Esta organización, al igual que su hermana gemela, la Federación Rural del Uruguay, nació para privilegiar y amparar los intereses de clase de los empresarios agropecuarios y de los latifundistas que detentan la propiedad de la tierra hace dos siglos.
En ese contexto, apoyó virtualmente todos los golpes de Estado, desde el perpetrado por el colorado Gabriel Terra el 31 de marzo de 1933, que cortó el primer ciclo de las reformas batllistas con el apoyo del coloradismo riverista y el herrerismo liderado por el caudillo blanco Luis Alberto de Herrera, hasta la ruptura institucional registrada el 27 de junio de 1973, encabezada por Juan María Bordaberry, otro terrateniente de extracción ruralista.
Obviamente, la oligarquía, que en nuestro país siempre tuvo su punta de lanza en las patronales rurales, observó, con singular beneplácito, el naufragio de la democracia y la implantación de la dictadura cívico militar, porque era su gran oportunidad de saquear el país sin restricciones, sin el freno del Estado de derecho ni la resistencia de los sindicatos, que fueron declarados ilegales y sus dirigentes perseguidos, encarcelados y torturados.
Según se estima, en ese contexto de autoritarismo liberticida se operó una transferencia de la clase trabajadora al gran capital de aproximadamente 5.000 millones de dólares, que por entonces equivalía al Producto Bruto Interno (PBI) de un año, calculado a valores de 1983.
Naturalmente, esa no fue la única dádiva que recibió la clase dominante del esperpéntico engendro cívico militar. Al respecto, en 1982, cuando se rompió la denominada “tablita” mediante la cual se fijaba en forma administrativa el tipo de cambio, colapsó el sistema financiero y el Estado “invirtió” 588 millones de dólares en la compra de las deudas incobrables o “carteras pesadas” de los bancos. El resultado fue un desastre de proporciones y pérdidas por valor de 2.000 millones de dólares. Esta crisis perforó la economía de la dictadura y, a partir de 1983, aceleró el proceso hacia la reinstitucionalización del país.
Por ende, la clase dominante —más allá de su hipócrita fidelidad a los valores democráticos— siempre estará en deuda con los tiranos, porque, en un contexto de represión y de mordaza, hizo su negocio y ganó mucho dinero. Esa concentración de capital benefició, naturalmente, a las siguientes generaciones de las familias más acaudaladas del Uruguay.
¿Por qué cambiar el discurso si los intereses de clase de los ricos siguen siendo los mismos 155 años después de la fundación de la Asociación Rural del Uruguay, uno de cuyos miembros más destacados fue Domingo Bordaberry, padre del golpista y dictador Juan María Bordaberry y abuelo del hoy senador colorado Pedro Bordaberry?
El presidente de la ARU, Rafael Ferber, al igual que su padre, que también estuvo al frente de la organización, pronunció un discurso de impronta elitista, esa que distingue al patriciado vernáculo. La oratoria de este poderoso productor rural fue una suerte de déjà vu de la que pronunció hace un año. Por supuesto, puso al agro en el centro, pese a que se trata del sector más concentrador de la economía nacional, porque produce riqueza pero no la derrama y ni siquiera genera puestos de trabajo de cantidad y calidad suficientes para mejorar el bienestar de la sociedad uruguaya. En efecto, el sector sólo ocupa al 9 % de los empleados asalariados del país, lo cual es ínfimo, e incluso su participación en el Producto Bruto Interno es de apenas un 7,2 %. Es decir, la manida frase “si le va bien al campo, le va bien al país” es una farsa que repiten sistemáticamente los miembros de la oligarquía agroexportadora, como si fueran papagayos.
Durante su alocución, el empresario reiteró añejos reclamos de los poderosos empresarios, como la implementación de medidas que mejoren la competitividad, la reconversión del Estado y la corrección del retraso cambiario, así como cambios en las normas laborales, lo cual equivale a mayor flexibilización y menos regulaciones. Esta demanda es compatible con la aspiración del poder económico, en el sentido de que la negociación salarial deje de ser tripartita y mute a un formato bipartito, sin participación del Estado.
Por supuesto, se refirió al conflicto que afecta a la terminal Cuenca del Plata del Puerto de Montevideo, y si bien valoró el decreto estatal de servicios mínimos, consideró “inaceptable que el país permanezca rehén de un conflicto entre la empresa concesionaria y el sindicato”, instando al Estado a “ejercer su autoridad”. En pocas palabras, para el presidente de la ARU el Estado está omiso porque —aunque no lo mencionó explícitamente— no ha declarado servicios esenciales. Esta decisión no sería ajustada a derecho, porque, según el decreto original, que data de 1968, y las propias normas de la OIT, está herramienta sólo se justifica si está en riesgo la seguridad pública y la salud. Por ende, el contexto no lo amerita, lo cual parece ser ignorado por el orador.
Con respecto a la competitividad, Ferber criticó que cada punto de déficit fiscal de PBI son 900 millones de dólares y que el déficit consolidado del Estado son 3.800 millones de dólares. Al respecto, reclamó que se ordenen las cuentas públicas, lo cual, en una lectura más fina, equivale a bajar el gasto público y desatender las políticas sociales. Obviamente, manifestó su discrepancia con la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial y hasta se permitió criticar el rol del Instituto Nacional de Colonización, porque beneficia a los productores pobres y no a la casta privilegiada a la cual él pertenece.
El rancio discurso del presidente de la ARU revela que el empresariado agroindustrial sigue aferrado a sus dogmas y a sus intereses de clase y carece de empatía con los problemas de los uruguayos que no pertenecen a su clase social.
