Un amparo desamparado

Pero, lector, este amparo, concedido en 1ª instancia judicial, será seguramente revertido por el fallo que en estos días tomará el Tribunal de Apelaciones que, en 2ª instancia, podría decidir de modo definitivo respecto del amparo solicitado y fugazmente concedido. Porque no tenemos casi esperanza de que se mantenga la decisión del Dr. Alejandro Recarey, juez civil, subrogante en lo Contencioso Administrativo en período de Feria Judicial Menor. Los menores uruguayos, inicialmente amparados, quedarán otra vez desamparados ante el brutal lobby médico-político-mediático, que hará caer todo su peso sobre las altas instancias del Poder Judicial que, jamás, cuando las papas queman, pueden resistir esos embates dada su dependencia respecto de los otros poderes del Estado y de su baja eficacia comunicacional, típica de su autoimagen institucional.

Pero, para entender todo esto, hay que saber de ciencia Política, de Estado de Derecho, de Constitución, de Leyes, de Poder judicial, de jueces, de procesos judiciales, de recursos extraordinarios y de comunicación política. Y los científicos biosanitarios no saben normalmente nada de todo esto, pese a lo cual vociferan altivos epítetos basados en la misma ignorancia sobre esas cosas que ellos les reclaman a los operadores jurídicos sobre sus especialidades. Ni que hablar de los periodistas, que no saben de ninguno de los conocimientos necesarios como para opinar sobre el amparo. Le voy a explicar algo de todo esto que brutal y olímpicamente ignoran, sin darle importancia, periodistas y especialistas biosanitarios.

Estado de derecho, poderes, constitución, ley, judicial, amparo

Supuestamente, vivimos en un Estado de Derecho, regido por Constitución y leyes, desarrolladas y actuadas por 3 poderes, que, en teoría (pero no en la práctica cotidiana) son equivalentes y se contrapesan y equilibran sustancialmente. La especificidad del Poder Judicial, frente a la de los otros dos poderes, es la de constituir una garantía y evaluación de la constitucionalidad y la legalidad de lo que hacen y dicen los otros dos poderes, y hasta respecto de sus propios actos. Ahora bien, de los 3, por diversas razones, el Judicial no tiene el mismo poder que el Ejecutivo y el Legislativo. En Uruguay, de entre las muchas razones de este desequilibrio real entre los teóricamente equilibrados, referiremos dos, suficientes para entenderlo.

Uno, que el Judicial, tanto para su presupuesto y flujo económico-financiero como para muchas designaciones en cargos claves depende de las voluntades del Ejecutivo y del Legislativo, lo que les quita autonomía y libertad técnicas, aunque hagan gárgaras para la galería con su independencia técnica. En decisiones importantes, como esta del amparo en vacunación pandémica, aunque puede haber ‘bravatas’ (acepción de Erving Goffman) celebrables como esta, del Dr. Recarey, probablemente terminarán siendo goles tempranos que serán revertidos por el Tribunal de Apelaciones, que volverá las cosas a su dependiente lugar (quien ríe último ríe mejor), para beneficio de gobiernos con opacidades múltiples, de una prensa adicta (mayoría), de una sorprendente casi unanimidad partidaria y del pluricriminal lobby mafioso de la big pharma, en especial del multisentenciado laboratorio Pfizer (lo que veremos luego); y del mal informado, asustado y manipulado entusiasmo popular.

Dos. Segunda razón para ese desequilibrio entre Poderes en desmedro del Judicial: la mucho peor prensa que tiene el Judicial. No solo porque sus conceptos son más difíciles de comunicar y absorber por prensa y gente común neófita, sino que no tienen ‘cancha’ mediática y comunicacional comparables y enfrentables con posibilidades a miembros del Ejecutivo y del Legislativo. También contribuye a esa desventaja la autoimagen de técnicos sofisticados que no deberían contaminarse con el mundanal ruido y con las bajas pasiones cotidianas, herencia de los padres espirituales y modélicos de los jueces desde antes de la independencia colonial: los Reales Oidores de la Corona Española durante sus inspecciones coloniales.

