Según explicó, el petitorio será estudiado y evaluado por la Comisión y, eventualmente, podría avanzar posteriormente hacia la Corte Interamericana. “Son temas que no prescriben”, sostuvo Yáñez al referirse a las causas vinculadas con los crímenes de la dictadura y a su permanencia en la agenda pública. También destacó el trabajo de la Fiscalía especializada, aunque señaló que este se desarrolla en un contexto marcado por determinadas condiciones y críticas.
Quince años de una causa judicial
Sena detalló que la denuncia fue iniciada hace aproximadamente 15 años ante la Justicia uruguaya. Durante ese período, las denunciantes fueron citadas a declarar ante los jueces y también debieron prestar testimonio ante abogados de los represores. “Venimos de un periplo de 15 años de trabajar en esta causa en la justicia nuestra”, explicó.
La expresidenta política recordó además que las denunciantes fueron sometidas a pericias psiquiátricas para determinar si sus relatos eran ciertos. Para Sena, uno de los cambios sustanciales se produjo con la creación de la Fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad.
A su entender, la existencia de una Fiscalía que conoce el contexto histórico de la represión y que puede reunir diferentes causas permitió acelerar procesos que durante años habían avanzado lentamente.
Sena recordó incluso que algunas de las mujeres debieron explicar ante jueces que habían ejercido funciones durante la dictadura cuál había sido el contexto represivo del país. “Tenían que explicarles el contexto histórico de lo que había sucedido”, señaló.
Una denuncia que comenzó por la violencia sexual
La causa tuvo además una particularidad, cuando las expresas políticas comenzaron a organizarla, la legislación uruguaya todavía no ofrecía el mismo marco jurídico que existe actualmente para investigar los crímenes cometidos durante la dictadura.
Sena explicó que la denuncia se inició específicamente por violencia sexual y abusos porque, en aquel momento, esa era una de las herramientas jurídicas disponibles para intentar que esos hechos fueran reconocidos como delitos de lesa humanidad. “Era la brecha que teníamos”, afirmó.
Según relató, las mujeres entendían que la violencia sexual había sido utilizada de manera sistemática contra personas detenidas durante la represión y que existían instrumentos internacionales que permitían abordar esos hechos como crímenes de lesa humanidad.
La denuncia comenzó con un grupo de mujeres que aportaron sus testimonios y documentación sobre las prácticas sufridas durante las detenciones. “Todos habíamos sufrido violencia sexual en las distintas formas en que se practicaban en la tortura”, sostuvo Sena. Para las denunciantes, la reiteración de esas prácticas en diferentes centros de detención y momentos históricos permitía sostener que no se trataba de hechos aislados, sino de prácticas sistemáticas.
De Uruguay al ámbito internacional
Sena explicó que el grupo llegó a reunir denuncias contra alrededor de 100 personas señaladas como victimarios, vinculadas a hechos ocurridos en distintos puntos del territorio nacional entre 1968 y 1983.
De las mujeres que originalmente participaron de la denuncia, el grupo se redujo con el paso de los años. Según relató, actualmente son 15 las que continúan sosteniendo esta presentación. La decisión de acudir al sistema interamericano surgió, precisamente, de la evaluación que las denunciantes hicieron sobre el recorrido de la causa en Uruguay. “Decidimos sacarla para fuera, sacar al ámbito internacional en la medida en que las respuestas de nuestro Poder Judicial eran insuficientes a nuestro entender”, explicó Sena.
La presentación ante la Comisión Interamericana abre así una nueva etapa para una causa que lleva 15 años en los tribunales uruguayos y que comenzó a construirse mucho antes, cuando un grupo de mujeres buscaba una vía jurídica para hacer visibles las formas de violencia sexual utilizadas durante la represión. Para las expresas políticas, el paso hacia el ámbito internacional no implica abandonar el camino recorrido dentro de Uruguay, sino incorporar otra instancia de evaluación sobre una denuncia que continúa abierta y que, según plantearon, involucra hechos que consideran parte de un patrón represivo ocurrido durante la dictadura.
