Cada vez que la humanidad avanzó, lo hizo pateando un paradigma. Cuando los hermanos Wright dijeron que querían volar, los expertos se rieron. Cuando alguien dijo que el ser humano podía llegar a la Luna, los serios levantaron la ceja. Cuando Steve Jobs insistió en que la gente tendría una computadora sin botones, lo trataron de loco.
Cuando alguien dijo que se podía dar una computadora a cada niña o niño de cada escuela pública muchos hicieron una mueca, como tildando de lírico al planteo… pero Tabaré lo hizo, y Mikaela Rodríguez, que en 2007 recibió de las propias manos del presidente la primera “ceibalita”, se graduó como licenciada en Trabajo Social por la Udelar en 2024. Y lo hizo con una tesis sobre el impacto del Plan Ceibal en su localidad, Cardal.
Robert Kiyosaki (el autor de Padre rico, padre pobre) cuenta que le dijeron que era irresponsable por invertir en activos desconocidos y rechazar “el camino seguro”: empleo para toda la vida, hipoteca, jubilación modesta y no molestar. Paradigma puro.
Mientras tanto, los que obedecían la receta seguían corriendo en la rueda. Paradigmas: eso de creer que el riesgo siempre es malo, que la seguridad siempre está en lo conocido, que el sistema no se toca porque es el sistema. Así funcionan las sociedades que envejecen antes de tiempo.
Paradigma es también esa veneración al status quo aunque nos lleve caminando derecho al precipicio.
Romper paradigmas es una necesidad histórica. Cuando una nación enfrenta cambios tecnológicos, financieros o institucionales y sigue aferrada al “como siempre”, firma su certificado de defunción. Porque el mundo no pregunta si estamos listos: avanza igual.
Si los uruguayos realmente quieren salvar al país, van a necesitar desabrocharse la camisa mental, porque nada grande nació nunca del conformismo.
El agujero en nuestras finanzas no lo hacen los que intentan algo nuevo: lo hacen los que, viendo que algo no funciona, prefieren honrar el paradigma y seguir girando en el mismo lugar y de la misma manera.
Sin apertura mental, ningún país cambió jamás. Con ella, los que parecían locos terminaron teniendo razón. Y es que, al final del día, la historia la escriben los que rompen paradigmas; los que se aferran a ellos solo escriben epitafios.
Un Uruguay diferente
Imaginen un país cuya Constitución, en lugar de rígida, sea flexible; es decir, que los requisitos para cambiarla no sean tan exigentes. Pero, además, que ésta haya sido corregida de tal manera que no admita las famosas “dos bibliotecas”, que lleva a los constitucionalistas a dar su opinión según sus simpatías políticas. Así ocurrió recientemente con los casos Danza y Ojeda.
Imaginen un país donde los políticos no tengan fueros porque el pueblo los sacó de la Constitución tras entender que el político que necesita fueros no merece cargos.
Imaginen un país donde legisladores, ministros y jerarcas políticos tengan la obligación de atenderse en Salud Pública. No es una locura. Sólo los paradigmas harán pensar así a los sometidos y temerosos de los cambios. Modelos similares ya existen en Reino Unido, donde los ministros usan el NHS, y España, donde la clase política usa la Seguridad Social.
Sé que los conservadores de privilegios se burlarán de esta propuesta intentando descalificarla. Genial. Eso nos indicará que vamos por buen camino, porque las reformas que incomodan a los políticos suelen ser las que liberan a los pueblos.
Imaginen un país donde los legisladores no voten sus propios sueldos, sino que queden establecidos en la Constitución, en franjas de Salarios Mínimos Nacionales. Y que de igual manera queden fijadas las compensaciones de directores, ministros y hasta del Presidente de la República.
En el Parlamento Europeo, el sueldo de los eurodiputados no lo decide cada país por separado, sino que está fijado por el propio Estatuto de los Diputados del Parlamento Europeo: todos reciben la misma asignación retributiva, que se calcula como un porcentaje fijo (38,5 %) del salario base de un juez del Tribunal de Justicia de la UE, y se paga con cargo al presupuesto del Parlamento.