Al interior del trabajo judicial, un lugar particular lo llevan ciertos procesos abreviados, de urgencia, que se deciden en pocas horas, en su 1a instancia y en su definitiva 2ª instancia de eventual apelación (si no se extienden inopinadamente por alguna demanda de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia). Pero, al contrario que en estos casos breves y urgentes como el amparo, la mayoría de los procesos son extendidos en el tiempo y recorren 3 instancias; cuando las dos primeras divergen, la última y definitiva está a cargo de la Suprema Corte de Justicia. Para el caso de esta acción de amparo, el trámite es urgente, breve, y solo se decide en 2 instancias, la definitiva de apelación y no de Suprema Corte, salvo inconstitucionalidad deducida. Del punto de vista de la comunicación política, la diferencia entre un proceso normal y uno urgente, como este de amparo, está en que no hay mucho tiempo para que las argumentaciones circulen; por ende, los inicialmente condenados no precisan replicar siquiera porque pueden jugarse con buenas chances sus boletos a que la apelación revertirá, de modo inmediato, y de modo ‘firme y como cosa juzgada’ lo decretado en 1ª instancia por el juez, en este caso suspensión precautoria de la vacunación a menores hasta tanto se hayan satisfecho las condiciones para una campaña eficaz, segura y consentidamente informada concordante con la Constitución y las leyes.

Un amparo contraproducente

De acuerdo con las características más probables de esta acción, demandar una acción de amparo sobre un tema que tiene un multilobby mafioso (como veremos) detrás, es, no solo de éxito improbable, sino que ni siquiera permitirá que los argumentos antipandémicos circulen y se debatan durante el transcurso de las instancias judiciales, todas ellas de amplia cobertura mediática y en las redes sociales. Plantear un recurso de amparo, en el mejor de los casos sería una victoria a lo Pirro, porque se perdería rápidamente en 2ª instancia lo fugazmente ganado en 1ª (Juez Recarey), sin tiempo para circular argumentos y hechos, y, además, se generaría una enorme indignación histérica a cargo del complejo 1) lobby big pharma + 2) partidos políticos (en su imparable carrera hacia la derecha, la izquierda ya es capaz de jugársela por multinacionales criminales y por opositores políticos) + 3) la mayoría médica institucional + 4) la prensa, siempre con su dedito húmedo viendo de dónde viene el viento para sumarse y no tener que esforzarse contraviento y contracorriente, tan poco lucrativo. Iniciativa que será irracional, indignada y ruidosamente adoptada por 5) la gente, cada vez más alienada, hegemonizada y manipulada. Como se ve, un amparo bastante desamparado de respaldo político, mediático, popular y probablemente hasta judicial.

Además, ¿Los chanchos no votan a Cattivelli, como dijo un día Pepe Mujica?; bueno, en realidad lo han votado toda la historia, de lo que dan adecuada cuenta los profundos conceptos de ‘alienación’ en Lukacs y de ‘hegemonía’ en Gramsci; y si no lo votan, será entonces a Ottonello, a Centenario, a Sarubbi, a Schneck; en fin, hasta a Doña Coca votarían, casi siempre dentro del menú de sus posibles faenadores.

Por todo eso, sobre ese tema y en ese espacio-tiempo probable, una demanda de amparo judicial muy difícilmente tendrá éxito, y el gol temprano inicial solo hará cerrar filas, insultos e incomprensiones al multilobby, que más que superará ese gol inicial, engañoso éxito, con una estruendosa goleada. Lo que podía parecer un avance de varios casilleros en el juego sociopolítico se convertirá en un retroceso de muchos más. Lo que el desgaste de las medidas sanitarias, la vivencia creciente de no vacunados sanos y de vacunados enfermos, y algunas disidencias difusamente registradas, le estaban restando y erosionando el relato ortodoxo covid, recibirá una bocanada de aire que lo inflará de nuevo a dimensiones que iba perdiendo. Un golazo en contra, en un país en el cual, políticamente, no gana tanto el que acierta más sino el que se hace menos goles en contra; cuidemos nuestra valla y esperemos que los demás se autogoleen, que lo harán; pero no nos hagamos goles en contra, como será esta demanda de amparo, pese a la euforia precautoria inicial; y ojalá me equivoque y que la apelación confirme el decreto del juez Recarey.

Lo que se terminará haciendo será entronizar a la multinacional multicriminal Pfizer en el más envidiable y codiciable lugar del imaginario antropológico profundo, mítico, arquetípico, de la civilización judeo-cristiana, greco-romana: el lugar de víctima-redentor, el de un aggiornamiento aproximado de Cristo.

