Argentina entre el ajuste y la represión

Javier Milei asumió el pasado 10 de diciembre y anunció que no habría gradualismo sino un shock económico. Lo expresó desde la plaza del Congreso Nacional con la banda presidencial puesta, aduciendo haber recibido una herencia que lo obligaba a tomar medidas drásticas. “No hay alternativa” repitió entonces, retomando a la británica Margaret Thatcher.

Desde entonces, es decir, menos de dos semanas, el Gobierno tomó una serie de decisiones acordes a la voluntad anunciada de ir rápido y a fondo en cada una de las áreas económicas. Milei puso al frente a Luis Caputo, conocido por su paso como ministro de Economía de Mauricio Macri durante el momento de gran toma de deuda con acreedores privados y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La decisión de comenzar desde el primer día se debe al intento de aprovechar lo que se conoce como los cien primeros días de gracia con los que cuenta todo gobierno, días que podrían ser más cortos en vista del impacto que ya comenzó a traer el ajuste en la vida cotidiana de las personas.

Al inicio acelerado del plan económico se sumó el otro elemento preanunciado: una amenaza represiva bajo mando de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich -también exministra de Macri-, y el anuncio o amenaza de quitar las ayudas sociales a quienes protesten.

El paquetazo

Caputo fue el encargado de anunciarle al país la devaluación más grande realizada en las últimas décadas: 118 % para un peso oficial que pasó de 380 pesos a 800 en unas horas.

La decisión no sería tal vez dramática si no existiera el traslado de la decisión monetaria al aumento de los precios. Se sabe: la devaluación acelera la inflación que, en el caso de Argentina, ya estaba en cerca de 150 % interanual. A esto se sumaron los anuncios de liberar los precios de los alimentos que alcanzaron hasta un 120 % por parte de los proveedores en los últimos días.

“Esta góndola está defendiendo tu bolsillo. El abastecimiento está afectado por aumentos desmedidos del proveedor” fue, por ejemplo, el cartel colocado por la transnacional Carrefour el pasado lunes. El anuncio dio cuenta de lo que es una escalada de precios vertiginosa que, según varias consultoras, podría llevar la inflación a un 30 % mensual; es decir, más que duplicando la que dejó el Gobierno saliente.

El shock inicial no fue acompañado de anuncios sobre protecciones o recomposiciones salariales, sino, al contrario, con nuevas alzas previstas para las próximas semanas, con las liberaciones progresivas de precios de combustibles y energías que traerán más aumentos. El ajuste, como denunciaban muchos, no cayó sobre “la casta” o los grandes empresarios beneficiados con la devaluación, sino, como siempre, sobre la mayoría de la sociedad.

Ajuste y represión

El shock económico presentado como sacrificio necesario para poder estar alguna imprecisa vez mejor, comenzó a ser acompañado por un dispositivo de amenaza de represión. En primer lugar, Bullrich anunció un protocolo contra las protestas, en particular los piquetes y cortes de calle, y luego fue la nueva titular del Ministerio de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien amenazó con quitar la ayuda social a quien realice un corte.

“Todos aquellos que hayan promovido, instigado, organizado o participado de los cortes perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano”, anunció quien está frente a la cartera que reúne los antiguos ministerios de Desarrollo Social, Trabajo, Cultura y Educación.

Su anuncio fue acompañado por la instalación de la Línea 134, dispuesta para que beneficiarios de planes sociales hagan denuncias de presuntas extorsiones por parte de dirigentes políticos o sociales, así como por mensajes de texto directamente a los teléfonos o en pantallas en estaciones de trenes con el titular: “El corta no cobra”.

“Se los va a identificar, se le va a sacar fotos, va a haber drones, toda forma de identificación; se les van a pedir documentos y luego se les van a cruzar los datos de las fotografías, de identificación de los drones, de las personas que estén cometiendo el delito (…) cometen delito en el momento en que bajan del cordón y cortan la calle”, agregó luego Bullrich, quien anunció lo que la derecha viene anunciando desde hace años: “Los piquetes en Argentina se terminan”.

Una política exterior amateur

El ajuste con criminalización de la protesta se dio en simultáneo con la nueva política exterior a cargo de Diana Mondino, encargada de llevar adelante la agenda anunciada por Milei de alinearse con Estados Unidos e Israel y “no hacer transacciones con comunistas”, como había anunciado en relación a China y Brasil.

Si bien Milei revió su posición dos días después de asumir y pidió a China que mantenga el SWAP de 6.500 millones de dólares acordado en octubre y destinado a cancelar vencimientos con el FMI, la posición de Beijing fue cerrar el SWAP y llamar al embajador en argentina, Wang Wei, a China. Esta decisión del Gobierno asiático se debería, además, a las afirmaciones de Mondino sobre Taiwán, un tema altamente sensible para China.

Congelada por ahora la relación con Beijing, que menguó las ya menguadas arcas del Banco Central, confirmada la salida de los BRICS como ya lo había anticipado Mondino, el Gobierno argentino anunció también que no nombraría embajadores en Cuba, Venezuela y Nicaragua, y buscaría entrar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La canciller Mondino partió esta semana a Francia para avanzar en este último objetivo.

La política exterior del nuevo Gobierno, que invitó a Jair Bolsonaro a su toma de posesión con la predecible ausencia del presidente Lula da Silva, parece así marcada por una ideologización y amateurismo que ya comenzaron a dar sus primeros traspiés. Como en cada tema de Milei, la distancia entre las posiciones histriónicas de campaña y la realidad al ser gobierno anuncia ser grande y traer más crisis a la ya prolongada crisis argentina, ahora bajo amenazas de represión y criminalización de quien proteste.