Aunque también se les reconocen dietas y otras asignaciones para cubrir gastos relacionados con su función, el monto básico del salario es uniforme y no se negocia individualmente.
En Venezuela, la Ley Orgánica de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de los Altos Funcionarios del Poder Público ponía un tope al salario del presidente de la República: 12 salarios mínimos. Aunque esa ley fue declarada inconstitucional por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en 2017, no le quita validez como referencia internacional.
Nueva Zelanda tiene una Comisión de Remuneraciones independiente. Reino Unido, con la Independent Parliamentary Standards Authority, también presenta una solución diferente a la uruguaya.
Quien decide los recursos del pueblo no puede decidir su propio privilegio.
Imaginen un país sin ballotage, con voto consular y sin voto obligatorio. Obligar a votar al ignorante, al que está totalmente desinformado y desinteresado con respecto a la política, es condenar al resultado electoral a una lotería donde el desconocimiento puede ser el balancín decisorio.
Imaginen un país donde se realicen el mismo día las elecciones nacionales y departamentales, con la posibilidad de cruzar listas, es decir, de votar al presidente de un partido y al intendente de otro. Eso ya lo hacemos, pero en diferentes fechas, deteniendo al país, multiplicando el gasto y despilfarrando millones de dólares.
Imaginen un país sin nuestro artículo 272, que otorga al partido que alcanza la Intendencia la mayoría de las bancas de la Junta Departamental aunque solo obtuviera en las urnas la mayoría relativa. Imaginen que se aplique la representación proporcional plena como ocurre con las bancas del Poder Legislativo.
Imaginen un país que tenga sólo 7 militares por cada 100 kilómetros cuadrados, y no 13 como tiene Uruguay, mientras Argentina tiene 3 y Brasil 4.
Imaginen un país donde sus embajadores y diplomáticos sean sólo licenciados en Relaciones Internacionales o Comercio Exterior y esos cargos los ocupen quienes se prepararon durante años para esa función y no políticos.
Imaginen un país donde la Jutep y el Tribunal de Cuentas de la República tengan poder de veto, suspensión de contratos y sanción de funcionarios; o sea, poder real. En cambio vivimos en un país donde el Intendente de Salto Carlos Albisu ha recibido 2.300 observaciones del TCR y no pasa nada. ¡2.300!
Imaginen un país donde rija el principio de “vos firmaste, vos respondes con tus bienes”, ante compras o contrataciones ruinosas para el Estado, como aviones, lanchas o patrullas transoceánicas, por decir algo.
Imaginen un país donde todos los ingresos a la administración pública (nacional o departamental) se realicen por concurso, premiando la capacidad y no la militancia.
Imaginen un país sin Afap ni cajas paralelas.
Imaginen un país donde el poder político no tenga nada que ver con la designación de jueces y fiscales.
Imaginen un país que tenga plasmado en su Constitución que “los animales son seres especialmente protegidos por la Nación”. Deduzcan ustedes las derivaciones.
Uruguay puede ser ese país; pero requiere de una reforma profunda e histórica de su Constitución.
Cómo se reforma la Constitución en Uruguay
Hay cuatro mecanismos.
- Iniciativa popular + plebiscito (firmas del 10 % del padrón).
- Reforma parlamentaria (2/5 del Parlamento + plebiscito).
- Convención Constituyente (más complejo).
- Iniciativa del Poder Ejecutivo, que propone un proyecto de reforma que debe ser aprobado por la Asamblea General y luego ratificado obligatoriamente por plebiscito popular. En todos los casos se termina en plebiscito obligatorio.
Seamos sinceros; una reforma semejante sólo sería posible mediante la iniciativa popular, o sea, que vaya de abajo hacia arriba. Por supuesto que se puede; pero, para lograrlo, todos los de abajo tendrían que comprender que nada podemos esperar sino de nosotros mismos.