La seguridad es un tema que nos concierne a todos los uruguayos. En un contexto donde el crimen organizado y la violencia se han vuelto preocupantes, es esencial implementar políticas efectivas que fortalezcan la convivencia y enfrenten estos desafíos de manera integral. La lucha contra el crimen no puede ser un esfuerzo aislado; requiere un enfoque coordinado y decidido que incluya medidas concretas, como el combate al lavado de activos y un despliegue territorial más efectivo del Ministerio del Interior.
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La seguridad, un problema de los uruguayos.
Foto: FocoUyCaras y Caretas Diario
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La optimización de los controles en nuestras fronteras es un paso fundamental, así como poner énfasis en la integración social. Priorizar la seguridad como un derecho humano no es solo una declaración, es una acción urgente que debe reflejarse en políticas claras y efectivas. Para ello, proponemos el desarrollo de un Sistema Integral de Lucha Contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico, diseñado para reducir la capacidad operativa de los delincuentes y devolver la tranquilidad a nuestros barrios.
Una de las iniciativas clave en nuestro Plan de Gobierno es la creación de un Centro Coordinador Unificado de Seguridad en las Fronteras, acompañado de la incorporación de 500 cámaras de videovigilancia. Además, es crucial intensificar el patrullaje del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) en las zonas más vulnerables, aumentando el número de dispositivos de videovigilancia, que incluirán tecnología de registro de matrículas y sistemas de identificación facial.
El Plan Más Barrio se presenta como una herramienta para controlar el crimen organizado en el territorio y mejorar la infraestructura de los barrios. También es vital crear una Fuerza Especial de Tareas dedicada a la investigación criminal de alta complejidad y aumentar la dotación policial con 2.000 nuevos efectivos durante el período 2025-2030. Esto no solo fortalecerá la capacidad de respuesta ante el delito, sino que también mejorará la atención en las comisarías, facilitando la recepción de denuncias con el apoyo de estudiantes universitarios.
Es igualmente importante mejorar las condiciones laborales de los policías, incorporando al Fondo de Vivienda Policial y brindando apoyo ante enfermedades profesionales. La violencia basada en género debe ser una prioridad, por lo que la incorporación de 2.000 dispositivos móviles de respuesta inmediata es esencial.
La transparencia y la lucha contra la corrupción son pilares fundamentales en este esfuerzo. Por ello, fortalecer la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) y regular las donaciones anónimas y los aportes de empresas privadas a partidos políticos son medidas que no pueden postergarse. Limitar las designaciones directas en el estado también es un paso necesario hacia una gestión más transparente y responsable.
En este contexto, es importante recordar que hay condiciones históricas y sociales que nos obligan a recuperar nuestra identidad, tanto desde lo simbólico, como lo representó el batllismo en su momento, como desde las necesidades materiales actuales.
Esa historia y esa esperanza son lo que nos une. Con estas prioridades y con este Frente Amplio, hacemos un llamado a la unidad. Trabajaremos juntos por un Uruguay donde la seguridad, el crecimiento y la solidaridad vayan de la mano. Porque todos nosotros tenemos un destino común, y ese destino se llama Uruguay.
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