Amparo: garantía jurídica, no juicio sanitario sustantivo

Es una de las cosas que menos entienden periodistas y científicos biosanitarios, y es central para entender la acción de amparo y el punto de vista y decisiones del juez. He visto frases ejemplarmente incomprensivas del asunto, tales como que el asunto implica a un juez contra la ciencia, o que no se debe permitir que un juez tome de rehén a la población, afirmaciones de una ignorancia llamativa porque el juez simplemente está haciendo lo que debe hacer dada la demanda que le tocó atender, la materia sobre la que juzga, y lo que le corresponde al poder judicial dentro de la división de poderes de la organización del Estado de Derecho. En realidad, tienen a la población de rehén tanto como un omnibusero a sus pasajeros, una antesala clínica a sus pacientes, o un cura en misa a sus feligreses. Es de magna ignorancia decir eso que he leído (y se dice el pecado, que es lo que importa, no los pecadores).

Ni en este ni en ningún caso los jueces intentan refutar ni evaluar ciencia; Recarey no abrió juicio sobre los detalles científicos respecto de los que pregunta reiteradamente y a diversos actores gubernamentales; (que responden poco y siguen escondiendo mucho, sintomáticamente) y que instala como importantes para impartir justicia: uno, hasta qué punto están amparados los derechos constitucionales y legales de los vacunables; dos, cuál es su consentimiento informado sobre qué sería exactamente lo que sería inyectado, qué efectos y consecuencias buenas, malas y su balance son conocidos o no; tres, hasta qué punto existe indemnidad civil e inmunidad penal de los fabri-comerciantes respecto de eventuales impactos adversos de las vacunas; cuatro, por qué se ocultan a la opinión pública los contratos; cinco, el juez no opinó sobre la calidad de la vacuna, sino que solicitó información sobre su seguridad, eficacia, elementos para un conocimiento informado, y legalidad de la campaña de vacunación. Sin embargo, sin meterse con la ciencia, ésta y la prensa sí que se meten con los jueces y con todas esas disciplinas que ignoran. Los neófitos en derecho y todos los demás que ignoran de ciencias sociales, ellos sí evalúan el trabajo del Juez, del cual no saben claramente nada, como no saben de ninguna de las cosas de las que he hablado hasta ahora. Pero se quejan de que los jueces se meten con la ciencia, cosa que no hacen. En nada de esto hay la menor opinión científica expresa ni criticada; solo hay un cuidado con la eficacia y seguridad de las vacunas, y la garantía sobre derechos legales y constitucionales. Acusación ignorante, fuera del tarro y que confunde, quizás interesadamente, a la gente.

Como lo hace el Poder Judicial como parte especializada en los poderes del Estado democrático de derecho, el juez es vigilante y custodio de la legalidad y constitucionalidad de los actos del Estado, no necesariamente de su contenido sustantivo; de los actos del Estado, lo que le interesa aquí solamente es su posible conflicto entre la legalidad y la constitucionalidad; por su intermedio, los derechos de individuos y grupos a defender de los posibles excesos de las leyes legisladas y de las acciones del Ejecutivo; por esos controles de legalidad y constitucionalidad, uno de los cuales es la acción de amparo, “protege contra todo acto, omisión o hecho de las autoridades estatales o paraestatales que lesionen con ilegitimidad manifiesta sus derechos y libertades”. El juez hace su trabajo como parte de un poder específico del Estado, en una materia civil particular, en una acción sui generis; claro que en medio de la empoderada ignorancia y mala voluntad malinformada de la mayor parte de su audiencia.

