto”, para no “ofender” a los tutores militares. Asimismo, en diciembre de 1986, ambos partidos fundacionales perdonaron los crímenes de lesa humanidad perpetrados por los uniformados, al aprobar la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, una norma abiertamente inconstitucional que blindó a los represores durante más de veinte años.
Blancos y colorados tienen claro qué es un presidente de facto, porque le aportaron tres a la dictadura, y qué es un usurpador, porque le aportaron decenas de usurpadores a ese régimen predador. Es decir, no tienen autoridad moral para cuestionar a Álvaro Danza, porque son lobos disfrazados de ovejas.
Por supuesto, el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, quien fue el peor ministro de Trabajo y Seguridad Social de los últimos veinte años, sabe bien la diferencia entre alguien que ocupa legalmente un cargo y alguien que lo usurpa. Sin embargo, la historia le marcó el rol de alcahuete político, con la esperanza, en el futuro, de tal vez volver a ser alguien con visibilidad.
Mientras este episodio desnudó la peor cara del Uruguay del presente, la presentación de la propuesta del PIT-CNT de gravar al Impuesto al Patrimonio con una tasa adicional del 1 % al 1 % más rico fue la contracara. Este es el Uruguay que se preocupa y se ocupa de los niños pobres y promueve medidas para comenzar a cerrar la escandalosa brecha social de nuestra sociedad.
En efecto, en el mismo momento que unos se transformaron en payasos de un apócrifo circo de barrio privado destinado a derribar al titular del organismo estatal encargado de atender la salud de los uruguayos más vulnerables, otros —sindicalistas, académicos y políticos de izquierda— promovieron medidas para mejorar la calidad de vida de esos ciudadanos vulnerables. Son dos miradas bien antagónicas que revelan sensibilidades diferentes, entre la mera derecha corrupta y carroñera y el superior compromiso ético y social con los que menos tienen.