Ahora bien, nobleza obliga, aunque el juez, en esta acción de amparo, no se entrometa opinando sobre la sustancia de los asuntos, de los científicos, de hecho, aun no queriéndolo, interviene sustantivamente en la realidad, hasta en la científica; y eso choca, más allá de las intenciones judiciales a espectadores explicablemente interesados en lo sustantivo. Porque, si bien no opina sobre la sustancia de las vacunas suspende la vacunación, que es un impacto sobre la sustancia mucho más importante que una opinión, aunque pudiera ser más provisional y reversible. Y esta es una de las cosas que le choca a la gente y hasta a periodistas. ¿Cómo que dice que no opina sobre las vacunas si las suspendió? Es como si se suspende un partido de fútbol porque los organizadores no garantizaban que habría extinguidores anti-incendios, carteles luminosos en las escaleras ni cuidadores en los baños; la gente se le quejará porque suspendió el futbol; y él dirá que no tiene nada que ver con el fútbol, que suspende por falta de confianza en la seguridad de un recinto público para proteger a las personas, su salud y seguridad; tiene razón, en rigor, pero la gente no lo va a entender y lo va a responsabilizar por la falta del fútbol. Recarey será culpado por todas las omisiones, errores, opacidades y medias verdades de Pfizer, del gobierno uruguayo, de la organización médico-administrativa y de la normativa de la vacunación; la gente y los periodistas no lo entienden porque ni saben, ni pueden, ni quieren entender, porque no hay peor ciego que el que no puede ver, ni sordo que el que no quiere oír.

Uno de los peores problemas para la adopción del pedido de amparo fue, justamente, que un análisis de científicos sociales y de comunicación política hubiera aconsejado no hacerlo dada la fragilidad de la Justicia frente a los otros poderes, y a la ignorancia, mala voluntad y obsesividad de la manada de periodistas y gente común, en el marco de una casi unánime adversidad partidaria. Y admito que, entre la inmensa mayoría de neófitos que ha presenciado la decisión del Juez, oír decir que no se mete con la ciencia mientras suspende la vacunación para menores, puede levantar la presión. Es una confusión que lleva tiempo disolver, y en la sociedad actual no hay esos tiempos, porque siempre hay algo que parece o es necesario, o simplemente estúpido, urgiendo. A la gente le falta información, sutileza y equilibrio para darse cuenta de que la suspensión ocurre, no por la calidad de las vacunas y de sus efectos, sino porque la legalidad y constitucionalidad de todo lo que se ha hecho desde su contratación es insuficiente o desconocida; y, si no se satisface, al poder judicial le cabe actuar, por ejemplo suspendiendo algo provisoriamente. Sería un debate muy multidisciplinario el de explicar cómo, aun esa intervención sobre la forma y no sobre la sustancia, para poder ejercer su poder, deberá ser vinculante, y por tanto, tener efectos en la sustancia del proceso, aunque no se dirija a ello.

¿Defender y dejarle lucro a una multinacional multicriminal?

Pero, además, protagonizar controles de legalidad y constitucionalidad a una multinacional que ha sido multimillonariamente multada por enormes crímenes en áreas muy influyentes en la salud de las poblaciones, sería algo que debería ser digno de elogios y no de críticas, y más por una izquierda que asombrosamente se alinea con esas multinacionales multicriminales y con los gobiernos que les extienden indiscriminadas alfombras rojas. Parece que sensibilizan más los lucros y compromisos con Pfizer que la posible insalubridad de los menores uruguayos. Quién te vio y quién te ve.

Desde hace por lo menos 25 años Pfizer ha sido afectado por condenas judiciales internacionales, en áreas estrictamente vinculadas a las de la salud de las que trata de cerciorarse el juez mediante la garantía del amparo. Uno, fueron multimillonariamente condenados por soborno porque manipularon datos sobre medicamentos de su laboratorio. Dos, otra multimillonaria condena por ocultamiento de datos experimentales sobre otro producto propio. Tres, otra por adulteración de datos de laboratorio. Cuatro, en Nigeria, cuando estaban siendo investigados por el fiscal general, para no pagar cuando fueran condenados como ya lo habían sido antes, optaron por contratar detectives privados para buscar problemas en la vida privada del fiscal y extorsionarlo para obligarlo a abandonar la investigación; de mafia de Hollywood, en los 25 años de El Padrino. Puede ver, lector, la ética profesional de la firma tan inocente sospechada por Recarey, que ni siquiera los desechó; solo pidió garantías para los derechos a la salud de los menores uruguayos en manos de sujetos de esa calaña.

Pero las andanzas de la mafia criminal Pfizer se manifiestan más concretamente durante la etapa de investigación protocolarmente exigible para la autorización de vacunas (bueno, en realidad terapias genéticas rebautizadas de apuro como tales para poder acceder a seguros por eventualidades adversas). Cuando las terapias rebautizadas como vacunas fueron autorizadas a inocularse, de emergencia y sin poder proporcionar ni seguridad ni eficacia probadas, lo que hizo Pfizer fue cancelar todas las investigaciones en proceso, ¿para qué seguirlas, si ya la podían vender las temerarias y lucrativas vacunas? ¿Qué importaba lo que le pasara a la gente, sin investigaciones terminadas, ni mucho menos efectos de largo plazo verificados? Pero no solo pecaron por omisión de tareas protocolarmente exigidas para vacunar; hicieron algo realmente criminal y muy sintomático de su celo sanitario: no solo discontinuaron las investigaciones en curso, sino que cancelaron especialmente la contratación de placebos, sin los cuales no se pueden verificar los efectos de la vacuna; peor aún, le dieron la vacuna a los placebos, cosa de que no hubiera modo de medir y evaluar los efectos de las vacunas por comparación de vacunados con no vacunados. Sume usted todos esos antecedentes, y no dejaría colgado su saco en una percha al alcance de sus funcionarios actuales.

Frente a tales fumadores submarinos, bien hace un juez garantista y defensor de derechos a la salud en exigir ciertos datos para no suspender la vacunación por su peligro aun no descartado. Pero como no consideró a la información requerida como suficiente, y como el secreto seguía manteniéndose, sintomáticamente, el juez decidió la suspensión provisoria hasta que se proporcionaran los datos pedidos sobre eficacia y seguridad. Esas madres cobardes y asustadas que aceptan arriesgar la salud inmediata y futura de sus hijos para calmar su histeria pánica no me merecen respeto, y sí se merecerán los reproches y quejas de sus hijos cuando crezcan y se informen de toda la insalubridad futura que le puede haber sido inoculada con las vacunas, mucho más graves costos que los insignificantes y altamente improbables síntomas que el virus provoca.

Admiro sinceramente cómo el juez Recarey mantuvo su postura garantista; celebro lo bien que entendió los cuellos de botella que hacían sospechosa la vacuna, sobre todo por venir de quien venía. Y por lo bien que escribió, aunque para ciegos y sordos vocacionales, financiados y cooptados, que manipularían todo lo dicho y escrito. Olvidó también que Pfizer es famoso por sus incentivos monetarios, lo que multiplica las sorderas y cegueras vocacionales.

Los promotores de la acción de amparo olvidaron las cosas que fueron escritas ahora en esta columna, protagonizando la historia de una muerte anunciada, melodrama que, para peor, empezaba bien, pero es esperable que termine mal para sus actores, promotores y simpatizantes, lamentablemente. Ahora, todos los disidentes de la ortodoxia covid tienen que volver atrás varias casillas en su lucha por una mejor comprensión pública de la pandemia. Y Recarey bien haría en consultar con Elon Musk por puestos de astronauta, porque la corporación no tolera un instante de flaqueza; pero reitero mi apoyo a todo lo que escribió y dijo, aunque puede ser discutido, pero con respeto y conocimientos para hacerlo. Otra vez deseando equivocarme, me temo que los verbos ‘destituir’, ‘dimitir’, ‘suspender’, ‘sancionar’, ’trasladar’ puedan ser conjugados en breve. Muy injusto, claro, pero es lo que hay, la injusticia predomina en toda la historia humana, hasta hoy. Resultado líquido: Pfizer, rutilante víctima-redentora. Otra vez mejor pensar con más cuidado y más interdisciplinariamente las iniciativas públicas, más aún en hábitats tan adversos, en que vientos en contra pueden aguzarse en tsunamis, y todo lo arrojable puede volver como furioso bumerán que afecte a muchos más que a los promotores de la iniciativa y a los desamparados que lo estarán más que nunca.

Otra es la historia y las perspectivas con la otra acción de amparo casi en simultáneo, para amparar el derecho constitucional a que no se les exijan a los retornantes al país los requisitos sanitarios que ya no se les reclaman más a los residentes, generando así una desigualdad flagrante en la igualdad de tratamiento ante la ley. A esta acción le vemos mucho más futuro de éxito que a la de suspensión de la vacunación de menores; su chance de que el amparo en 1ª instancia sea mantenido en la 2ª instancia de apelación la creo mucho mayor, hasta si alguna demanda de inconstitucionalidad sobre el punto fuera planteado. Le duele menos al voraz, rapaz y agresivo lobby. Pero para esto no da el espacio.